Lo que está haciendo Marruecos para delimitar sus espacios marítimos frente a Canarias es lo mismo que está haciendo España con los suyos en todas las zonas de vecindad con otros países. Tiene derecho a ello porque de momento no contraviene la Convención de Derechos del Mar de la ONU, pero, en todo caso, eso no obsta para que ambos países tengan que "dialogar y negociar" a la hora de establecer las fronteras o las medianas marítimas donde hay solapamiento de aguas, entre ellas la de Canarias, que están aún por determinar. No caben en esta materia "ni actos unilaterales, ni políticas de hechos consumados", y no hay por tanto preocupación alguna al respecto por parte del Gobierno español, que será "implacable en la defensa de nuestros intereses, pero impecable en las formas y los procedimientos".
Estos fueron algunos de los mensajes que trasladó ayer la ministra de Asuntos Exteriores y Cooperación, Arancha González Laya, al Congreso en el marco de una interpelación parlamentaria de la diputada de CC, Ana Oramas, sobre la respuesta del Gobierno español a las leyes que Marruecos está tramitando en su Parlamento para delimitar sus espacios marítimos y en las que incorpora aguas que forman parte de la ampliación de la Plataforma Continental del Archipiélago.
Laya reclamó que no se creen "alarmismos" sobre la iniciativa legislativa del país magrebí y recordó que ésta se conoce desde el 2017 aunque no se le habían dado hasta ahora curso parlamentario. La jefa de la diplomacia española aclaró que España tiene la mayor parte de sus propias delimitaciones marítimas con los países vecinos "aún pendientes" y que tampoco ha publicado una ley estableciendo sus zonas económicas exclusivas en todos sus mares, con lo que quería "poner de manifiesto" que "estos procesos son largos" y que suelen entrañar "negociaciones complejas". Según Laya, como Marruecos no ha terminado sus trámites, no es el momento de recurrir a tribunales internacionales.
