Difícil sí, pero no imposible. El vicepresidente y consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos, Román Rodríguez, reconoció ayer la dificultad de que en Madrid se dé vía libre a la flexibilización del gasto. Aun así, Rodríguez insistió en que hay margen de maniobra para buscar mecanismos que permitan a las comunidades cumplidoras que puedan destinar el superávit a financiar los servicios públicos y las infraestructuras. Si no surte efecto la va de diálogo abierta con el Ministerio de Hacienda, Rodríguez señaló que su partido, Nueva Canarias, presentará una iniciativa en las Cortes para que los partidos queden "retratados" en este asunto.
La reciente reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, celebrada tras año y medio de parálisis, centró parte del pleno celebrado ayer en el Parlamento de Canarias. Tanto el presidente, Ángel Víctor Torres, como Rodríguez, destacaron que el Gobierno canario arrancó hace menos de dos semanas a María Jesús Montero (PSOE), ministra de Hacienda, el compromiso de explorar las vías para compensar a las comunidades que no necesitan más déficit. Pese a que no hay condiciones ni calendario definido, Montero se comprometió a constituir un grupo de trabajo para analizar las diferentes posibilidades que permitan despenalizar a las regiones que tienen la senda de estabilidad despejada. Este anuncio resulta insustancial e insuficiente para la oposición, que exige una actuación inmediata para que el dinero inmovilizado se pueda utilizar y se respete el REF y el nuevo Estatuto en los próximos presupuestos.
Román Rodríguez reconoció que existen dificultades para lograr flexibilizar la regla de gasto. "No va a ser fácil", recalcó. Y no lo será, expuso, porque Montero, al igual que su predecesor en el cargo, Cristóbal Montoro, alega que España tiene que presentar ante la UE los números de las cuentas españolas "y que no puede discriminar entre subsectores". Pese a ello, Rodríguez puso en valor que hay espacio para la negociación. Más aún, recalcó, porque la regla de gasto, que a su juicio ya no tiene sentido alguno, está actuando como "una espada de Damocles" para todas las administraciones públicas.
La oposición no aceptó ninguno de los argumentos expuestos por el Gobierno. CC, PP y Ciudadanos ven debilidad donde el Ejecutivo regional ve fortaleza. CC considera un contrasentido que el Ejecutivo vote a favor de los objetivos de déficit del Estado que dan oxígeno a las comunidades incumplidoras y asfixian a las administraciones que sí cumplen, por lo que reclamó al Gobierno que defienda con firmeza los derechos del Archipiélago. PP y Cs también se sumaron a las críticas, pues ven en la comisión de estudio, que Coalición mantiene que no es nueva, un brindis al sol para salir al paso.
Rodríguez apuntó que no dudó en apoyar la nueva senda de estabilidad marcada por el Estado (0,2%)para apoyar a quienes lo necesitan, pero que no por ello dejó de reclamar la flexibilización de la regla de gasto para la regiones cumplidoras como Canarias. "Las reglas fiscales del año deben adaptarse a las nuevas dinámicas", afirmó. Respecto a la aplicación del REF y de los derechos de financiación previstos en el Estatuto de Autonomía en la futura ley de presupuestos, Rodríguez pidió unión y consenso para evitar que se vuelvan a incumplir "flagrantemente".
Por otro lado, la intención del Ejecutivo regional de implantar tributos verdes en el Archipiélago en los sectores más contaminantes -turismo, transporte e industria- se coló en el pleno en forma de pregunta. El PP, en boca de su portavoz, Australia Navarro, indicó que no se protege el medio ambiente "arruinando a la gente" con una "batería" de impuestos que el Gobierno, apuntó, no se atrevió a introducir en los presupuestos. Para Navarro, detrás de la fiscalidad medioambiental se esconde la "voracidad fiscal" de un Gobierno que, a su juicio, "merma" la competitividad de las empresas con este tipo de medidas. El presidente, Ángel Víctor Torres, insistió una vez más en que buscará el consenso con todos los agentes.
