España desconoce cuál es el número de inmigrantes que puede asimilar. Y tampoco, por tanto, la parte de su territorio que recibe, a día de hoy, la mayor presión migratoria. Es decir Canarias, la región que se convirtió en 2019 en la frontera de la Unión Europea en que se produjo el mayor incremento migratorio, según los últimos datos de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (conocida como Frontex).
El repunte en la llegada de inmigrantes en pateras y cayucos al Archipiélago ha sido, de hecho, superior incluso a las otras dos zonas fronterizas europeas que soportan mayor presión migratoria: las Islas Griegas y los Balcanes. Bien es verdad que, en número globales, por la ruta griega entraron en Europa 82.000 personas de forma ilegal, mientras en los Balcanes la cifra se redujo a 14.000 y en Canarias no llegó a los 3.000.
Pero en crecimiento porcentual, la ruta atlántica vio duplicarse el flujo de personas que decidió aventurarse en pateras o cayucos hasta su costa. Un incremento superior al resto, el año en que el Frontex ha puesto en valor la significativa disminución de la presión migratoria total sobre Europa: "El número de cruces fronterizos irregulares detectados en las fronteras exteriores de la Unión Europea el año pasado cayó al nivel más bajo desde 2013, debido a una disminución del número de personas que llegan a las costas europeas a través de las rutas del Mediterráneo central y occidental".
Los datos preliminares de 2019 dados a conocer estos días por el Frontex muestran una caída del 6% a lo largo del conjunto de fronteras exteriores de la UE. Lo que significa que atravesaron sus fronteras poco más de 139 000 personas de forma ilegal. La cifra representa un 92% por debajo del número récord de llegadas que se registró en 2015, el año en que el Mediterráneo se desbordó. Canarias representa un mínimo porcentaje de esas 139.000 personas que trataron de entrar en la UE el pasado año. Sin embargo, el incremento apunta a una reapertura de la ruta canaria que algunos expertos venían anunciando desde 2016.
La movilidad humana
A partir de esos años, los centros de detención de inmigrantes han proliferado en Europa de forma paralela a la proliferación de fronteras. También los dispositivos para gestionar tanta movilidad humana, filtrarla y seleccionar quién va a ser excluido, en ocasiones de forma temporal y otras de forma permanente. Pero hay dos debates que no terminan de calar ni en España ni en Europa: el primero es cómo regular los flujos migratorios para que una mayoría llegue a través de rutas legales, que contribuirían de este modo a reducir el lucrativo negocio del tráfico de personas. Y otro, cuál es la capacidad de asimilación de inmigrantes de los países.
Solo Portugal está afrontado el fenómeno migratorio con políticas que van más allá del control de fronteras. De hecho está tomando decisiones y poniendo en marcha iniciativas que van incluso contracorriente, aprobando un proyecto de ley que agiliza la legalización de los ciudadanos extranjeros indocumentados. La ley portuguesa no concede ninguna importancia al hecho de que los inmigrantes hayan entrado de manera irregular ni penaliza si han permanecido en condiciones no del todo claras. Y, priorizando "la dimensión humana" ha beneficiado ya a 35.000 extranjeros.
España precisaría, por su parte, una media de 270.000 inmigrantes anuales de aquí al 2050 para contrarrestar el envejecimiento de su población: "Nuestro mercado laboral va a necesitar, con toda seguridad, un complemento migratorio, una entrada de perfiles laborales que no se van a poder cubrir con las personas que están aquí", según la secretaría de Estado de Migraciones. Consuelo Rumí realizó estas afirmaciones al tiempo que defendía la necesidad de "no centrar los esfuerzos en tratar de detener la migración, sino en crear las condiciones para convertirla en una oportunidad y para que emigrar sea una opción y no una necesidad".
Los datos recabados por el Defensor del Pueblo en uno de sus últimos informe señalan, sin embargo, que España ordenó echar en 2017 a cerca de 20.000 inmigrantes de los 28.637 interceptados en las fronteras cuando trataban de acceder al país de forma irregular. Así como que el Gobierno ejecutó finalmente la devolución de 5.272, es decir del 18% del total, mientras al 34% de los llegados en patera se les recluyó en un Centro de Internamiento de Extranjeros.
De ahí que, según las organizaciones no gubernamentales que trabajan con ellos, haya una palabra que repiten mucho los inmigrantes llegados a España: "Suerte". Al azar, aseguran, marca su futuro en un sistema en el que la libertad llega a depender simplemente de si hay plazas o no en un Centro de Internamiento de Extranjeros cuando desembarcan en la costa. Si en ese momento quedan sitios libres, son encerrados hasta un máximo de dos meses. Y si no, se quedan en la calle.
En Canarias, pese a que las cifras son aún francamente asimilables, ya se han vivido estas situaciones "aleatorias". Y también algunas extremas, como las que han representado esta semana las dos mujeres embarazadas que han perdido a sus hijos a consecuencia de la travesía. Tres lustros después de que las Islas se convirtieran en una de las principales zonas calientes de presión migratoria, los datos del Frontex ponen en evidencia que, más allá de los números, las Islas son (y previsiblemente seguirán siendo) un puente entre dos sociedades separadas por una brecha socioeconómica y poblacional que no logra regularse.
