El Ejecutivo regional dio ayer el impulso definitivo a la ley escoba que modificará una quincena de normas y posibilitará la libre designación de altos cargos en las corporaciones insulares por parte de sus presidentes sin necesidad de concurrencia pública_a través de un cambio en la Ley de Cabildos. El Consejo de Gobierno dio ayer luz verde al contenido que incluirá la futura ley ómnibus, como también se suele denominar a la ley de medidas administrativas, económicas y sociales que aún está en fase preparatoria, para que en las próximas semanas se añadan las justificaciones legislativas pertinentes a las modificaciones pretendidas. El portavoz del Ejecutivo regional y a su vez consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, explicó que "habrá que esperar" a este trámite para que la iniciativa regrese al Gobierno, pase por el Consejo Consultivo y entre en el Parlamento para su aprobación definitiva.

El aliento a esta norma llega dos meses después de que el propio Pérez anunciara la intención del Gobierno de articular una ley con la que cambiar otras, como la Ley de Cabildos o de Renovación y Modernización Turística de Canarias. Cómo y en qué sentido se efectúen los cambios en estos casos ha generado debate entre los distintos partidos que forman el denominado pacto de las flores y sustentan el Gobierno, puesto que PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y la Agrupación Socialista Gomera (ASG) han mantenido diferentes puntos de vista al respecto._Pese a ello, Pérez negó que se hayan producido fricciones al tiempo que señaló que solo se han producido "observaciones" entre las diferentes consejerías a la hora de abordar algunos de los aspectos que recogerá la futura ley escoba.

El portavoz del Ejecutivo, que reconoció que existen algunos "temas que son más complejos", recalcó que no hay "ningún reproche de partida" a los contenidos finalmente incluidos en la tramitación del anteproyecto de ley. Eso sí, advirtió que durante el "itinerario" de la tramitación pueden producirse cambios con respecto al punto de partida.

La modificación de la Ley de Cabildos ha sido uno de los puntos que más controversia ha suscitado en el seno del cuatripartito. El intento fallido de cambiar dicha normativa a través de la ley de presupuestos para que los presidentes de los cabildos nombren a dedo a sus directores generales hizo que el PSOE, el principal defensor de esta medida en el pacto de Gobierno, introdujera el cambio en el anteproyecto de ley de medidas administrativas, económicas y sociales. Junto con ella, también se trasladará la sentencia del Tribunal Constitucional sobre el transfuguismo o se modificará la ley de Renovación y Modernización Turística, pero también las de Función Pública, Vivienda, Servicios Sociales, Carreteras,

Fomento de la Participación Ciudadana, Pesca, Hacienda Pública, Patrimonio Cultural o Estadística. Ante el elevado número de propuestas que surgían de cada Consejería, Pérez indicó que el propio Gobierno "se plantó ante sí mismo" para dar trámite cuanto antes a esta norma. "Son contenidos bastantes diversos que han ido añadiendo las consejerías, pero ya no podemos o no queremos esperar más porque algunas de estas cosas son urgentes", subrayó.