Los tributos verdes no sustituirán a otros, sino que elevarán la presión fiscal de las Islas. Pero es el coste que se debe pagar para luchar contra el cambio climático y lograr la sostenibilidad de Canarias. Así lo afirmó ayer el vicepresidente y consejero de Hacienda, Román Rodríguez, que ya ha empezado a explicar a los sectores económicos la nueva fiscalidad ambiental que planea establecer el Gobierno en esta legislatura para reducir las emisiones de carbono a la atmósfera, siguiendo las directrices marcadas por la Unión Europea y en la línea de la reforma fiscal verde que estudia el Gobierno de España.
Ayer se reunió con la Confederación Canaria de Pequeñas y Medianas Empresas (Cecapyme) para escuchar las demandas de las pymes precisamente en torno a la fiscalidad actual. Reclaman la revisión del Arbitrio Insular de Entrada de Mercancías (AIEM) que, según los importadores y comerciantes, está ahogando a las pequeñas y medianas empresas.
En ese contexto, el vicepresidente aprovechó para informarles sobre la finalidad de la nueva imposición verde que el Gobierno quiere implantar y que va a suponer el "alza" de la presión fiscal, pero la lucha contra el cambio climático es un debate mundial y Canarias no va a estar ausente, sentenció Rodríguez.
De hecho, afirmó que el Gobierno intentará consensuar con los empresarios, ayuntamientos, cabildos y agentes sociales esta fiscalidad ambiental, una medida, recordó, contenida en el pacto de las flores entre el PSOE, Podemos Nueva Canarias y la Agrupación Socialista Gomera (ASG), que sustenta al Ejecutivo canario, y que además anunció el presidente Ángel Víctor Torres en su investidura.
Reticencias
Pese a las reticencias que han mostrado las patronales de turismo, transporte e industria, además de las confederaciones empresariales de ambas provincias a esta nueva fiscalidad ambiental, Román Rodríguez confía en "arrastrar al consenso" en este debate a estos sectores empresariales. A su juicio, muchos ya entienden la importancia para el futuro de que Canarias apueste firmemente por la sostenibilidad y la protección del medio ambiente, y eso solo se puede hacer con recursos.
El presidente de Cecapyme, José Juan Socas, consideró al respecto que le preocupa este impuesto, "porque sería uno más", aunque entiende que puede ser necesario de cara al futuro sostenible de las Islas.
Los tributos verdes no tienen un afán recaudatorio, insistió el consejero de Hacienda, "tienen como objeto crear conciencia y cambiar modos de vida". Para Rodríguez, es "ineludible" introducir una fiscalidad propia que ayude a reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera y que sea coherente con la de España y Europa.
La recaudación que se obtenga de esos impuestos, que afectarán básicamente al turismo, el transporte y la industria, aunque también a cualquier otra actividad contaminante, se destinarán fundamentalmente a mejorar la movilidad terrestre, con el fomento del transporte público sostenible -como la implantación de los trenes y la potenciación de vehículos eléctricos-, además del tratamiento de los residuos, la mejora de la gestión del agua, y de un turismo defensor del medio ambiente.
Rodríguez visualizó un futuro no muy lejano y se mostró convencido de que los turistas jóvenes viajarán a lugares donde se mitigue su huella de carbono.
El presidente Ángel Víctor Torres señaló recientemente que ya muchos visitantes abonan voluntariamente dinero en los hoteles para paliar las gases de efecto invernadero (GEI) que puedan haber emitido durante su estancia por efecto directo o indirecto. Esta nueva fiscalidad, aún por definir, no solo penalizará a las actividades contaminantes sino que bonificará las buenas prácticas empresariales.
