Los pensionistas volverán a obtener sus medicamentos gratis y recuperarán el dinero abonado por ellos a partir del próximo viernes. El Ejecutivo regional ha encontrado la fórmula para eliminar el copago a los jubilados con rentas inferiores a los 18.000 euros después de no renovar el decreto 78/2019, aprobado en mayo por el anterior Gobierno de CC, que regulaba la gratuidad de los fármacos y que expiró el pasado 31 de diciembre. El Ejecutivo presidido por Ángel Víctor Torres (PSOE) aprobará un decreto ley que regle un complemento a las pensiones para evitar que los jubilados sigan echando mano a sus bolsillos hasta que el nuevo Gobierno central dé el carpetazo definitivo al copago farmacéutico puesto en marcha por el PP hace ya ocho años.
Aunque el Ejecutivo regional valoró tres opciones para evitar que los pensionistas del Archipiélago con ingresos por debajo de los 18.000 euros siguieran pagando por las medicinas prescritas por sus médicos, el Gobierno finalmente optó por la opción del decreto ley en materia de Seguridad Social complementaria -como ya hecho Baleares- por tratarse de una fórmula sólida desde el punto de vista jurídico, inmediata en su aplicación y que garantiza el carácter retroactivo.?Así lo explicó ayer el portavoz y consejero del Ejecutivo regional,?Julio Pérez, al término del Consejo de Gobierno.
El decreto ley no versará de forma específica sobre el copago farmacéutico porque la doctrina del Tribunal Constitucional sitúa la definición de las prestaciones sanitarias dentro de las competencias del Estado. Una vez que el Consejo de Gobierno apruebe la norma -previsiblemente el próximo jueves- y sea publicada en el Boletín Oficial de Canarias (BOC) al día siguiente, la medida entrará en vigor.
Devoluciones
La Consejería de Sanidad ya se ha puesto manos a la obra para tener para entonces listo el mecanismo de devolución.?Será en las propias farmacias donde los jubilados afectados recuperen el dinero que haya salido de sus carteras para costear sus tratamientos desde el primer día de este mes.?Los servicios informáticos del Gobierno trabajan con los colegios de farmacéuticos en la activación de una "pestaña" en la receta electrónica para detectar a los jubilados que ya hayan pagado y proceder al reintegro.
A los pensionistas canarios que estaban exentos de pagar un máximo de 8,23 euros al mes por los medicamentos -un total de 292.458 con ingresos inferiores a los 18.000 euros- les cogió por sorpresa la activación del copago. Tanto la consejera de Sanidad, Teresa Cruz, como Julio?Pérez defendieron que la vía de la subvención escogida por el anterior Ejecutivo para eliminar el copago "no parece la más adecuada". No solo por la obligación de presentar la declaración de la Renta en la próxima campaña en caso de que el incremento patrimonial del pensionista beneficiario supere los 1.000 euros, sino también porque, según mantiene el Ejecutivo, algunos jubilados podrían quedar excluidos de la ayuda por cuestiones "que poco o nada tienen que ver con una prescripción sanitaria de tratamiento o con el nivel de renta del perceptor".
Expediente sin informes
La titular de Sanidad aseguró que el expediente del decreto elaborado por CC se tramitó sin los informes pertinentes.?Cruz apuntó a que no contaba con el informe de la Intervención General de la Comunidad Autónoma, que no existe tampoco documento alguno de los servicios jurídicos y que no pasó por la comisión de secretarios de generales técnicos.
La consejera de Sanidad alegó, asimismo, que pese a que no se informó a los pensionistas que a partir del día 1 de este mes tendrían que pagar por sus medicamentos, sí se había comunicado a las farmacias el fin de la subvención. En cualquier caso, la responsable política explicó que si el Gobierno hubiese escogido la vía de la subvención para evitar el copago, había que esperar a la entrada en vigor de los presupuestos de este año para realizar una nueva convocatoria.?Cruz expuso que no era posible realizar una tramitación anticipada porque para eso es necesario que exista una partida presupuestaria disponible. "No era el caso, teníamos un déficit significativo", recalcó.
El decreto impulsado por el ?anterior Ejecutivo incluía una disposición sobre la continuidad de las subvenciones. En ella encomienda al Servicio Canario de la Salud hacer un seguimiento y evaluación de los índices de adherencia a los tratamientos por parte del colectivo beneficiado para determinar su continuación en el próximo ejercicio presupuestario. Cruz señaló que no se creó ninguna comisión y que, por tanto, no se realizó ninguna evaluación. "No se ha hecho porque eso tenía que tener vinculación con la historia clínica y no se hizo esa previsión", apuntó.
La otra vía que el Gobierno actual estudió y también descartó para compensar el copago es la de las prestaciones, como ya hiciera País?Vasco y la Comunidad Valenciana en su momento.?Esta opción, sin embargo, fue tumbada por la justicia al tratarse de una competencia estatal.
