La Unión Progresista de Fiscales (UPF) mostró ayer su "indignación y preocupación" ante la posibilidad de que el Gobierno de España esté deportando nacionales malienses a su país de origen "a través de la utilización de vías indirectas". A través de un comunicado, la asociación explicó que el Defensor del Pueblo ha documentado en lo que va de año al menos tres vuelos de repatriación a Mauritania desde los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE) de Canarias, con migrantes de terceros países subsaharianos, entre los que se incluyen nacionales de Mali. "Ya en julio de 2019 Acnur informó que la prohibición del retorno forzoso a Mali debe mantenerse hasta que la seguridad, el estado de derecho y la situación de los derechos humanos en Malí hayan mejorado significativamente".