Carreteras, infraestructuras de energías renovables, depuradoras, desaladoras, puertos, transportes, hoteles... Cientos de proyectos públicos y privados siguen enredados en el laberinto de la evaluación ambiental con miles de millones pendientes -pueden ser más de 3.000- sin que se vislumbre una solución a corto y medio plazo, a tenor de lo se ha desvelado en los últimos días. La espita saltó tras lo manifestado por el consejero de Transición Ecológica y Lucha contra el Cambio Climático, José Antonio Valbuena, en una visita oficial al Cabildo grancanario, lo que provocó que los representantes de la plantilla de la Consejería volvieran a criticar la falta de personal, un problema crónico que se arrastra desde hace años.

Hay proyectos de enjundia ralentizados, entre otros motivos porque no tienen aún la declaración de impacto medioambiental, una condición indispensable en la legislación canaria, nacional y europea. El parque Siam Park son ejemplos elocuentes de proyectos que transitan en la Administración desde hace varios años, hasta más de un lustro, debido a la complejidad de sus evaluaciones ambientales y a la escasez de técnicos y funcionarios para tramitarlos.

Pero hay otros muchos proyectos que también se encuentran atascados y que afectan a sectores como el de las energías renovables, el turismo o las infraestructuras viarias. El departamento que dirige Valbuena tiene pendiente de resolver varias inversiones relativas a energías limpias como parque eólicos o fotovoltaicos. Es el caso del parque fotovoltaico Quebrada del Mojeque, en Fuerteventura, una instalación con más de 26.000 unidades de módulos fotovoltaicos, promovida por una empresa privada y con una inversión prevista de 10 millones de euros. Hay varios parques eólicos en Gran Canaria, La Palma o Lanzarote que se encuentran pendientes también de la evaluación después del acelerón que se produjo en la legislatura pasada en relación con la instalación de energías renovables.

En infraestructuras portuarias hay ampliaciones como la del puerto de Corralejo pendientes de la declaración de impacto ambiental. El primer proyecto del mismo caducó y ahora se está realizando una ampliación menor, con lo que se tendrá que reiniciar la tramitación de la declaración. Otro ejemplo de este enredo administrativo es el puerto deportivo de Meloneras, en el sur de Gran Canaria, que también duerme el sueño de los justos a la espera de que culmine la declaración ambiental.

En carreteras también hay varias vías pendientes de la declaración de impacto, una de ellas es el enlace Puerto del Rosario-Pozo Negro, en Fuerteventura, con problemas vinculados al seguimiento que requieren los lugares donde se avistan hubaras, tanto en otoño como en primavera, como datos previos para el mismo.

Acumulación

El consejero Valbuena elevó la cifra de proyectos pendientes de declaración ambiental a 200, pero la plantilla del departamento asegura que en los últimos cinco años se han acumulado en el servicio de impacto ambiental hasta 357 expedientes que o se han tramitado o aún se tramitan.

La situación se complica en la Consejería por la asunción de nuevas competencias tras el cambio de Gobierno en la Comunidad Autónoma, entre ellas la del cambio climático, con todo lo que eso conlleva ya que el Ejecutivo se ha comprometido a sacar una ley específica tras aprobar la declaración de emergencia climática para las Islas. Como respuesta, una asamblea de trabajadores de la Consejería celebrada el viernes aprobó declarar la "emergencia laboral" ante la crítica situación de falta de personal y de medios que atraviesa el departamento desde hace años y que ha empeorado, de tal forma que en algunos servicios hasta el 50 y el 60% de las plazas están vacantes.

El comité de empresa denuncia el desmantelamiento de la Consejería por la elevada tasa de vacantes y la falta de personal técnico y administrativo para sacar adelante los expedientes. También se denuncia la estructura obsoleta, la falta de medios informáticos modernos y el parque móvil contaminante del que dispone la Consejería. Por ello los representantes de los trabajadores demandan reactivar la mesa de negociación entre comité y Consejería, nombrar las plazas vacantes, aunque sea con personal interino, o generar un plan de choque para limpieza de archivos, documentos y chatarra tecnológica.

La intención mostrada por el actual equipo del departamento de externalizar la evaluación ambiental para agilizarla ha provocado indignación entre los miembros de la plantilla, ya que puede suponer que no se solucionen los problemas de personal y que, incluso, se puedan agravar porque suponen un sobrecoste para las arcas públicas y después no se cubren las vacantes pendientes pese a las ofertas de empleo público.