Las deficiencias del CIE de Barranco Seco, en Las Palmas de Gran Canaria, y la falta de asistencia jurídica a los migrantes detectadas por el juez que supervisa el centro son ratificadas por la Fiscalía de Extranjería de la provincia de Las Palmas y también son objeto de investigación por parte del Diputado del Común, que ha trasladado su preocupación al Defensor del Pueblo por la vulneración de los derechos de los migrantes en los centros de retención de las Islas.

La fiscal de Extranjería, Teseida García, ha visitado en varias ocasiones el CIE de Barranco Seco por su responsabilidad, la última de ellas en diciembre, y también ha puesto de manifiesto en las actas la falta de determinadas condiciones dentro del centro. "No es nueva la falta de asistencia jurídica de los extranjeros y otras deficiencias", añade García.

"Cada vez iba a peor"

Para la fiscal la remodelación realizada en el centro ha mejorado algo la estructura interna del inmueble porque antes "cada vez iba a peor". No obstante, en su opinión han existido errores en la reforma difíciles de entender, tal y como también ha recogido en su auto el magistrado Arcadio Díaz Tejera. En relación con los derechos de los internos se han hecho avances "pero el problema está en la asistencia jurídica porque creo que estas personas están abandonadas jurídicamente, no saben nada de sus letrados ni lo que pueden hacer y la policía no está para asesorarles".

Esta situación provoca que los naturales de Mali también estén directamente afectados por esta inasistencia jurídica a la hora de solicitar asilo por la situación de guerra que vive el país. No obstante, Teseida García recuerda que la policía está obligada a ofrecer a los internos cuando entran la información sobre la opción de pedir asilo en sus respectivos idiomas. "De todas formas si estuvieran asistidos por sus letrados a lo mejor estarían mejor informados para afrontar su futuro inmediato porque la función de la policía y del juez no es la de asesorar, insisto en que esta situación no es nueva y en todas las actas y memorias de la Fiscalía viene reflejada".

Por su parte, el Diputado del Común, Rafael Yanes, reconoce que desde el pasado lunes la institución está investigando esta situación. El responsable del organismo en las Islas asegura que aunque se trata de cuestiones de competencia nacional, que deben ser investigadas por el Defensor del Pueblo, desde la sede en el Archipiélago se ha trasladado al titular de la institución, Francisco Fernández Marugán, la dos cuestiones que más preocupan. Por un lado la necesidad de una investigación sobre las supuestas devoluciones de migrantes a Mali desde Mauritania y, por otro, el estado en el que se encuentra el CIE de Barranco Seco.

Será el Defensor del Pueblo quien durante estos días emita un informe completo de la situación y finalmente se lo traslade al Ministerio del Interior. Yanes afirma que continúa a la espera de recibir el documento y confía en que su homólogo a nivel estatal "está trabajando intensamente en la investigación". Esta no es la primera vez que el Diputado del Común traslada al Defensor del Pueblo su preocupación por una cuestión vinculada a la migración, ya lo hizo cuando surgieron dudas sobre la edad de un grupo de migrantes llegados a las Islas a los que no se les realizó las pruebas óseas y también cuando se detectaron deficiencias en el CIE de Hoya Fría, en Santa Cruz deTenerife. "Si los asuntos dependen del Estado nosotros solo informamos, respetamos las competencias de cada institución", apunta Yanes.

Colapso en menores

La situación de los menores migrantes no acompañados es también cada vez más preocupante. La fiscal de Extranjería denuncia que la falta de medios materiales y, sobre todo, humanos está provocando un retraso de entre mes y medio y dos meses para certificar la minoría de edad de los jóvenes migrantes que están llegando a las Islas en pateras.

Teseida García advierte que no hay policías nacionales o locales ni médicos forenses ni personal en los centros suficientes para trasladar y hacer las pruebas óseas a los migrantes en un tiempo razonable. "Desde el año 2012 hay un procedimiento protocolizado y hasta ahora no se habían producido problemas, pero con este repunte la falta de medios se agudiza y ahora estoy con expedientes de finales de noviembre", subrayó Teseida García.

La fiscal reclama más medios porque los migrantes están en centros hasta dos meses sin saberse si son menores o no y tampoco podrían ser derivados a la Península hasta que no se certifique su edad. De todas formas, la fiscal de Extranjería de Las Palmas considera que el Ministerio Fiscal no debería ser el competente en este procedimiento, sino un órgano administrativo formado por técnicos y profesionales en la materia.

Cumbre hoy con el ministro

Esta problemática estará hoy sobre la mesa de la reunión política y policial al más alto nivel que contará con la presencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que se verá con el Gobierno regional, cabildos, ayuntamientos y organizaciones humanitarias para buscar soluciones a los problemas que está generando en las Islas el repunte de la inmigración irregular.

Al respecto, el diputado de NC por Las Palmas, Pedro Quevedo, presentó ayer una serie de preguntas en las que demanda explicaciones sobre las deportaciones de malienses a Mauritania, la situación de los centros de internamiento para extranjeros de las Islas y la estrategia que sigue el Gobierno central con otras comunidades y con la Unión Europea.