Acavite reclama atención para las víctimas de FossBucraá

Santa Cruz de Tenerife

Hoy, cuatro décadas más tarde, las familias de las víctimas civiles olvidadas de los atentados del Frente Polisario siguen reivindicando a la clase política y a la sociedad que no practiquen el negacionismo histórico. Y que no pueden seguir blanqueando y justificando románticamente las acciones terroristas que cometió el Polisario. El doble atentado mortal del 10 de enero de 1976 marcó un antes y un después en la historia reciente de Canarias y de España de la Transición. España abandonó oficialmente el Sáhara dos meses y medio más tarde, después de estas explosiones de bombas mortales. Fue el último atentado terrorista en tierra del Frente Polisario. Sin embargo, en alta mar, comenzó en paralelo, una brutal escalada de atentados durante años, con ametrallamientos, desapariciones y secuestros a tripulaciones completas de barcos pesqueros, segando la vida a multitud de pescadores, dejando un reguero de viudas y huérfanas. La equidistancia y el silencio han sido la tónica ante estos atentados terroristas en FossBucraá, ya reconocidas oficialmente como víctimas del terrorismo, por el Estado y el Ministerio del Interior, desde 2006, gracias a la ardua batalla de la Asociación de Víctimas del Terrorismo, Acavite. Otras cientos de víctimas y familiares directos tuvieron que esperar hasta 2015 para su reconocimiento oficial por parte del Estado.

Se da la circunstancia del destino que, precisamente, Francisco Jiménez Santana fue una de estas primeras víctimas de los atentados terroristas que perpetró el Frente Polisario el 10 de enero de 1976, mientras trabajaba en la empresa pública de FossBucrá (pertenecía al antiguo Instituto Nacional de Industria, INI, y la SEPI). Fue reconocida oficialmente por uno de los actuales ministros recién nombrados por el Gobierno de coalición con Podemos del presidente Pedro Sánchez. Francisco Jiménez fue una de las primeras víctimas del terrorismo reconocida como tal por parte del Estado, en el 2006 (falleció por las graves secuelas padecidas, sin enterarse de que fue reconocido tras pasar 38 años luchando por ese reconocimiento), de la mano del actual ministro de Cultura, José M. Rodríguez Uribes. Y también del padre de la Constitución, Gregorio Peces-Barba, cuando ambos estaban al mando del Comisionado de Víctimas del Terrorismo, perteneciente al Ministerio del Interior. Y como la verdad a veces encuentra un camino paralelo y coincidente para salir a la luz, el destino también quiso que Juan F. López Aguilar fuera el primer ministro de Justicia que reconociera al primer canario como víctima del terrorismo del Frente Polisario en las minas de FossBucraá. Le siguieron otras víctimas: Raimundo L. Peñalver, Miguel A. Pérez, Antonio S. Y otros más que pudieron lograr que los atentados terroristas fueran visibles legítimamente y reconocidos ante el Estado y la Administración española.

Basta echar un vistazo a la hemeroteca de la época y comprobar que tras la firma de los Acuerdos de Madrid de 1975, Marruecos y España acordaron, ambos y por escrito, dotar de seguridad, protección y ayuda a estos trabajadores y familias isleños para continuar con la producción de fosfatos, como les pedía la empresa, mientras Franco agonizaba y los militares evacuaban. Pero nunca se produjo. Las familias nunca recibieron ni la ayuda ni el consuelo, ni las pensiones de viudedad y orfandad, ni el apoyo económico prometido desde estos dos países hacia las víctimas afectadas. Ellas lamentan que aún hoy, con la millonaria producción de FossBucraá, no hayan rectificado, como prometieron por escrito a este puñado de humildes viudas y huérfanas. Puesto que ni Marruecos ni España han sabido reaccionar ante la dejación de los atentados sangrientos que el Frente Polisario cometió en tierra. Los dos países, inexplicablemente, se desentendieron de las víctimas y familias isleñas afectadas. Cuestión, que las familias aún creen, pueden corregir y enmendar ambos países, aún hoy. Para ellas, esta acción mejoraría su imagen exterior y de credibilidad diplomática de ambos Estados, ante la inacción que no supieron resolver. No en vano, las armas y las bombas arrasaron a un colectivo amplio de trabajadores civiles canarios, que sufrieron brutales atentados terroristas. Todos ellos, impunes hasta hoy.

Para las víctimas, el olvido deliberado ante la opinión pública, la desprotección, la invisibilidad, la desestructuración familiar, el empobrecimiento y la equidistancia política entraron en las cocinas y salones de muchos municipios canarios de los afectados durante 44 años. Con foto en blanco y negro de sus padres y esposos asesinados y heridos. Presidiendo el recuerdo de velas encendidas, en solitarios aniversarios sin flores. Ni placas. Ni homenajes institucionales. Ni reconocimientos oficiales de ningún tipo que reconocieran el daño causado por estos ataques terroristas . Y es que, para los afectados, en el otro lado de la historia, se elaboró con impunidad y por encargo, inercia, e intereses ideológicos de nacionalismo independentista radical de la época, otro relato alternativo al veraz, para que se perpetuaran otras versiones de lo ocurrido. Pero no la verdad de lo sucedido.

