Uno de los Consejos de Ministros más nutrido de la democracia, con un ambicioso para unos y polémico para otros proyecto económico-social y el compromiso de intentar solucionar la crisis con Cataluña, está a punto de echar a andar. Y previsiblemente, comenzará a "sufrir" desde su primer minuto de vida, tal y como le auguró con humor, y sin saber que estaba siendo escuchado por terceros, Felipe VI al presidente. Ya hay un buen grupo de voluntarios dispuestos a darle la razón al Rey: la oposición, debilitada y algo peleada, ha decidido aferrarse al objetivo estratégico y de legislatura de hacerle la existencia imposible al Gobierno de coalición, al que le cuestionan la legitimidad. Y el futuro. No cabe esperar en este contexto que se le conceda al nuevo Ejecutivo cien días de gracia. No habrá periodo de prueba. Ni piedad protocolaria.

Los márgenes en los que se mueve la derecha para los nuevos tiempos son discursos férreos en las Cortes, protesta en la calle y, que nadie lo dude, acción en los tribunales. Seguramente uno de los mayores errores que ya se ha cometido en los preámbulos retóricos de esta etapa es concluir que habrá desjudicialización de la política: quizás sí del "procés" y sus aledaños (y está por ver) pero no de la política en general. Lloverán los recursos de inconstitucionalidad firmados por diputados del Congreso -tanto PP como Vox superan los 50 parlamentarios requeridos para poder hacerlo-, así como los de los Gobierno autonómicos con bandera popular.

Hoy el presidente recién estrenado comunica protocolariamente al jefe del Estado la composición de su nuevo gabinete. A la prensa ya lo ha hecho, por goteo y vía whatsapp, durante las últimas 72 horas y a Felipe VI, oficiosamente, también: los últimos nombres en conocerse fueron los la ministra de Política Territorial, Carolina Darias; el del titular del área de Cultura, José Manuel Rodríguez Uribes y Juan Carlos Campo como responsable de Justicia. Ellos, junto a los que serán sus compañeros gubernamentales prometerán sus cargos en las próximas horas y, el martes, celebrarán el primer Consejo de ministros en formato coalición. Será Sánchez quien ofrezca después la primera rueda de prensa. Y quien compruebe, por las réplicas que recibirá, que no le darán tregua alguna.

Pablo Casado ha convocado para mañana a su Junta Directiva para poner matices y establecer la velocidad que llevará la oposición de su partido. Lo que está decidido es que será dura (ETA, el papel del Rey y sobre todo la hipotética ruptura de España están sobre el tablero de juego); no renunciará a la pancarta; explotará hasta donde pueda el poder autonómico y local que atesora y recurrirá a los jueces. En el debate de investidura llegó a amenazar a Sánchez con denunciarle en el futuro si daba un paso que los conservadores considerasen inaceptable con Cataluña.

Casado además busca tentar a la actual minicúpula de Ciudadanos para unir fuerzas (el paso previo a la fusión que desea) y frenar, en lo posible, que Inés Arrimadas despegue tras el cónclave en el que, salvo sorpresas, espera ser ungida como sucesora de Albert Rivera.

Las elecciones gallegas y vascas, quién sabe si catalanas, como próxima parada y el momento de auge que atraviesa la ultraderecha no invitan a pensar, siquiera, en pequeños oasis de sosiego. Sánchez lo tendrá complicado con los ajenos, pero tampoco será sencillo el día a día con los propios, los coaligados y los potenciales socios para legislar sin mayorías.

En el PSOE hay unas cuantas voces discrepantes, que de momento no destacan, y docenas de cargos que esconden sus dudas y cruzan los dedos para que el experimento con Podemos, ese que hace tal solo unos meses era quimera, no resulte un fiasco que pase factura. Sánchez tiene bien cogidas las riendas de su partido e Iglesias, poco a poco, se ha desecho por distintas vías de cualquier conato de críticos en sus filas. Con esas alforjas se disponen a gobernar de la mano sin hacerse daño. O eso dicen. Han firmado un acuerdo en esa línea. Sin embargo una coalición de dos organizaciones que se disputan el mismo espacio político es compleja.

En todo caso, la mayor presión llegará desde y por Cataluña: ERC apretará en la mesa de diálogo y es previsible que a JxCat todo le sepa a poco. Eso, pese a la inminente cita Sánchez-Torra. La situación de los presos seguirá pesando y por cada gesto que se haga en cualquier ámbito, la presión de la oposición se multiplicará por mil. Sumen Europa, que se pondrá sus gafas desconfiadas de observar de cerca las cuentas españolas, por aquello de comprobar cómo se cuadra el círculo de aumentar el gasto social tirando de una acotada reforma fiscal pero sin recortes.