La Comisión Europea (CE) puso en marcha ayer una revisión de las normas comunitarias de disciplina fiscal con la que aspira a favorecer el repunte de la inversión pública, incitar a los países a crear colchones en épocas de bonanza y simplificar unas reglas cada vez más difíciles de aplicar. El primer paso será la apertura de un proceso de consultas con Estados, parlamentos nacionales, Eurocámara, agentes sociales y expertos durante el primer semestre de 2020 y, sobre la base de esos resultados, la Comisión hará a final de año una propuesta definitiva para modificarlas. El debate se augura difícil por las divisiones entre los países del sur, que querrían ver más flexibilidad para ejecutar gasto, y los del norte, que se quejan de que nunca se ha sancionado a Estados que han incumplido y piden seguir centrándose en evitar los desfases presupuestarios. La piedra angular es el Pacto de Estabilidad y Crecimiento, cuya principal exigencia es que los países tengan un déficit inferior al 3 % de su PIB y una deuda por debajo del 60 %.