El abogado de Juan Francisco Rosa, propietario de la bodega Stratvs, pidió ayer a la Audiencia de Las Palmas que declare prescritos los delitos que se imputan a este empresario en el caso Stratvs al haber transcurrido más de cinco años desde que esta edificación fue inaugurada hasta que se presentó la acusación formal contra él. La Audiencia comenzó ayer el juicio en el que Rosa se enfrenta a solicitudes de condena de hasta 20 años de cárcel por las irregularidades cometidas en la construcción de la bodega Stratvs en La Geria, espacio protegido del municipio lanzaroteño de Yaiza, al sur de la Isla. La sesión de ayer se dedicó en su integridad a examinar las cuestiones previas de las acusaciones y defensas.

El letrado del empresario sostiene que, pese a que la ley establece que las acusaciones deben estar perfectamente delimitadas en el tiempo, se acusa a Rosa de hechos "indeterminados" y que, en todo caso, bajo su criterio, ya habrían prescrito. En esta vista oral se examinarán las irregularidades que la Fiscalía detecta en la construcción de la bodega, que en su inauguración en 2008 llegó a ser presentada como la más moderna de Europa y cuya puesta en marcha supuso una inversión de 18 millones de euros. El Ministerio Público considera que el dueño y los demás encausados son responsables del que califica como "peor atentado ambiental" que ha sufrido Lanzarote desde que la isla fue declarada Reserva de la Biosfera, en 1993.

Como ejemplo de esa "indeterminación" de las acusaciones, la defensa citó ayer el caso de la extracción de picón que se le imputa, asociado a un delito contra el medio ambiente. Según este letrado, la acusación se limita a decir que los hechos ocurrieron entre 2003 y 2012, "utilizando ese periodo de tiempo como un saco donde se meten todos los hechos para poder justificar la acusación de delito continuado". La representación del dueño alega también que, en Lanzarote, se han dado casos similares de bodegas de La Geria que han acabado en los juzgados y a los que se dio un tratamiento diferente con las penas.

Ratificadas las acusaciones

Estos argumentos recibieron su respuesta por parte del Ministerio Público, que ratificó sus acusaciones señalando que los casos de esas otras bodegas nada tienen que ver con los hechos por los que se juzga a Juan Francisco Rosa y a los otros nueve procesados. La defensora de los tres funcionarios de la Comunidad autónoma planteó la posible nulidad de las acusaciones contra ellos al argumentar que, cuando ocurrieron los hechos, la zona de La Geria no estaba legalmente reconocida como espacio natural protegido. También solicitó la inmediata desvinculación del proceso del funcionario Juan César Muñoz, acusado solo por el colectivo Transparencia Urbanística, cuya legitimidad como acusación ha instado al tribunal a cuestionarse.

La Fiscalía pedía inicialmente 15 años de cárcel para Rosa, al que acusa de delitos urbanísticos y contra el medio, mientras que la acusación popular, representada por Transparencia Urbanística, los elevó ayer a 20 años. El Ministerio Público solicita la segunda mayor pena para el arquitecto y dueño de una parte de los terrenos, Miguel Á. Armas, con diez años de prisión. Se prevé que el juicio dure 25 jornadas, las primeras a celebrar en Lanzarote y el resto en la Audiencia de Las Palmas.