Ha habido que esperar hasta mediados de febrero para salir de dudas. La recaudación del impuesto general indirecto canario (IGIC) cayó con fuerza en 2019 -casi 117 millones de euros en relación al ejercicio anterior- y arrastró con ella al conjunto de ingresos fiscales de la Comunidad Autónoma. "Lamentablemente teníamos razón", dijo ayer el presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres, cuyo gobierno apostó desde comienzos de legislatura por recuperar el medio punto en que había sido rebajado el IGIC por el ejecutivo anterior, argumentando que la reducción se traduciría en un desplome de los ingresos.
Finalmente, los datos de la Agencia Tributaria Canaria han certificado el descenso de la recaudación del IVA autonómico, pese a que hasta octubre se mantenía en registros récord. Las cifras de la Hacienda regional fueron presentadas ayer por el consejero del área, Román Rodríguez, en la reunión semanal del Consejo de Gobierno. "Los datos, desgraciadamente, son malos, pero la situación podría haber sido peor si el actual Ejecutivo no hubiera tomado en su momento medidas para equilibrar las cuentas", señaló, en un comunicado, el también vicepresidente del Gobierno en relación a la disminución experimentada por el global de los ingresos fiscales.
Comparaciones
La recaudación al final del ejercicio del conjunto de tributos que gestiona Canarias -sean propios, cedidos o incluidos en el bloque de financiación del Régimen Económico y Fiscal- fue de 2.619,7 millones de euros, un 5% menos que la contabilizada en 2018 -una caída de 151,1 millones en términos absolutos- y un 6% menos que la prevista en los presupuestos elaborados por el Gobierno de Coalición Canaria -un descenso de 177,6 millones de euros-, según la Agencia Tributaria. Dado su enorme peso sobre el total -aporta seis de cada diez euros-, el retroceso del IGIC explica la mayor parte del declive de los ingresos. Los 1.585,5 millones de euros recaudados por el impuesto indirecto suponen un 7% menos de lo recibido en 2018 y un 4% menos -73,9 millones de euros, en cifras absolutas- de lo presupuestado.
"Bajar el IGIC era un error, y ahora ha quedado demostrado. Por eso la decisión de recuperar ese medio punto era absolutamente imprescindible", afirmó Ángel Víctor Torres en unas declaraciones difundidas por Presidencia del Gobierno. Por su parte, el portavoz del Ejecutivo -el consejero de Administraciones Públicas, Julio Pérez- destacó, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que la merma de la recaudación "no es una buena noticia". "No nos alegramos de haber tenido razón", aseguró.
Al margen del IGIC, el comportamiento de las distintas figuras fiscales durante el pasado ejercicio resultó muy desigual, aunque con una tendencia a la baja en los que suponen una mayor cuantía. Así, descendieron los ingresos por el impuesto de sucesiones y donaciones -un 39% respecto a 2018 y un 45% según lo presupuestado-, a pesar, recordó Pérez, de que "se decía que mucha gente estaba haciendo escrituras porque el impuesto iba a subir". Pese a que su importe no es demasiado elevado, llama la atención también el decremento registrado por la recaudación en concepto de sanciones tributarias, que pasó de 4,2 millones a 2,6%, un 37% menos, y representó nada menos que un 59% menos de lo contemplado en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.
El portavoz del Ejecutivo canario advirtió de que el descenso recaudatorio "no necesariamente" tiene que haber repercutido en una disminución de los gastos, puesto que los ingresos provenientes de los impuestos han sido cubiertos a través de "otras fuentes de ingresos", como las procedentes del superávit de las cuentas regionales.
Préstamo al ICO
Para aumentar su disponibilidad de recursos -en este caso para amortizar su deuda-, el Gobierno de Canarias acordó ayer adherirse de nuevo al compartimento de Facilidad Financiera del Fondo de Financiación a Comunidades Autónomas. Canarias pretende obtener un préstamo de 905 millones de euros en condiciones más ventajosas que las que impone el mercado acudiendo al Instituto de Crédito Oficial (ICO). La mayor parte del crédito se destinará a pagar el vencimiento de unos bonos del Tesoro formalizados en 2010 por el Ejecutivo y cuya cuantía asciende a 620 millones de euros. Además, el Gobierno prevé recurrir a los mercados para obtener otros 343 millones de euros.
