El Ministerio del Interior pretende reforzar la asistencia humanitaria y sanitaria a los migrantes que llegan al Archipiélago en pateras y cayucos, después de que este fenómeno haya crecido en Canarias un 70 por ciento en el pasado año respecto a 2018, frente a un considerable descenso en la denominada ruta del Estrecho. Ayer se desarrolló una reunión de carácter técnico entre funcionarios de dicho departamento del Gobierno del Estado para recopilar información sobre los flujos migratorios hacia el Archipiélago y poder afrontar con garantías una respuesta adecuada a lo mismos. En el encuentro se abordaron otros asuntos, como la situación actual en los principales países de origen, tanto del Magreb como de la región subsahariana; la oportunidad de reforzar el control y la vigilancia en varios enclaves de las costas occidentales africanas o, por ejemplo, el funcionamiento y las características que deberían tener los centros de internamiento de extranjeros (CIE), tras las críticas sobre el modelo vigente.
Sin fecha para la visita
Por ahora no hay fecha para la visita que el ministro del Interior, bien Fernando Grande-Marlaska o bien quien ocupe esta cartera en el nuevo Ejecutivo de Pedro Sánchez, realice a la Comunidad Autónoma para conocer de primera mano cuáles son las necesidades de las administraciones del Archipiélago en esta materia. Grande-Marlaska trasladó al presidente canario, Ángel Víctor Torres, su intención de desplazarse a las islas para valorar la labor que se lleva a cabo con los migrantes que llegan en las condiciones más precarias. Con carácter previo, el titular de Interior deberá estudiar los informes surgidos de la reunión celebrada ayer y saber el alcance de las mejoras que se puedan aplicar en cada ámbito.
La Delegación del Gobierno ya cuenta, desde finales del pasado año, con once propuestas más de ayuntamientos de diferentes islas que aportan recintos para acoger de forma digna a inmigrantes que han llegado al Archipiélago por vía marítima y de forma irregular en los últimos meses y que deben quedar en libertad, ya que el Gobierno de España carece de convenios de repatriación con sus países de origen. De esta manera, el Ministerio de Migraciones tiene las ofertas de un total de 21 consistorios en la Comunidad Autónoma para que estas personas puedan vivir con unas mínimas condiciones de comodidad y habitabilidad. A estas corporaciones municipales hay que sumar el Gobierno canario, el Cabildo de Fuerteventura, la Autoridad Portuaria de Las Palmas y el propio Gobierno estatal con la Casa del Marino, frente al Muelle de Santa Catalina en la capital grancanaria.
Oficio de la Delegación
A mediados de diciembre, la Delegación del Gobierno remitió un oficio a diferentes administraciones e instituciones que pudiesen poner a disposición del citado Ministerio inmuebles en los que alojar a dichos hombres y mujeres. La búsqueda de instalaciones se lleva a cabo ante la posibilidad de que en el futuro próximo aumente de forma considerable la llegada de migrantes por mar desde la costa africana.
Desde el pasado 29 de diciembre, a esta llamada de emergencia han respondido los municipios de Santa Cruz de Tenerife, Valverde (El Hierro), Garafía (La Palma), Vallehermoso, Hermigua y Valle Gran Rey (La Gomera), Tejeda, Teror, Arucas, Ingenio y Valsequillo (Gran Canaria). Con anterioridad a dicha fecha se habían sumado a esta propuesta las corporaciones locales de Las Palmas de Gran Canaria, San Bartolomé de Tirajana, Tejeda, Moya, Artenara y Firgas (Gran Canaria), Frontera (El Hierro), Puntagorda (La Palma), Antigua (Fuerteventura) y Candelaria (Tenerife).
Fuentes de la Delegación del Gobierno indican que otros ayuntamientos ya realizan trámites para la cesión de dependencias adecuadas, como puede ser llevar a sus respectivos plenos la iniciativa. Es el caso de consistorios de La Gomera, varios de Fuerteventura, como La Oliva y Puerto del Rosario, por ejemplo, así como de distintas corporaciones de Lanzarote.