Con el paso de los años, para las viudas y huérfanos, todo esto favoreció sin duda un envalentonamiento de los actores implicados. Se desarrolló una fructífera industria propolisaria, con comisiones parlamentarias anuales de toda la clase política representada en el Congreso de los Diputados, Parlamento Canarias, Senado, ayuntamientos y cabildos con viajes subvencionados a Tinduf. Aumentaron las múltiples organizaciones prosaharauis, y promarroquíes. Surgió un apogeo de la geopolítica diplomática y consular de los países afectados, expectantes. Así como una equidistancia de algunos medios de comunicación y periodistas, que han ido elaborando un relato histórico negacionista a favor de obra e independentista armada del Frente Polisario. O, en su caso, a favor de Marruecos, según exigiera la coyuntura del momento. Por otro lado, las familias lamentan que se haya querido aprovechar su debilidad, por parte de interesados y pseudoexpertos en la materia. Un error. Las familias canarias aunadas en Acavite han sabido mantener su coherencia, y la verdad de lo ocurrido ante las instituciones y la sociedad. Con irrefutables testimonios y trabajo arduo, sin doblegarse, todos estos años.

Para las víctimas del FossBucraá, el Frente Polisario se ha aprovechado del manto del victimismo y justificación romántica, negando inútilmente, y de forma errática, los atentados cometidos. Ellos inicialmente supieron aprovechar el contexto de desprotección de las viudas y huérfanos para lanzar un manto de complicidad y tergiversar a conveniencia la veracidad de estos ataques terroristas. Los verdugos pasaron a héroes en la memoria colectiva del Archipiélago. Y las familias de las víctimas de FossBucraá eran las apestadas, olvidadas y molestas ante la sociedad canaria. Eran las culpables por ir a trabajar al Sáhara. Una tergiversación histórica que empezó a destilar verdad, años más tarde, con testimonios atroces y documentos oficiales que presentaban las familias. Tuvieron que pasar doce años hasta que apareció la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo, Acavite, organismo que fundé y presido, para que se lograra el reconocimiento del Estado, como tales víctimas del terrorismo, de más de 300 víctimas canarias del terrorismo y familiares directos. Todos ellos cometidos por el Frente Polisario, MPAIAC, ETA y soldados isleños objeto del terrorismo yihadista, respectivamente.

300 atentados del Polisario

Acavite pide actualmente, como el resto de las asociaciones de víctimas del Estado, que se esclarezcan los más de 600 atentados en toda España sin resolver ni esclarecer por la Justicia, de los cuales trescientos fueron cometidos por el Frente Polisario y el MPAIAC. También piden que el actual presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, tome la iniciativa para que el Parlamento canario apruebe, ponga ficha financiera con plazos, cifras y reglamento cuanto antes -tal como prometió recientemente durante un acto público- a la necesaria la Ley Canaria Complementaria de Víctimas del Terrorismo, propuesta hasta en seis ocasiones por parte de Acavite en el hemiciclo canario. En el contexto nacional piden, además, al recién renovado ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que lleve cuanto antes al Congreso y apruebe la modificación de la Ley de Reparación a las Victimas del Terrorismo 29/11, demandada por todas las asociaciones de víctimas de España. Porque se ha quedado obsoleta y no ha dado respuesta real a las familias, a pesar del tiempo transcurrido y las promesas ministeriales hechas. Sobre todo, es necesario un cambio para las viudas y huérfanos, en materia de pensiones, reconocimientos de estrés postraumáticos sin resolver de atentados olvidados en los años 70, 80 y 90, dificultades continuistas con los reconocimientos de incapacidades, discapacidades en la Seguridad Social y EVI, reserva de empleo público para los familiares directos de víctimas del terrorismo, y la resolución y respuestas de los más de 600 atentados terroristas de diferentes grupos y bandas terroristas sin resolver ni esclarecer por la Justicia ni en la Audiencia Nacional, entre otras muchos demandas pendientes. Hoy tan necesarias como hace ya 44 años.

(*) Presidenta de Acavite

Lucía Jiménez, presidenta de la Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (Acavite), aparece en la foto de la derecha junto a Agustina L. Peñalver, natural de Tacoronte, en el cementerio de Santa Lastenia. Agustina es una de las hijas huérfanas que dejó el malogrado trabajador tinefeño Raimundo L. Peñalver, asesinado por el Frente Polisario en enero de 1976, a partir de la colocación de una bomba trampa al paso de su vehículo de trabajo. El reencuentro se produjo en 2015 en el cementerio de Santa Lastenia de la capital tinerfeña. Jiménez lleva año denunciando la soledad que sufren los familiares de las víctimas de terrorismo en Canarias. En este sentido, recuerda que tras el atentado el cadavér fue repatriado y evacuado "por la puerta de atrás" en avión, desde El Aaiún hasta Santa Cruz de Tenerife, y solo fue acompañado por el alcalde de la época, Leoncio Oramas, tío de la actual diputada de Coalición Canaria, Ana Oramas.