Más de 3.500 personas participarán en el simulacro de un terremoto en Gran Canaria seguido de una erupción en Tenerife, que se llevará a cabo entre el 21 y 26 de marzo y que desplazaría al menos a unas 60.000 personas afectadas en ambas islas, que tendrían que ser evacuadas con un aeropuerto inoperativo y vías de comunicación cortadas.
El delegado de Gobierno en Canarias, Juan Salvador León; el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, Julio Pérez; y el jefe de la Unidad Militar de Emergencias (UME), el teniente general Luis Manuel Martínez Meijide, han explicado este miércoles en rueda de prensa los detalles del simulacro.
El simulacro comenzará con un movimiento sísmico en el norte de Gran Canaria, donde se registrará una sacudida muy potente y numerosos heridos y algunos fallecidos, así como daños muy graves en edificaciones y numerosos deslizamientos de ladera.
Ante esta situación, el plan especial de riesgo sísmico se colocaría en el nivel 2 de emergencia y el plan territorial de Protección Civil en el mismo nivel, por lo que la UME tendría que cooperar con el Gobierno de Canarias, que dirigiría este suceso.
Al poco de producirse este movimiento sísmico, en Tenerife, en una zona volcánica que no tendría por qué ser el Teide, se detectaría una elevación repentina de dióxido sulfúrico y dióxido de carbono en Tenerife, donde los datos de la red GPS e imágenes de satélite indican deformaciones muy notables en el terreno.
Por lo tanto, el semáforo volcánico de información a la población se situaría en naranja al tratarse de una erupción inminente y el plan especial de riesgo volcánico de Canarias pasaría a situación de alerta máxima.
Una vez producida la erupción en Tenerife, comenzaría una fase explosiva y una columna eruptiva de dos a tres kilómetros de altura y columnas de lava, deslizamientos de ladera, desprendimientos rocosos e incendios forestales y nubes piroclásticas que afectarían a la zona norte de la isla.
El semáforo volcánico se situaría en rojo y el plan especial de riesgo volcánico de Canarias pasaría a situación operativa dos, por lo que, una vez valorada la situación en ambas islas y tras evaluar el nivel de daños, el Gobierno propondría al Ministerio del Interior que declare la situación de emergencia de interés nacional de los planes especiales de riesgo sísmico y volcánico.
Entre los efectivos que van a participar en el ejercicio se encuentran profesionales de Marruecos, Francia, Portugal y Estados Unidos, ha precisado Luis Manuel Martínez Meijide, al tiempo que ha señalado que en el simulacro previsto podría suceder que el aeropuerto del norte de Tenerife dejase de funcionar debido a la nube piroclástica, por lo que habría que evacuar a los afectados a través de un puerto que tendría que construirse sobre la marcha.
El jefe de la Unidad Militar de Emergencias ha afirmado que no hay un escenario mejor que Canarias para poder practicar con "mayor realismo y eficacia" catástrofes que de forma similar ya se han producido en Nueva Zelanda y Manila.
"La mejor manera de adiestrarse y de practicar es huir de la improvisación", ha manifestado el teniente general, quien ha explicado que la reunión de este miércoles ha servido para planificar el planeamiento del ejercicio que va a realizar la UME en las islas en coordinación con los principales servicios de protección civil.
Según ha precisado el consejero de Seguridad del Gobierno de Canarias, la realidad de un ejercicio como éste, de nivel tres, nunca se ha dado en España, pero militares y protección civil se preparan todos los años por si ocurriese.
Se trata de un ejercicio difícil, ya que combina dos catástrofes de "mucha importancia", como son un movimiento sísmico y una erupción volcánica, ha apuntado Julio Pérez, quien ha avanzado que el Gobierno, tras el ejercicio, hará autocrítica y, si es preciso, cambiará sus protocolos de emergencia.
El delegado de Gobierno en Canarias ha explicado que, debido a que se alcanzará el nivel tres de emergencia, sería el ministro del Interior quien asumiría la responsabilidad en este ejercicio y la trasladara a la UME.
En su opinión, el objetivo es detectar las debilidades del sistema de emergencias para así mejorarlo y dar una buena respuesta a la población antes posibles catástrofes.
