10 de enero de 2020
10.01.2020

Las casas que construirá el Gobierno dan respuesta a un 20% de la demanda

El Ejecutivo pide la colaboración de las administraciones locales y el sector privado para incrementar el parque de viviendas que prevé ejecutar en los próximos cuatro años

09.01.2020 | 19:29
El consejero de Vivienda, Sebastián Franquis

Las alrededor de 2.200 viviendas que pretende construir el Gobierno de Canarias darán respuesta a algo menos del 20% de la demanda registrada en las Islas, que se sitúa en 12.000 personas. Esa es la razón por la que el Ejecutivo regional ha recabado la colaboración de las administraciones locales -ayuntamientos y cabildos- y de los empresarios para ampliar esta cifra y conformar una oferta de inmuebles suficiente para atender las diferentes necesidades que plantea la población de las Islas, tanto de los colectivos más vulnerables como de las familias que no pueden acceder a una vivienda pública porque superan los ingresos mínimos para ello pero carecen de los recursos suficientes para hacerse con una residencia en el mercado privado.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, mantuvo ayer la penúltima de las reuniones que ha celebrado para presentar el Pacto político y social por el derecho al acceso a una vivienda digna, que se plasmará en un plan, el séptimo de la etapa democrática en esta materia, que su departamento prevé presentar a finales de febrero. La diferencia con los documentos anteriores, recalcó Franquis, es, precisamente, que este "parte de un pacto entre todos".

El encuentro tuvo como interlocutores a diferentes asociaciones y organizaciones no gubernamentales de la provincia de Santa Cruz de Tenerife -Cáritas, Nuevo Futuro Tenerife, Provivienda, Plataforma Anti Desahucios y Asociación Asistencial Vicocasa-, cuya cooperación para llevar a cabo los objetivos del plan es "fundamental", puesto que "llegan a sectores a los que es difícil que la administración pública pueda llegar de forma eficaz y directa", señaló el consejero.

La mayor parte de las promociones que pretende llevar a cabo el Gobierno se dirigirán al alquiler, sobre todo al social. Mediante los acuerdos con el sector privado se tratará de poner en el mercado viviendas a un precio asequible para esos ciudadanos que se han topado con las barreras que representan los precios del mercado libre. "Estoy convencido de que muchas familias que piensan en comprar estarían dispuestas a pasarse a este plan", afirmó Sebastián Franquis. Para poder participar en la iniciativa, los constructores han pedido estímulos y facilidades -"alguna que otra figura fiscal", en palabras del titular del departamento- que el Ejecutivo parece en condiciones a asumir.

Si el número total de unidades que finalmente podrán construirse al amparo del plan está aún por definir, también lo está su financiación. El Gobierno ha incrementado en un 20% sus presupuestos en materia de vivienda, pero si el resto de las administraciones y los empresarios se sumaran estaría dispuesto a ampliarlos aún más. Para ello, ha pedido a los ayuntamientos no solo que cedan suelo, sino también que aumenten sus dotaciones presupuestarias. Lo mismo solicitarán a las corporaciones insulares, con las que hoy culmina la ronda de contactos. "Pedimos a los cabildos, que reciben recursos de la Comunidad Autónoma, que ya que el Gobierno prioriza la vivienda, ellos también lo hagan", indicó Franquis.

Los primeros movimientos del Ejecutivo buscan afrontar la emergencia habitacional de las familias "en proceso de desahucio". A través de un concurso público se han comprado casi treinta casas -una parte de ellas a la Sareb, el conocido como banco malo- y ahora se negocia con promotores y bancos para seguir ampliando este parque, destinado a ofrecer una "solución provisional" a los desalojados de sus viviendas.

Los principales problemas en materia de vivienda se localizan en las áreas metropolitanas, así como en los sures de las islas capitalinas y en las más orientales. Sin embargo, el plan también contemplará, a sugerencia de la Federación Canaria de Municipios (Fecam), la compra o construcción de inmuebles en "determinados municipios pequeños para afrontar que no se queden vacíos".

Ante la inquietud de los colectivos sociales de Las Palmas, con los que Franquis se reunió el miércoles, el consejero anunció que el desarrollo del plan será evaluado en una mesa de seguimiento que se reunirá cada seis meses con participación de la administración, las empresas y las ONG.

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