Más de una veintena de medidas para frenar, de un lado, la escalada de precios en los billetes aéreos a raíz de la aplicación de la bonificación del 75% a residentes en Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla y mejorar, de otro, la movilidad en los territorios extrapeninsulares. La Cumbre sobre el Transporte y la Movilidad concluyó ayer en Gran Canaria con una declaración institucional. En ella los archipiélagos y ciudades autónomas reclaman el establecimiento de Obligaciones de Servicio Público (OSP) para determinadas rutas con la Península sobre la base de tarifas máximas o de referencia, frecuencias mínimas o refuerzos estacionales; el análisis de la aplicación de las subvenciones a residentes en el transporte intermodal hasta el fin del trayecto o la fiscalización del sistema de establecimiento de precios de las compañías para evitar que se produzcan "incrementos no justificados de los mismos".

Los gobiernos de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla hacen hincapié en que la "lejanía y discontinuidad geográfica" de sus territorios, y, por ende, su doble insularidad, marcan las singularidades de su sistema de transporte y desarrollo socioeconómico. El presidente canario, Ángel Víctor Torres, indicó que las medidas planteadas en la Cumbre se elevarán próximamente al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana dirigido por José Luis Ábalos con el objetivo de conseguir equiparar la movilidad de Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla a la del resto del país.

La tarea que queda por delante es ardua y las comunidades y ciudades autónomas son conscientes de ello. El reglamento 1008/2008 de la Comisión Europea establece la liberalización del sector aéreo, por lo que las aerolíneas dentro de la UE pueden elegir rutas y fijar precios con absoluta libertad. El Ministerio de Ábalos ya ha advertido que su posibilidad de intervenir en este escenario es limitado, pero los gobiernos reunidos durante los dos últimos días creen que esta opción es posible. La presidenta de Baleares, Francina Armengol, esgrimió que este modelo "ha funcionado muy bien" en el mercado interislas, pues los precios solo han aumentado un 1% en el caso de su comunidad y un 0,8% en Canarias. "Tenemos que fijarnos en lo que funciona y en dónde el Estado ha podido intervenir diciendo que hay un tope máximo", expuso. Este aspecto, señaló, se puede estudiar en la mesa conjunta que los territorios extrapeninsulares han solicitado al Ministerio para luego llevar la negociación a la UE. "Sabemos que es un trabajo arduo, pero que se tiene que enfocar bien porque lo que ya ha funcionado, funciona, y necesitamos bajar esos precios con la Península", recalcó.

Las compañías aéreas no han tardado en mostrar su oposición. La Asociación de Líneas Aéreas (ALA), que aglutina a cerca de 80 empresas que vuelan en España y defiende la transparencia del sistema de comercialización de los billetes aéreos, ha advertido del "riesgo" que pueden correr Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla en su conectividad si se establecen límites a sus operaciones, como fijar precios máximos.

El freno al encarecimiento de los billetes aéreos ha sido la principal preocupación de esta Cumbre, que arrancó ayer con la reunión de los cuatro gobiernos implicados con otras administraciones canarias y agentes económicos de las Islas. Ya un día antes, el consejero canario de Obras Públicas y Transportes, Sebastián Franquis, se había reunido con ocho expertos de las dos universidades canarias, representantes de las dos plataformas de canarios que viven en la Península y personal de las consejerías canarias de Economía y Turismo. Además de la declaración de más OSP, los territorios extrapeninsulares han solicitado que se den a conocer los estudios relativos al alza de precios y la vigilancia "estricta" del mercado para evitar incrementos "no justificados", pero también para que la concentración empresarial resultante de la compra de Air Europa por parte del Grupo IAG -al que pertenece Iberia- no desemboque en una reducción de frecuencias o rutas.

Pero las demandas van más allá. Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla demandan al Gobierno central que la aplicación de la subvención del 75% abarque el transporte intermodal hasta el fin del trayecto en Península y que los presupuestos generales del Estado incluyan la exigencia de que la condición de residente se acredite al final de la compra de los pasajes y no al principio.

Torres, que dio a conocer los acuerdos alcanzados en nombre de los cuatro territorios, hizo hincapié también en la necesidad de lograr que el brexit no implique que los vuelos con Reino Unido tengan que hacer frente a una subida de tasas, principalmente por la importancia que tiene este país como mercado emisor de turistas para los dos archipiélagos. Solicitar la participación en los órganos de decisión de AENA así como requerir a Bruselas que las ayudas al transporte no queden sujetas al régimen de mínimis, tanto si se tiene como si no la consideración de región ultraperiférica, son otras de las demandas.

Otro de los puntos donde también hubo acuerdo fue en la ampliación de la bonificación al vehículo en el transporte marítimo en los trayectos con Península, pero no entre islas -como ha reclamado en varias ocasiones el presidente de la Federación Canaria de Islas (Fecai) y del Cabildo de La Gomera, Casimiro Curbelo-, para evitar que se subvencione de forma indirecta el transporte privado y potenciar, así, el público.

El establecimiento de ayudas estatales y europeas al sector marítimo que favorezcan la reducción de emisiones contaminantes o la compensación de los costes del transporte de mercancías para el abastecimiento de Melilla y Ceuta -representados en la Cumbre por su presidente, Eduardo de Castro, y el director general de Fomento, Bharat Bhagwandas, respectivamente- fueron otras de las medidas que se pusieron sobre la mesa.