12 de enero de 2020
12.01.2020

Julio Pérez: "Esperamos que Sánchez desbloquee de forma casi inmediata los asuntos canarios"

"La Policía Canaria no puede ser un adorno. Una vez que existe, deben exprimirse sus capacidades", afirma el portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo de Canarias

11.01.2020 | 23:27
Julio Pérez: "Esperamos que Sánchez desbloquee de forma casi inmediata los asuntos canarios"

El portavoz y consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad del Ejecutivo regional, Julio Pérez (Santa Cruz de Tenerife, 1950), asegura que, ahora que el Gobierno canario no tiene que dedicar energías a perfilar sus relaciones con un Gobierno central en funciones, puede centrarse más en impulsar sus proyectos legislativos. Confía, a su vez, en que con el fin de la interinidad del Ejecutivo estatal se desbloqueen lo antes posible los asuntos canarios pendientes.

¿Llega a tiempo el desbloqueo político nacional?

Hubiese sido mejor que llegara antes. Hemos tenido que gastar energías en encontrar fórmulas para obtener fondos presupuestarios en Madrid con un Gobierno en funciones. Esperamos que todas esas energías podamos dedicarlas ahora a otras cosas. Además, es positivo poder tener un presupuesto al que se incorporen las previsiones del Estatuto y del REF por primera vez.

La investidura salió adelante con un escaso margen. Teniendo en cuenta el nivel de crispación, ¿confía en que España deje de tener presupuestos prorrogados?

Gobernar en la situación parlamentaria en la que está el presidente del Gobierno va a ser difícil, no cabe duda. Va a requerir una negociación continua y permanente con todos los grupos políticos. El primer desafío será la aprobación del techo de gasto y de los presupuestos, de modo que pronto podremos medir la capacidad del Gobierno para ejercer con una mayoría exigua. Pero para saber si las cosas son buenas o malas, es importante compararlas con su inexistencia. Entre tener un Gobierno, que además tiene compromisos muy importantes con Canarias y una sintonía muy importante con el Gobierno regional, y no tenerlo, no cabe duda de que la situación es completamente distinta.

Se trata además del primer Gobierno en coalición. PSOE y Podemos han tenido un recorrido previo que para muchos no es muy esperanzador.

Creo que si uno mira el mundo y, sobre todo, Europa, se llega fácilmente a la conclusión de que el pluripartidismo y los gobiernos de coalición son una realidad con la que habrá que convivir. Los partidos tendrán que acostumbrarse a construir gobiernos fundados en el apoyo de varias fuerzas. Aquí somos cuatro y hasta ahora el Gobierno ha funcionado, tal y como lo veo desde dentro, muy bien. La diversidad de apoyo no ha sido un obstáculo.

Hablaba de sintonía entre ambos Gobiernos. La oposición lo ve como condescendencia.

La sintonía es bastante visible. Hay cosas que hasta ahora se discutían de una manera, pero que con el Estatuto y el REF habrá que discutir menos porque tendremos más argumentos.

¿Cuánto tiempo le darán al Gobierno central para que desbloquee los asuntos canarios pendientes, como carreteras?

Espero que sea muy poco porque está todo muy definido con anterioridad. El convenio de carreteras, el de obras hidráulicas, los convenios para Educación Infantil... Todo está muy hablado y creo que no hará falta mucho tiempo para concretarlos. También espero que se concrete muy pronto la eliminación del copago farmacéutico. Son medidas que esperamos que se tomen de manera casi inmediata.

¿El Gobierno canario pecó de novato e ingenuo con el copago farmacéutico al no anunciar que no se renovaban las subvenciones? Ahora ya han enmendado el lío generado anunciado la aprobación de un decreto ley para compensar el copago.

La pura verdad es que en el último Consejo de Gobierno decidimos que buscaríamos una fórmula para que tuviera efecto desde el día 1 de enero, confiando en que los presupuestos del Estado estén pronto y en que el nuevo Gobierno lo haga incluso antes de los presupuestos. Es tanta la seguridad que teníamos y tenemos de que se corregirá, que pensamos que se resolvería. Quizás pecamos de ingenuos al no anunciar que no se renovaba el decreto que regulaba las subvenciones. Había personas que podían tener un sobresalto y es verdad que debimos ahorrárselo.

