Televisión Canaria suma un nuevo caso a su ya enrevesada situación judicial. A l recurso en los tribunales de la anulación del concurso para los servicios informativos y la espera para resolución del caso Gloria que investiga presuntas irregularidades en la contratación de productoras audiovisuales e implica de lleno a quien dirigió el ente público entre 2007 y marzo de 2015, Guillermo García, hay que añadir ahora su imputación en el fraude a la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) junto a otras 13 cadenas a través de la denominada La Rueda. Todas ellas habrían participado en la obtención de ingresos millonarios por derechos de autor de contenidos musicales emitidos en programas nocturnos.

En un auto firmado el lunes, el juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno atribuye a las 14 cadenas -además de las autonómicas Canal Sur, Televisión de Extremadura, Radiotelevisión del Principado de Asturias, Televisión de Galicia, Radiotelevisión de Aragón, Televisión de las Illes Balears, EITB, Telemadrid, Televisión Canarias, Radiotelevisión de Castilla y León y Televisión de Castilla La Mancha, también Atresmedia, Mediaset y Radio Televisión Española- un delito de corrupción en los negocios cometidos por medio de organización o grupo criminal y les da un plazo de cinco días para personarse en la causa.

La investigación surge tras la causa presentada por la Fiscalía de la Audiencia Nacional en 2016 tras varias denuncias formuladas por distintas asociaciones y socios de la SGAE contra otro grupo de socios que desde diez años atrás se venía lucrado con el registro fraudulento de obras musicales que hacían pasar por nuevas cuando o bien solo habían sido ligeramente modificadas o directamente no había variación respeto al original.

Esos registros, explica Moreno en el auto dado a conocer ayer, se realizaban bien a nombre de los denunciados o personas de su entorno o a nombre de sociedades creadas a tal fin como cesionarias de los derechos de autor. Esa operativa, añade el juez, la iniciaban los investigados mediante el "contacto con jóvenes estudiantes de obras clásicas en conservatorios a quienes se les ofrecía aparecer en televisión interpretando alguna de esas obras".

Con posterioridad los denunciados registraban la obra emitida en televisión como arreglo suyo "ya sea cambiando el título, ya sea realizando ligeros arreglos y cobran los derechos de autor devengados cuando en realidad la obra es la clásica original sin ningún tipo de variación". Moreno cifra en su auto el fraude total en 100 millones de euros, teniendo en cuenta que el periodo investigado se refiere a los años 2006 y 2011. En el caso de RTVC, los que estuvieron bajo la dirección de Guillermo García.

El instructor apunta también que los investigados podrían estar actuando en "connivencia" con trabajadores de productoras de televisión, de tal manera que "abonarían estas comisiones para que su repertorio se difundiera en horas nocturnas, con preferencia a otras obras".

El juez, basándose en el informe del fiscal, entiende que la actividad delictiva no se podía desarrollar "sin la actuación concertada con las diferentes cadenas televisivas en las que se emiten los repertorios musicales, que estarían así actuando en connivencia con los hasta ahora investigados, por cuanto su intervención estaría dirigida a recuperar parte del dinero que abonan anualmente a la SGAE por el uso del repertorio de los investigados".

El origen de la actuación denominada "retorno", continúa el magistrado en el auto, se encuentra en la creación por parte de las televisiones de editoriales musicales con las que pretendían rebajar el dinero que pagan anualmente a la SGAE. "A final de año", explica, "si las cadenas registran canciones que ellos mismos emiten, deben cobrar una serie de derechos de autor que rebajan sustancialmente la cifra total que abonan a la sociedad de autores. Ellos suelen quedarse con el 50% de esos derechos. El otro 50% es el que da entrada a compositores, intérpretes, productores y empresas cesionarias que se reparten porcentajes de esa parte restante".

El juez considera que la responsabilidad penal que pueda imputarse a las personas encargadas de las áreas de las televisiones que realizaron las negociaciones y a los investigados hasta el momento también debe trascender "a los entes televisivos implicados en los que eran reproducidos los repertorios musicales en cuestión". Esto se debe a que "no activaron ni aplicaron protocolo alguno dirigido a evitar la comisión de hechos delictivos", por lo que se "permitieron" las emisiones de repertorios musicales "no con criterios de calidad, obtención de audiencias u otros fines lícitos para tales entes televisivos, sino con un objetivo de carácter defraudador".