Unos llegan por mar desde África. Y otros lo hacen en aviones y proceden del otro lado del Atlántico. Todos tienen en común que son inmigrantes en situación irregular que buscan, de forma desesperada, salir adelante y tener un bienestar que en sus países resulta, según ellos, imposible. En algunos casos, solicitan asilo en nuestro país. Estas solicitudes de protección internacional se han incrementado de forma exponencial en los últimos años, sobre todo por los ciudadanos venezolanos, que denuncian que la vida en su país se ha vuelto muy complicada. A partir del 2015, las redes sociales expandieron la idea de la "facilidad" con la que se podía obtener el asilo en España y, a partir de ahí, los servicios para tramitar los papeles se han saturado en muchos lugares, como Santa Cruz de Tenerife. Y, mientras llega esa documentación con la que poder residir y trabajar en condiciones dignas en el país, también se sobrecargan los servicios que prestan algunas ONG de ayuda humanitaria a personas originarias de la República Bolivariana que viven en la Isla con escasos o nulos ingresos.
Hace pocos días, María salía de las oficinas policiales en las que tramita el asilo con una alegría contenida. Llevaba a una hija de corta edad y a un bebé en un carrito. Lo primero que hizo fue llamar a su marido. Ya tiene la resolución en la que le permiten residir en España durante un año por razones humanitarias. Una batalla más que ha ganado.
Era enfermera en Venezuela y trabajaba para el Gobierno en un centro sanitario. Pero las condiciones laborales, la carencia de medios y, sobre todo, la escasez de alimentos la llevaron a replantearse su vida y a buscar nuevos horizontes. Emigró a Perú y allí estuvo cinco meses. Aclara que las personas no eran xenófobas, pero no era la calidad de vida que deseaba para su entonces única niña. Y, además, "hay muchos feminicidios", aclara. Emprendió la aventura ella sola. Desde el país andino viajó hasta Tenerife, donde pasó tres meses como una turista. En la Isla la recibió un cuñado e inició los trámites para obtener el asilo. Siete meses después de la primera solicitud de cita, ya tenía la tarjeta roja. Con ese documento no se obtiene de forma inmediata el permiso de trabajo, pero, medio año después de obtenerlo, sí autorización para acceder al mundo laboral en el país.
Desde que llegó a Tenerife, a María no le ha faltado trabajo "cuidando viejitos". "No puedo decir que me haya ido mal, ni que he pasado hambre o penurias en esta Isla", matiza con una sonrisa. A los cinco meses de estar en España, llegaron su marido y su primera hija. Destaca que no le ha faltado asistencia médica pública.
Fuentes de la Policía Nacional indican que algunos solicitantes de asilo reconocen en la entrevista, de forma sincera, que no tienen "nada que contar" sobre persecuciones o amenazas en su país de origen. Simplemente, preguntan a los agentes que los atienden "qué puede hacer España por ellos".
Cada día, en las dependencias de Extranjería de la Comisaría de Distrito Norte de Santa Cruz de Tenerife se atienden unas diez entrevistas por solicitud de asilo. Buena parte de ellas las piden ciudadanos venezolanos. En otros casos, son africanos que están en el Centro de Internamiento de Extranjeros de Hoya Fría. A todos, a quienes tienen argumentos y a quienes no, se les tramita su reclamación y es el Gobierno del Estado quien resuelve en Madrid.
José Antonio Carrero y Raquel Pestana son venezolanos y tienen un despacho de abogados al que acuden inmigrantes que solicitan asilo en este país. Ocho de cada diez llamadas que reciben en su despacho son para que gestionen dicha figura de protección internacional. Según Carrero, Venezuela pasa por "una crisis humanitaria de proporciones inimaginables; es dantesco". Por una parte exponen las difíciles condiciones de vida, con unas pensiones para los jubilados que equivalen a tres euros al mes o la necesidad de comprar medicinas en dólares. Resaltan que "hay una persecución a todo lo que huela a oposición".
Carrero y Pestana coinciden en que, de forma paralela, se da una falta de libertades individuales y derechos fundamentales. Y aseguran que hay civiles que son juzgados por tribunales militares. En opinión de Pestana, "el venezolano viene con un miedo antropológico; son 22 años de callar, de miedo y de violentar tus derechos".
Reconocen que el 90% de los solicitantes de asilo son venezolanos. Esta letrada apunta que "escogemos España, y sobre todo Canarias, por lazos históricos, por el idioma y porque hay un Estado de Derecho; la gente quiere libertad".
De los 70.000 venezolanos que se estima que residen en Tenerife, muchos de ellos ni siquiera están empadronados en los municipios donde viven.
Una de esas personas que figura en un "limbo jurídico" es la jueza que en la República Bolivariana condenó a Richard Peñalver, conocido como "el pistolero de Puente Llaguno", por disparar contra manifestantes contra el gobierno chavista. Esta mujer "pidió asilo y se lo denegaron, a pesar de que tenía razones más que suficientes", según Carrero y Pestana.
Confirman que, gracias a las redes sociales, "hubo un efecto llamada". Todos los domingos hay un vuelo directo entre Canarias y Tenerife. Para ambos abogados, "esas son las pateras del aire, pero somos invisibles porque llegamos por avión".
Carrero advierte de que la Policía Nacional está tan "congestionada que las citas para las entrevistas las está dando para julio del 2021". Ante esa realidad, esos solicitantes de asilo "tienen que buscarse la vida" mientras esperan a que se resuelva el trámite. Y, en palabras del propio abogado venezolano, "colapsan los servicios sociales de los ayuntamientos, Cáritas o Cruz Roja". Pestana trabajaba en un proyecto de esta última ONG para dar información y asesoramiento a migrantes en la calle Doctor Jiménez Díaz, en Santa Cruz de Tenerife. Pero dicho recurso cerró sus puertas en mayo del año pasado. Y ahora la prestación solo se da en el Sur de la Isla.
La letrada señala que muchos compatriotas "se vienen pensando que van a lograr algo y se encuentran con una realidad muy cruda". Carrero y Pestana indican que en los últimos tiempos han presentado unas 40 solicitudes de asilo y tan solo dos fueron resueltas de forma favorable. Indican que "el 99,9% son rechazadas". Estos profesionales afirman que "también apostamos por una inmigración controlada; queremos ser solución, no problema". Destacan que la actual situación se podría solucionar para sus compatriotas si el Gobierno del Estado aprobara una declaración en la que se considere a los venezolanos como personas desplazadas, a las que se les otorgaría de forma inmediata los permisos de residencia y trabajo.
