14 de enero de 2020
14.01.2020

Los compromisos del Ejecutivo elevan el gasto de las empresas públicas canarias

El sector autonómico empresarial registra pérdidas por 35 millones v Los encargos del Gobierno y la subrogación de Videoreport disparan los importes destinados al personal

13.01.2020 | 20:19
Imagen de archivo de equipos contraincendios.

La Audiencia de Cuentas de Canarias (ACC) ha vuelto a poner en evidencia las dificultades de las empresas públicas de la Comunidad Autónoma para contener el gasto -en especial en personal- y reducir sus pérdidas. En 2018, último ejercicio analizado por el órgano fiscalizador, el conjunto del sector empresarial vinculado al Gobierno regional registró un resultado negativo de casi 35 millones de euros, prácticamente idéntico al contabilizado en 2017 y que frena en seco la tendencia positiva que había caracterizado los últimos años. El desembolso en la plantilla se incrementó en 6,5 millones de euros y se centró en dos empresas en concreto: Televisión Pública de Canarias (TVPC), que gastó 4,4 millones más por la subrogación de los trabajadores de Videoreport, la empresa externa que prestaba los servicios informativos, y Gesplan, que aumentó su gasto en 1,8 millones para atender los encargos realizados por el Ejecutivo.

Las dos entidades públicas empresariales y las 19 sociedades mercantiles públicas habían conseguido rebajar sus pérdidas más de un 41% entre 2011, cuando ascendieron a 59,7 millones de euros, y 2017, cuando se situaron en poco más de 35. Entre el último ejercicio y el incluido en el más reciente informe de fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma casi no se han producido progresos: apenas 81.196 euros menos. El resultado desfavorable es "originado principalmente" por las pérdidas de Televisión Pública de Canarias (TVPC), 35,7 millones de euros.

Ocho empresas -Visocan, Gesplan, Grafcan, Puertos Canarios, Grecasa, Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad, Gestur Tenerife y Las Palmas y Grecasa- obtuvieron beneficios en 2018. Es Viviendas Sociales de Canarias la que logra los resultados más "destacables", 8,3 millones de euros procedentes, en su mayoría, del alquiler de casas. En cambio, los beneficios de Puertos descienden de manera considerable -de 5,2 millones a 0,8-, como consecuencia de los gastos necesarios para afrontar los efectos del temporal Emma, que en febrero de ese año provocó el hundimiento de embarcaciones y el vertido de hidrocarburos y obligó a declarar la situación de emergencia. Sobre el ente portuario, la Audiencia de Cuentas constata que "mantiene cedidos espacios a terceros sin que se les esté liquidando (facturando) tasa o canon algunos". El importe pendiente de liquidar a finales de año rozaba los 440.000 euros. Una parte de esta cantidad -130.900 euros- se remonta a 2016, por lo que el informe del órgano presidido por Pedro Pacheco avisa del riesgo de prescripción y, por lo tanto, de la "consiguiente pérdida patrimonial".

La fiscalización de la cuenta general de la Comunidad Autónoma incide en comportamientos de las empresas públicas que se repiten de un informe a otro sin que parezcan atenderse las recomendaciones de la ACC. Uno de ellos es la elevación de los desembolsos en personal, en algunos casos sobrepasando el presupuesto asignado a este capítulo e incluso sin autorización para hacerlo. Doce entidades "presentaron gastos de personal superiores a los previstos en sus presupuestos". Cuatro de ellas -TVPC, Proexca, Gesplan y Hecansa- solicitaron y obtuvieron el visto bueno del Gobierno para modificar sus cuentas. También lo hizo el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), aunque sobrepasó los gastos que le fueron autorizados. Otras siete sociedades mercantiles públicas -Gestur Tenerife y Las Palmas, GSC, Canarias Cultura en Red, Visocan, Grafcan, Grecasa- prescindieron directamente de este trámite.

No es extraño, pues, que la Audiencia reitere recomendaciones ya incluidas en informes anteriores: revisar el procedimiento de las contrataciones previsto en las leyes de Presupuestos, "dada su escasa eficacia", y procurar "un mayor control" en esta materia por parte de los centros directivos a los que corresponda la tutela de las entidades que integran el sector público empresarial.

Al finalizar el año se habían acumulado 1.636 altas de personal en el conjunto del sector público empresarial, la mayor parte en Gesplan (1.279). La naturaleza de estas contrataciones fue, en la gran mayoría de los casos (1.315), temporal, para atender a las tareas encomendadas por el Gobierno autonómico. En consonancia con el elevado número de altas y a su carácter transitorio, las bajas fueron también numerosas, 1.297, de las que 1.201 corresponden a Gesplan.

Las encomiendas procedentes del Ejecutivo son, precisamente, objeto de las observaciones de la Audiencia de Cuentas, que en más de una ocasión ha puesto la lupa sobre la costumbre de encargar tareas a las empresas públicas que luego estas, ante la falta de medios humanos y materiales para llevarlas a cabo, subcontratan a empresas externas. En este caso, el reproche se dirige a Grafcan y Proexca. En alguno de los encargos ejecutados por ambas, señala el informe, se superó el porcentaje del 50% en contrataciones realizadas por terceros. La ACC recuerda que la Junta Consultiva de Contratación Administrativa del Estado ha advertido de que "no cabe encomienda ni encargo alguno, so pena de incurrir en fraude de ley, si la entidad medio propio o servicio técnico no es suficientemente apta para ejecutar la prestación". La propia Junta ha fijado en el mencionado 50% el límite de las prestaciones que los entes públicos pueden contratar con terceros.

La Audiencia de Cuentas también aprecia carencias en materia de planificación y evaluación de las empresas autonómicas. "La mayoría de las entidades del sector público empresarial no cuenta con objetivos cuantificables ni indicadores que permitan medir su consecución", advierte.

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