Dice que la experiencia del Gobierno a cuatro ha sido hasta ahora buena. ¿No tensionó al pacto más de la cuenta el empeño del PSOE por modificar la Ley de Cabildos para que los presidentes insulares elijan a dedo a los altos cargos?

Las discrepancias en ese punto han sido no solo políticas, sino también técnicas. Se han producido, incluso, en el interior de los partidos porque es una decisión que tiene su complejidad. Esa propuesta va a estar incluida en la ley de medidas administrativas, económicas y sociales que estamos tramitando en este momento. Ahí será cuando veamos cuáles son las diferencias entre los distintos partidos.

¿Se puede decir que el PSOE ha impuesto su mayoría para doblegar a sus socios y evitar que afloren heridas en el pacto? Podemos, por ejemplo, apostaba por la profesionalización de la?Administración?

Lo veremos al tramitar la ley. Hágame la pregunta entonces. Soy consciente de que se trata de un asunto delicado, difícil, en el que hay opiniones muy distintas en la sociedad. Quienes vean a los cabildos como ayuntamientos grandes, se resistirán a admitir que tengan este componente más político. Quienes recuerden que los cabildos también son órganos de la Comunidad Autónoma con otra naturaleza, lo verán con más naturalidad. Es un asunto que ha dado lugar a mucha conflictividad judicial. Para mí, es la impresión de mi Consejería, lo importante es encontrar una legislación que esté a salvo de complicaciones judiciales.

¿Y cree que hacer la modificación a través de la ley escoba es la mejor vía?

Es mejor que la vía de la ley de presupuestos.

¿Y no otras vías, como modificar la propia ley de cabildos?

Es que tenemos que modificar más cosas. Tenemos que decidir si corregimos o no la Ley de Cabildos y la Ley de Ayuntamientos en relación con las normas sobre transfuguismo, donde también hay una doctrina del Tribunal Constitucional que tenemos que trasladar a nuestro ordenamiento. Además, hay una agenda normativa que es más densa que esta ley que ha llamado escoba. Queremos hacer una nueva Ley de Función Pública, una nueva Ley de Colegios Profesionales y otras normas, como por ejemplo, la del Cambio Climático que está ya en fase de preparación. La agenda normativa del Gobierno es muy densa. Afortunadamente ahora, al aliviarse las energías que hemos tenido que dedicar a perfeccionar y mejorar las relaciones con un Gobierno en funciones ya desaparecido, podemos concentrarnos mejor en nuestros proyectos legislativos.

¿Por qué las convocatorias de oposiciones de la Comunidad Autónoma se han convertido en un laberinto burocrático en el que se dilatan las tomas de posesión?

Son varias causas las que han producido el retraso. Nos encontramos con que todas las oposiciones se suspendieron por una decisión de nuestros antecesores que tuvimos que corregir. Además, se tramitó un decreto ley que nos permitió aumentar en casi 50 plazas las plazas ofrecidas, lo cual obligó a una recalificación en algunos procesos porque podían incorporarse más personas. Pero en el origen de todo está el retraso enorme en iniciar todos esos procesos, lo que ha llevado a que tengamos que manejar procesos selectivos a los que concurren miles de personas. Es natural el enfado y la irritación de los opositores que ven cómo se prolongan los procesos más de lo que sería admisible. También debo decir que en muchos casos se trata de decisiones de tiempo que establecen los tribunales calificadores. No digo esto como excusa, sino como información. Espero que no vuelva a acumularse una cantidad tal de procesos pendientes, sino que vayamos año a año sacando lo que corresponda a esa anualidad con normalidad.

¿Esa normalidad se va a mantener con los tambores de la ralentización sonando de fondo?

Espero que sí. Necesitamos prever la renovación de un número importante de empleados públicos que van a jubilarse, dar entrada a una gran número de jóvenes que desean hacer oposiciones y resolver el problema de la interinidad. Todo eso hay que hacerlo relativamente pronto.

¿Cuánto tiempo es pronto?

No quiero fijarme plazos para alcanzar esos objetivos, pero quiero dar la estabilidad que no ha habido en los últimos años. La Administración ha tenido muchos sobresaltos y contratiempos.

¿Está justificado el escaso desarrollo y despliegue que ha tenido la Policía Canaria?

