Los turistas asumirán la mayor carga económica de los impuestos verdes que planea establecer el Gobierno canario a lo largo de la actual legislatura para luchar contra el cambio climático. El Ejecutivo aún está definiendo los principios generales de esta fiscalidad ambiental en la Ley de Cambio Climático que está elaborando la Consejería de Transición Ecológica, que dirige José Antonio Valbuena, cuyo borrador espera tener finalizado en primavera. Posteriormente, el área de Hacienda se encargará de concretar estas directrices en impuestos y bonificaciones, en coherencia con las indicaciones marcadas por la Unión Europea y la reforma fiscal que traza el Gobierno de España.
Estos impuestos ambientales afectarán principalmente a actividades relacionadas con el transporte, el turismo y la industria, y su recaudación se destinará para fomentar la movilidad terrestre sostenible -con la implantación de los trenes y vehículos eléctricos-, el tratamiento de residuos, la mejora de la calidad del agua con sistemas de reutilización o depuración, la implantación de las energías renovables y rebajar la huella de carbono en el destino turístico.
Debate inicial
El Gobierno está iniciando el debate sobre cómo será la nueva fiscalidad y qué actividades se gravarán o se bonificarán para impulsar la sostenibilidad y la disminución de la emisión de gases a la atmósfera, pero la medida más clara que está sobre la mesa es la aplicación de una tasa a los turistas por su estancia, con el fin de que costeen la huella de carbono que dejan en las Islas.
La tasa turística es una propuesta que siempre ha defendido Nueva Canarias, y también el PSOE y Podemos - si bien sin definir cómo aplicarla- y que ha encontrado objeciones en la Agrupación Socialista Gomera (ASG), la cuarta pata del pacto de Gobierno regional. La fórmula de NC era nítida: un euro por noche, en una estancia media de siete noches, multiplicado por 15 millones de turistas sumarían 105 millones de euros en un año.
En principio buena parte de esta recaudación iba a revertir en los ayuntamientos para mejorar sus infraestructuras turísticas y el patrimonio cultural, pero con la reforma fiscal verde que esboza el Gobierno, y que está contenida en el pacto de las flores, se utilizaría para sufragar las cuatro acciones principales que quiere acometer el Ejecutivo en materia ambiental: en los residuos, las aguas, en transporte sostenible y en energías renovables, aunque sin olvidar la mejora de las infraestructuras públicas; y ello, al margen de otros tributos o bonificaciones ambientales que se pongan en estos sectores económicos.
El pasado viernes, Román Rodríguez denominó a este proceso como la "revolución verde", y destacó la importancia de que Canarias sea sostenible como un valor fundamental para la atracción del turismo del futuro, que elegirá destino en función de que su huella de carbono sea la menor posible. El propio presidente del Gobierno, Ángel Víctor Torres, ha expresado en distintas ocasiones que el turista ya paga voluntariamente la huella de carbono en hoteles de las Islas, y esta es una opción que puede estudiar el Gobierno para que el visitante sufrague las emisiones que hace en el destino turístico por utilizar, por ejemplo, coches, agua o energía.
Este tipo de aportaciones de los turistas están implantadas en muchos destinos turísticos- Baleares, Barcelona, Londres, Bruselas, Praga o Marruecos-, enumera Rodríguez, y no afecta a la llegada de visitantes.
Tanto el presidente como el vicepresidente han manifestado su voluntad de negociar con todos los sectores económicos, ayuntamientos, cabildos y agentes sociales estos impuestos verdes para intentar consensuarlos al máximo, pero lo que si tienen claro es que la aplicación de una fiscalidad ambiental es imparable, pues resulta de un proceso que se está acometiendo en Europa con el fin de conseguir recursos para las políticas plasmadas en el Pacto Verde Europeo. Se trata de una hoja de ruta con las medidas que la UE quiere ir adoptando de forma progresiva pero contundente, con el objetivo principal de convertirse en el primer continente climáticamente neutro en 2050, es decir, no generar más emisiones de CO2 de las que se puedan absorber.
Para ello, la Comisión Europea busca movilizar 100.000 millones de euros. De hecho, en el nuevo marco financiero comunitario de 2021-2027 que se está negociando en la UE se le va a dar prioridad a las políticas ecológicas. No obstante, el Gobierno no quiere depender solo de los recursos que lleguen de Europa, por lo que se propone tejer esa fiscalidad ambiental propia, en consonancia con la que proyecta el Estado.
