13 de enero de 2020
13.01.2020

El Ejecutivo blinda la Ley de Servicios Sociales de visos de inconstitucionalidad

El Gobierno prepara la modificación de la norma, apenas ocho meses después de su aprobación, para aclarar cuándo y cómo se puede recurrir a la concertación

12.01.2020 | 21:30
Noemía Santana, en su primer día.

Apenas ocho meses después de ser aprobada por unanimidad, el nuevo Ejecutivo regional se puso manos a la obra para modificar la Ley de Servicios Sociales. El Gobierno canario busca blindar esta norma, aprobada al final de la legislatura pasada con el apoyo de los seis grupos parlamentarios de entonces, de posibles recursos ante el Tribunal Constitucional por la falta de claridad de algunos de sus artículos relativos al régimen de concertación social. El objetivo es evitar colisiones con las normativas estatal y europea y despejar cualquier tipo duda al plasmar con precisión en qué circunstancias se puede recurrir a este procedimiento y qué entidades entran en juego, de tal forma que no se dejen abiertas puertas que permitan utilizar esta vía como una forma para externalizar los servicios sociales.

En una reunión de la comisión bilateral Canarias-Estado celebrada en diciembre "se vio la necesidad de modificar un artículo referente a los conciertos sociales para salvar la posibilidad de que fuera recurrida al Constitucional", según indican fuentes de la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud, dirigida por Noemí?Santana (Unidas Podemos). El artículo "más conflictivo" es el 66, que hace referencia a los méritos preferentes para suscribir los conciertos. Con la modificación que el Gobierno pretende introducir, el problema queda, aseguran, "subsanado".

¿Cómo? El Consejo de Gobierno dio luz verde el pasado 12 de diciembre a la tramitación de un anteproyecto de ley de medidas administrativas, económicas y sociales para introducir cambios puntuales en diversas normativas, entre las que se encuentran las leyes de Carreteras o de Renovación y Modernización Turística, pero también la propia de Servicios Sociales. El portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo, Julio?Pérez, estimó entonces que en tres meses podría comenzar el debate parlamentario de la ley escoba, una denominación bajo la que también se conoce a este tipo de norma que ultima Función?Pública.

Todos los grupos parlamentarios, tras un arduo trabajo en la ponencia parlamentaria conformada para sacar adelante la iniciativa, votaron el 26 de marzo a favor de un texto que sustituyó a la única ley que hasta entonces había regulado los servicios sociales en el Archipiélago. La nueva norma, que sustituía a la nacida en 1987 bajo la primera Presidencia del socialista Jerónimo Saavedra, se aprobó in extremis en la legislatura anterior, justo en el último pleno del pasado periodo legislativo. Los partidos tuvieron que pisar el acelerador para aprobarla antes de las elecciones autonómicas del 26 de mayo de 2019 debido a la avalancha de enmiendas presentadas al proyecto de ley: 388.

La nueva normativa incluye en sus disposiciones que contará con una financiación superior a los mil millones de euros en un plazo de doce años. Pero la oposición, ahora compuesta por Coalición Canaria (CC), Partido Popular (PP) y Ciudadanos (Cs), ya ha denunciado el incumplimiento de la nueva Ley de Servicios Sociales del Ejecutivo, sustentado por el denominado pacto de las flores -PSOE, Nueva Canarias (NC), Podemos y Agrupación?Socialista Gomera (ASG)- por la ausencia de 55 millones de forma explícita en la partida presupuestaria para este año. Los plazos de la nueva norma también son exigentes, pues estipula que en un año el Gobierno debe poner en marcha un plan contra la exclusión social para erradicar la pobreza, con especial atención a la infantil, y regular en dieciocho meses una renta básica para la ciudadanía.

Desde el?Gobierno canario defienden el reforzamiento de las cuantías destinadas a fines sociales, como la Prestación Canaria de Inserción (PCI), pero también la necesidad de elaborar el reglamento que desarrolle la Ley de Servicios Sociales. Precisamente en este momento se encuentra en consulta pública la iniciativa reglamentaria reguladora del concierto social para la prestación de servicios. En el informe justificativo, la Consejería de Derechos Sociales alega que la reglamentación de la concertación social entre las administraciones públicas canarias y las entidades del tercer sector es necesaria para dar cumplimiento al desarrollo normativo establecido en la ley en cuestión.

Estabilidad de los programas

Los objetivos del futuro decreto regulador se centran, tal y como recoge el citado documento, en fijar "el marco regulatorio de esta novedosa figura de gestión indirecta de los servicios sociales a través de entidades privadas sin ánimo de lucro que formen parte del tercer sector de acción social, garantizándose los principios de publicidad, transparencia y no discriminación en el acceso a estos instrumentos".

La intención del Ejecutivo regional es ofrecer un modelo de financiación pública estable a los agentes del tercer gestor, con los que prevé firmar convenios plurianuales para asegurar la continuidad de los programas y la estabilidad del personal de las entidades. Ante la falta de regulación, muchos de los servicios se han prestado por agentes del tercer sector por la vía de las subvenciones, una circunstancia que, según explican fuentes de la Consejería de Derechos Sociales, ha generado inestabilidad en la prestación de servicios con el término de dichas ayudas.

La elección de la ley escoba para modificar la Ley de Servicios Sociales y otras normas no es baladí.?El Ejecutivo presidido por el socialista Ángel Víctor Torres prefirió dejar fuera de la ley de presupuestos los cambios puntuales en diferentes normativas al tratarse de una práctica que el Tribunal Constitucional ha afeado en varias ocasiones por no tratarse de modificaciones relativas a cuestiones estrictamente presupuestarias o financieras.

La vía de la ley de medidas administrativas, económicas y sociales es también, precisamente, la escogida por el Gobierno para modificar la Ley de Cabildos para que los presidentes insulares puedan designar a dedo a los altos cargos de sus corporaciones. Esta opción se puso sobre la mesa justo después de que la enmienda presentada a las cuentas autonómicas por los grupos parlamentarios que apoyan al Ejecutivo regional no prosperase ante el freno de los servicios jurídicos del Parlamento canario.

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