La polémica del alza de precios a raíz de la aplicación de la bonificación del 75% llega a una cumbre interautonómica. ¿Ha sido contraproducente el descuento?
Creo que todos estamos de acuerdo en que para los residentes en las islas ha supuesto una reducción del precio final. Hemos ganado.
¿Pero se ha ganado todo lo que se debería?
Tenemos que buscar la máxima eficiencia de los recursos públicos. Hay que reconocer el esfuerzo que está haciendo el Gobierno de España, pero hay que trabajar también desde los gobiernos autonómicos para que esos recursos se dirijan directa y exclusivamente a los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares y no que un porcentaje acabe en la cuenta de resultados de las empresas.
¿Es lo que está pasando?
Efectivamente, es lo que está ocurriendo ahora. Creo que hay elementos que tienen que ayudar a perfeccionar el sistema.
¿Cuáles?
Tendremos la oportunidad de poderlo tratar la próxima semana de manera conjunta. ¿Podríamos plantear algún servicio público abierto pero con un precio máximo de referencia? Creo que es una opción que hay que estudiar. Pero hay que ser conscientes también de los efectos colaterales que puede tener sobre el libremercado en un momento determinado. Dimos un paso importante con el 75%, pero ese paso tiene que ir acompañado de un esfuerzo por garantizar que todos los recursos públicos del Gobierno de España lleguen a los ciudadanos de los territorios extrapeninsulares. Como sabemos que esto no ocurre, este sistema es perfeccionable.
¿No han funcionado las medidas de control o no existen?
Estamos en un libremercado y las reglas del mismo también hay que tenerlas presentes. Hay aportaciones públicas para la adquisición de esos billetes, pero el Estado no fija el precio a la que la empresa tiene que vender. La UE tiene una serie de elementos a los que hay atenerse y uno de ellos es el libremercado. Dentro de esta complejidad, sí que hay propuestas de mejora y en esas tenemos que profundizar. No estamos ante un blanco o negro. El paso hacia adelante que dimos con el 75% tenemos que consolidarlo con medidas que garanticen la máxima eficiencia de esos recursos públicos.
¿En cuánto tienen cifrado el alza de precios en Baleares?
Por la información que tenemos, en las rutas interislas no ha habido un incremento de precios. El aumento se ha producido en las conexiones con la Península y podríamos estar hablando de una cifra que roza el 20%.
¿Es un incremento que se ciñe al transporte aéreo?
Se percibe mucho más en el transporte aéreo.
¿Cómo ha afectado al mercado peninsular?
El turismo nacional ha aumento en los dos últimos años. El hecho de que haya un aumento de la demanda residente, también tienen efectos colaterales positivos. Al haber un incremento de la demanda, se incrementan las frecuencias, las ocupaciones son más altas y las compañías también pueden jugar con más márgenes. Por tanto, incrementar la demanda local también tiene efectos positivos sobre la demanda peninsular que quiere venir a las Islas.
¿La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) debe ser más beligerante con este asunto?
Nos consta que analiza esta cuestión. Por la información que tenemos, esperamos que en poco tiempo puedan hacer públicas las conclusiones.
¿Es AENA sensible con los territorios insulares? Competencia tuvo que obligarla a rebajar sus tasas para 2020.
Aquí hay una batalla importante. Las tasas siempre juegan un papel sobre el beneficio final. ¿AENA es sensible? Ha hecho algunos esfuerzos, pero creemos que con los territorios insulares podría haber, sin ninguna duda, un planteamiento de tasas que fuera más favorable.
¿Ve factible que Canarias y Baleares tengan un asiento en el Consejo de Administración de AENA o es más viable un Consejo Asesor?
Baleares siempre ha defendido el modelo de cogestión aeroportuaria con una fórmula similar a lo que podrían ser las autoridades portuarias, donde hay un Consejo de Administración en el que están representados no solamente las instituciones insulares, empezando por el Gobierno autonómico, sino también las patronales. De manera conjunta y colegiada se toman las decisiones estratégicas para orientar las políticas portuarias de interés general.
¿Queda mucho para ver tomar cuerpo a esa propuesta?
Estos planteamientos son de largo recorrido, nada es fácil. Hay que saberla explicar y hacer pedagogía. Los aeropuertos, como infraestructuras estratégicas, tienen que estar sobre todo al servicio de los territorios a los que sirven y a las sociedades implantadas en dichos territorios. Tienen que ser un instrumento para generar riqueza y cohesionar a las sociedades de esos territorios. Para eso tienen que servir los aeropuertos y puertos. Y para que eso sea así, la toma de decisiones tiene que ser colegiada. Por tanto, tiene que haber voz y voto de las instituciones, de los sectores empresariales y de las organizaciones sindicales regionales.
¿Es lógico que el descuento del 75% cubra los vehículos en el transporte marítimo?
Reivindicamos que en el transporte marítimo entendamos el vehículo como parte del equipaje y que, por tanto, se le aplique también el 75%. Para Baleares sería fundamental, porque nuestra región tiene muchísima conexión con la Península.
¿En Bruselas entienden las particularidades de territorios como los de Canarias y Baleares?
En Bruselas nos queda mucha pedagogía y mucho trabajo por hacer para que el continente entienda las peculiaridades que supone vivir en territorios insulares. No están compensados ni reflejados de manera real los perjuicios y las dificultares que genera a los ciudadanos europeos vivir en territorios insulares. Nos queda muchísimo recorrido por hacer.
¿Y en Madrid?
En Madrid también cuesta entender la realidad insular. Muchas veces no es una cuestión ideológica, sino de la perspectiva desde donde ves tú y observas el mundo. Lo notamos cada día en muchísimas cuestiones que forman parte de nuestras problemática.
