En Barcelona, a pocos metros de La Rambla, el Ayuntamiento ha terminado el primer edificio de vivienda pública de alquiler de España realizado con contenedores marítimos. El gobierno de Ada Colau ha optado por esos alojamientos provisionales para albergar a personas con especial vulnerabilidad de forma temporal a la espera de un piso definitivo de promoción pública.

El consejero de Obras Públicas, Transportes y Vivienda, Sebastián Franquis, estudia esta fórmula que ya se ha utiliza en varias ciudades europeas -Ámsterdam y Copenhague- para dar cobijo de forma temporal a personas necesitadas en las Islas hasta la contrucción de promociones públicas, que llevan sin realizarse en las Canarias desde hace seis años y casi ni se han impulsado en los últimos quince. Franquis prevé construir 2.200 viviendas en la legislatura y se está reuniendo con ayuntamientos y cabildos- para que aporten suelo- y el sector privado para "multiplicar esta cifra". De hecho, acaba de firmar un convenio de colaboración ´con la alcaldesa de Santa Cruz de Tenerife, Patricia Hernández, para la próxima construcción de 100 nuevas viviendas sociales en la capital de Tenerife, dentro del Plan Estatal de Vivienda 2018-2021. Para su construcción, que se prevé iniciar el próximo año, el Gobierno regional destina una partida cercana a los 11 millones de euros.

En estos momentos la consejería está redactando el plan canario de vivienda donde se establecerá las promociones que puede poner a disposición de los solicitantes -un total de 17.023 personas en la actualidad- así como las actuaciones para promover la oferta de viviendas en arrendamiento y, en particular el alquiler social, impulsar el acceso a los jóvenes y mayores y potenciar la movilización de las viviendas vacías -138.262 en la actualidad-.

Pacto por la vivienda digna

Para ello, ha puesto en marcha el Pacto Social y Político para la Vivienda Digna en Canarias, que presentó en el Parlamento, y que está en fase de recoger propuestas de las corporaciones insulares y municipales y del sector privado para, posteriormente, incorporarlas en el plan canario de vivienda. Entre estas medida estudia los pisos contenedores como los de Barcelona. Son 12 viviendas de una y dos habitaciones, de 30 y 60 metros cuadrados, y la idea es que la estancia de sus habitantes sea de entre dos y cinco años, hasta tener un piso definitivo cuya construcción ronda esos años. Las obras comenzaron hace cuatro meses con un coste de 940.000 euros, ideados para que sean energéticamente sostenibles. Pese a los detractores, el Ayuntamiento de Barcelona defiende esta solución y ya prepara más promociones para jóvenes y mayores. En Canarias podría también ser una propuesta más para entre las que se ha comprometido a realizar el consejero socialista Sebastián Franquis para erradicar los problemas de vivienda en las Islas.

Seis ejes estratégicos

Los objetivos del Pacto se traducen en seis ejes estratégicos y propuestas concretas de actuación. Canarias es la región española que registra un mayor número de hogares que viven en régimen de alquiler. En total, un 34,5% de las familias isleñas arrendadas frente al 23,9% nacional y los precios de los pisos no paran de subir. El consejero propone incrementar la dotación para las ayudas al alquiler social, la creación de una Bolsa de Vivienda que podrá nutrirse tanto de agentes públicos como privados para el arrendamiento a precios asequibles, además de ayudas para rehabilitar con criterios de sostenibilidad y su puesta en alquiler e, incluso, estudia la creación de una prestación complementaria de vivienda. Se trataría de una prestación periódica económica, articulada como un complemento de la Renta de Ciudadanía para los gastos de alquiler de la vivienda.