Para mí ha sido una sorpresa encontrar el poco desarrollo que se ha otorgado estos años a la Policía Canaria. La realidad es que no puede ser ni un adorno ni una insignificancia administrativa. Una vez que existe, sobre todo después del nuevo Estatuto de Autonomía, deben exprimirse sus capacidades. En este momento solo la tenemos en Tenerife y Gran Canaria, que probablemente es donde menos falta hace. Pretendo que sea efectiva, eficaz, moderna y que preste los servicios que le atribuye la legislación.

Dado el escaso impulso que ha tenido, ¿no es utópico pensar que en 2021 el Estado ayude a costearla?

Hay un compromiso del Estado de contribuir a costear la policía autonómica a partir de cierto número de efectivos. Ese es el objetivo, pero nuevamente hay que referirse a que los procesos selectivos tardan mucho. Probablemente se puedan abreviar un poco. Lo mismo ocurre con los policías locales y por eso los alcaldes apremian. Tenemos un número de policías locales muy escaso y en algunos casos no se ha cubierto la tasa de reposición. En Canarias, en general, hay que aumentar el número de fuerzas policiales. No solo por los niveles de seguridad o inseguridad, sino simplemente para alcanzar las ratios de eficacia.

¿Podría afirmar que está Canarias preparada para abordar el repunte migratorio?

Canarias va a estar preparada porque el?Estado se ha comprometido a mejorar la actuación en origen y la atención inmediata. Hay que reconstruir un mecanismo similar al que se armó en su momento.

¿Ha habido una excesiva relajación de los protocolos fijados a raíz de la crisis de los cayucos?

Sin duda.

¿Es comprensible pese a la disminución de la llegada de pateras?

Hubo un momento en que parecían innecesarios. Se cerró el CIE El?Matorral, que ahora se reabrirá con otro régimen, y los albergues temporales de oenegés también se eliminaron. Todo ese mecanismo hay que reconstruirlo y evitar los naufragios en la costa.

¿Y cómo sortearán la calle?

El Estatuto obliga al Gobierno de Canarias a orientar a los inmigrantes, tanto a los que van a hacer repatriados como a los de no, y, por lo tanto, no podemos dejarlos en la calle como si fueran personas que nos son enteramente ajenas.

¿Pero esa orientación hasta dónde llega?

Es una palabra que habrá que llegar de contenido. Es una palabra que usa el Estatuto vigente al mismo tiempo que atribuye las competencias.

¿Y para cuándo el Consejo de Justicia?

Siendo importante que haya un Consejo de Justicia, estando en el Estatuto y queriendo hacerlo, se nos agolpan otras prioridades. Hay que luchar contra la exclusión y la violencia de género o mejorar la administración. Para ejecutar nuestro programa político necesitamos una Administración mucho más moderna, completamente digitalizada, transparente y evaluable. Y ninguno de esos tres requisitos los tenemos hoy. Frente a todo esto, el Consejo de Justicia en cuanto se pueda. Hay otras competencias en el Estatuto que a mí me parecen más importantes como, por ejemplo, la seguridad privada. Es una competencia que deberíamos abordar relativamente pronto porque el tipo de actividad económica que hay en Canarias produce una utilización intensiva de los servicios de seguridad privada. Lo que ha hecho el Gobierno hace ya un par de meses es encargar a cada departamento que elabore una lista de prioridades.

¿Qué nota da al Ejecutivo en transparencia?

El Comisionado de Transparencia nos ha dado una nota altísima. No solo a nosotros, sino también a nuestros antecesores. Sin embargo, creo que ahí la mejora consiste en que la transparencia no sea un añadido. No es que yo trabajo y luego voy a abrir las ventanas, sino que voy a trabajar con las ventanas abiertas. Transparencia es, por ejemplo, que estemos seleccionando a los gerentes de empresas públicas con un concurso público. Transparencia es que los miembros de los tribunales se elijan ahora entre todos los funcionarios de la Administración.

¿Y no cree que choca la decisión de elegir por concurso público a los gerentes de las empresas públicas con el empeño de que los presidentes insulares seleccionen a dedo a sus altos cargos?

Hasta dónde llega el nivel político y dónde se queda el nivel profesional es una pregunta de situación borde, de situación límite que tiene una respuesta difícil. Lo discutiremos en el Parlamento cuando lleguemos a ese punto.

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