La medida estrella del acuerdo de Nueva Canarias con Mariano Rajoy, la famosa bonificación del 75% de los billetes aéreos, va camino de convertirse en una medida estrellada, si el sistema de controles públicos concluye del mismo modo que algunas voces más o menos influyentes que se hacen oír estos días. Por ejemplo la del portavoz de la plataforma Canarios Sin Alas Fernando Cabrera, quien sostiene que "la subvención no solo no está acercando a los residentes a la Península, sino que está alejando a los no residentes de las Islas". Pero, sobre todo, la del presidente en funciones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, que intervino en el Parlamento de Canarias recientemente y soltó lo siguiente: "Los precios bonificados se traducen en una subida de precios y en un aumento de la cuenta de resultados de los accionistas. Eso pasa siempre, así que ustedes sabrán por dónde quieren ir".
Que algunos canarios no residentes y el propio superregulador cuestionen la subvención en sí, y no las prácticas presuntamente fraudulentas que hacen las compañías aéreas de ella, es una perversión más del propio sistema. Y una muestra de la permisividad, lentitud y/o ineptitud de sus mecanismos de control. Sobre todo cuando las mejoras que hay que defender tienen que ver con Canarias (aunque en este caso beneficia también a otras comunidades o ciudades autónomas). Porque lo que está sucediendo actualmente en torno al impopular 75% no es, ni mucho menos, nuevo. Se ha producido en otros momentos históricos y en relación a otros sectores estratégicos para las Islas, además del aéreo, que también están subvencionados por el Estado (como la telefonía y el sector eléctrico) o la propia comunidad autónoma (en el caso del régimen especial de los combustibles).
Antecedentes
De hecho, no es la primera vez que las compañías aéreas están en el punto de mira por el uso abusivo de su posición estratégica en Canarias. En 1997, apenas cinco años después de la liberalización del transporte aéreo, se inició contra varias aerolíneas un procedimiento parecido al que se está produciendo actualmente: primero con quejas de los usuarios; posteriormente por denuncia de las instituciones públicas; después por la intervención de los órganos de control y, en última instancia, de los judiciales.
En 2007, diez largos años después de las primeras denuncias, el Tribunal de Defensa de la Competencia ordenó el pago de varias multas por concertación de precios en el mercado aéreo de Canarias contra Iberia-Aviaco, Air Europa y Spanair, por un importe total de dos millones de euros. De esta manera daba cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Supremo, después de un proceloso procedimiento en el que las compañías aéreas se defendieron como gato panza arriba sosteniendo, por activa y por pasiva, que no se habían puesto de acuerdo para subir los precios. Igual que ahora.
Aquella batalla judicial concluyó, sin embargo, acreditando "la existencia de una conducta restrictiva de la competencia, consistente en alcanzar acuerdos interlínea" entre las citadas compañías, suscritos el 25 de abril del año 1997 y que infringían la Ley de Defensa de la Competencia. La legislación de entonces y la actual prohíben "los acuerdos que tengan por objeto, produzcan o puedan producir el efecto de impedir, restringir o falsear la competencia. Y en particular los que consistan en la fijación, de forma directa o indirecta, de precios".
El tribunal incluyó en su pronunciamiento una petición para que "se vigile el funcionamiento del mercado aéreo regular nacional de pasajeros". Y el entonces consejero de Transportes del Gobierno canario, Juan Carlos Becerra, afirmó que "la sentencia revela la indefensión de Canarias frente a al Estado, que dio la callada por respuesta ante nuestras demandas sobre la actitud contra la competencia de las líneas aéreas ahora condenadas".
El cohete y la pluma
La sospecha de acuerdos y prácticas concertadas, que atentan claramente contra el interés de los consumidores, planea también sobre otras actividades económicas de alto valor estratégico. Entre ellas ocupa un capítulo aparte el precio de los combustibles y el oligopolio de las gasolineras en las Islas. En plena crisis económica, a partir de 2012, la Comisión Nacional de la Competencia sostuvo que los precios de los productos petrolíferos se comportaban como plumas en el aire, cuando el barril se abarataba, y como cohetes cuando se encarecía. Fue la gráfica metáfora con la que el órgano supervisor explicó un fenómeno que afectaba a todo el territorio español, pero que en el Archipiélago presenta curiosas peculiaridades y paradojas.
Así, pese a la fama de contar con la gasolina más barata del país, lo cierto es que el precio de los carburantes, antes de impuestos, ha llegado a ser el más alto de España y de toda la Europa que paga en euros. Esta fue al menos la conclusión a la que llegó la Cámara de Comercio de Gran Canaria, que en 2015 presentó una denuncia, aún sin resolver, ante la CNMC: "Antes de impuestos, la gasolina se paga en Canarias a 68,61 céntimos el litro y a 69,31 céntimos el gasóleo, por encima de media de España (52,80 y 57,90) y de la media de la eurozona (54,40 y 58,50 respectivamente)".
Solo el PSOE, a través del diputado regional y experto en lucha antifraude corporativa, el hoy presidente del Parlamento autonómico Gustavo Matos, solicitó medidas urgentes al Gobierno de Canarias. Y acusó entonces al Ejecutivo nacionalista de "mirar a otro lado en su obligación de averiguar si se están produciendo prácticas contrarias a la competencia y de defensa de los consumidores en cuanto al posible pacto de precios de los combustibles". Matos recordó que "existen denuncias de usuarios, consumidores y organizaciones empresariales acerca de supuestas prácticas contrarias a las normas de la competencia en algunas estaciones de servicio, que habrían establecido un pacto de precios que debe ser perseguido". A día de hoy, un lustro después, la situación no ha cambiado. ¿Por qué?
Canarios sin memoria
No faltan informes e inspecciones que confirman los diagnósticos sobre sospechas de oligopolio en un mercado cautivo como el canario. Lo que no se hace es actuar en consecuencia a la hora de sancionar al defraudador, que no es el usuario-beneficiario de las cuestionadas subvenciones sino las compañías intermediarias que los transportan en sus aviones o les suministran el combustible para que ellos lo hagan por tierra en sus propios vehículos.
Ni el Gobierno canario ni el Estado han actuado cuando ha estado en sus manos, pero tampoco los órganos de control. El ministerio de Fomento constató, a través de su Observatorio de Precios, que se había producido una subida de un 24% de media de los billetes aéreos tras la entrada en vigor de la subvención del 75%. Y a día de hoy, sigue esperando por hasta tres informes más para decidir si actúa y cómo: uno de la Universidad Pompeu Fabra; otro de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal y el de la propia Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, cuyo presidente en funciones opina de los canarios: "Ustedes sabrán". Y se ha sumado por último el Tribunal de Cuentas, que ha abierto una investigación de oficio.
Tras apenas año y medio de vigencia, el descuento del 75% de las tarifas aéreas está en cuestión. Nació ya gafado: primero se entendió como "un privilegio de los canarios para viajar". Cuando cayó Rajoy y llegó el Gobierno socialista, el ministro de Fomento José Luis Ábalos no hizo más que poner piedras en el camino para su cumplimiento. Y cuando por fin echó a andar a base de presión, canarios desmemoriados tiran piedras contra su propio tejado, olvidando que la subvención permite cumplir con un derecho el REF: que los residentes canarios sean tratados como si vivieran en territorio peninsular y no a más de mil kilómetros de distancia.
