El Estado hará partícipe al Gobierno canario de las negociaciones con Marruecos sobre la delimitación de las aguas del país vecino. Así lo confirmó ayer la ministra de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, Arancha González Laya, tras su encuentro con el presidente del Ejecutivo regional, Ángel Víctor Torres, en Gran Canaria. "El Estado llevará a cabo una gestión conjunta específica con el Archipiélago en todos aquellos temas en los que las Islas se vean directamente afectadas", apuntó la ministra nada más empezar su intervención. Palabras que Torres recibió con agradecimiento.
"Tengo el compromiso del Estado de que se elevará una queja a Naciones Unidas si Marruecos se atribuye aguas Canarias", aseguró sin titubeos el presidente regional. Los intereses del Archipiélago "estarán plenamente defendidos por el Gobierno español", apuntó la responsable de Exteriores. No obstante, tanto ella como Torres puntualizaron que las dos leyes aprobadas por Marruecos para delimitar sus fronteras marítimas todavía no fijan ningún trazado, por lo que se desconoce si existirá solapamiento con las aguas canarias.
La ministra visitó ayer el Archipiélago con la intención de "tranquilizar" a las instituciones canarias y a la sociedad civil tras haberse reunido el viernes con su homólogo en Rabat, Nasser Bourita. Un encuentro que se produjo 48 horas después de que el Parlamento alauí aprobara dos leyes que amplían la delimitación de sus aguas frente a España y Mauritania. Normas con las que declaran jurídicamente su soberanía sobre las aguas territoriales del Sáhara Occidental. El responsable de Asuntos Exteriores en el país magrebí aseguró en la reunión con la ministra que ante esta cuestión "no habrá unilateralidad ni política de hechos consumados", pero sí "diálogo" con España. González Laya recalcó la importancia de no adelantarse a los acontecimiento ya que "Marruecos todavía no ha trazado su zona marítima, solo ha aprobado una propuesta legislativa en la que plasma su deseo de delimitar la zona". Un derecho que tienen todos los estados y que España "ya ha ejercido en el pasado con sus vecinos". "Bourita me aseguró que seguirá la legislación vigente", declaró la ministra, quien además aprovechó para recordar que las leyes actuales internacionales establecen que el primer paso a seguir cuando la zona marítima de un país se solapa con la de otro es intentar llegar a un acuerdo. La representante de Exteriores insistió en que la disputa no se encuentra en ese punto, aunque aseguró que "España permanecerá vigilante para comprobar que se respeta la normativa internacional".
El presidente canario reconoció estar "mucho más tranquilo" con las palabras de la ministra y recordó el lema que ha mantenido desde que saliera a la luz el conflicto el pasado mes de diciembre: "No se tocará ni un milímetro de las aguas canaria". Torres aclaró que el mensaje que debe calar ahora en la sociedad canaria es que la propuesta de Marruecos no "tiene ningún recorrido", ya que aunque sea ratificada por las instituciones y el rey marroquí, esta tendrá que transformarse en un decreto que respete el derecho internacional. Y si esto no ocurre, "se enfrentará a la negativa del Gobierno español en la ONU".
En la zona marítima que separa el Archipiélago de Marruecos, Madrid y Rabat han respetado tradicionalmente una mediana imaginaria equidistante respecto de ambas costas, que funcionó cuando los dos gobiernos autorizaron prospecciones petrolíferas en esa zona en 2014 y 2015. Sin embargo, se trata de una mediana aceptada de forma tácita, sin que se haya fijado de forma formal en ningún tratado. España sí ha iniciado ante la ONU el procedimiento para ampliar la plataforma continental de Canarias hacia el oeste y hacia el sur del Archipiélago, desde las 200 hasta las 350 millas náuticas.
