Si 2019 se cerró por encima de 2.700 inmigrantes que arribaron a Canarias a través de la ruta atlántica, el primer mes del año apunta que la tendencia irá a más a largo de 2020. De hecho, solo en los primeros diez días de este mes de enero superan ya los 300 el número de hombres, mujeres y niños que han llegado en pateras y cayucos a las costas del Archipiélago. Las islas de Lanzarote y Fuerteventura están siendo, junto a Gran Canaria, la más afectada de momento por este repunte migratorio, que ha llevado al Estado a reaccionar y pactar con el Gobierno de Canarias las primeras medidas para dar una respuesta a la altura del reto.

Del acuerdo "técnico" alcanzado esta semana entras ambas administraciones destacan dos tipos de medidas, que han comenzado a aplicarse con carácter inmediato. La primera tiene que ver con el incremento de recursos materiales y personales en los países de origen. De modo que tanto en Mauritania como en Senegal se han incrementado ya los dispositivos con que cuenta la UE en esos países africanos: de 25 a 27 el número de guardias civiles, en el caso mauritano, y con otro inspector más para en el senegalés. Están por llegar otros materiales como un sistema de vigilancia (SIVE) móvil, clave para reducir las zonas de sombras que se producen en la actualidad. Además del reimpulso a la colaboración con los países de origen, el Estado reabrirá el Centro de Internamiento de Extranjeros de Fuerteventura, aunque con un nuevo modelo de atención a los inmigrantes adultos según ha anunciado el Gobierno de Canarias.

El Ejecutivo ha empezado por último a poner en práctica su estrategia para repartir a los menores. Y ha avanzado en la distribución de los menores no acompañados que están llegando de unas islas a otras, en función de la capacidad y nivel de saturación de cada una. Los primeros que saldrán lo harán desde Lanzarote después de haber constatado que allí ya no pueden asistirlos en las condiciones idóneas al superar la centena. La distribución solidaria se ha recibida, eso sí, con matices por parte de los ayuntamientos, que han reclamado que hacen falta más recursos.