Asomado a la puerta de su modesta habitación, Mahmud Fall deja la frase en el aire. "No es un crimen, volveremos a intentarlo", asegura. Este guía turístico en paro es uno de los supervivientes del último naufragio de un cayuco en la llamada ruta canaria, que tuvo lugar frente a las costas del Sahara Occidental a principios del pasado mes de diciembre y que costó la vida a más de un centenar de jóvenes. Más de la mitad procedían de Barra, un pequeño pueblo de Gambia de calles de arena y mucha pobreza en el que los jóvenes sueñan con esa Europa que ellos perciben llena de brillo y oportunidades cuya entrada más próxima es Canarias.

El joven Fall pone voz a la tendencia más reciente de la emigración clandestina desde África occidental hacia Europa que supone la reapertura de una puerta que, aunque no se cerró nunca del todo, lo cierto es que en este 2019 ha vuelto por sus fueros. La llegada de inmigrantes a Canarias por vía marítima irregular recuperó el pasado año cifras de hace una década, alcanzando las 2.644 personas frente a las 2.250 de 2009, muy lejos aún de los guarismos de la llamada crisis de los cayucos cuando sólo en 2006 llegaron a las Islas nada menos que 32.500 personas, pero reflejando una tendencia al alza contrapuesta a la caída en las llegadas por el Estrecho.

El Backway, la puerta trasera, así llaman en Gambia a la emigración clandestina hacia Europa. La Aventura es el nombre que recibe en Malí o en Senegal. ¿Por qué de nuevo Canarias es el escenario de llegadas de cayucos desde la costa africana? ¿Qué ha cambiado? ¿Volveremos a vivir escenas como las de 2006 y 2007, con Salvamento Marítimo trabajando a destajo, durísimos naufragios y campamentos provisionales en prácticamente todas las Islas? Vale la pena detenerse en las cifras, el contexto y la evolución del fenómeno en estos diez años:

La crisis de los cayucos de 2006 y 2007 tuvo su origen en la mejora de las relaciones hispano marroquíes a partir de 2004. Cuando Rabat decidió cortar la salida de pateras, una de sus primeras consecuencias fue el desplazamiento hacia el sur de los intentos de llegar al Archipiélago. Fue como si se abriera una inmensa puerta, los jóvenes de los países costeros ya no tenían que atravesar el inmenso desierto del Sahara en un viaje de meses o incluso años. En 2005 aparecieron los primeros cayucos en Canarias y los puntos de salida ya no eran el sur marroquí y el Sahara Occidental, sino Nuadibú, en Mauritania, y toda la costa senegalesa desde Saint Louis hasta la Casamance, a más de 2.000 kilómetros de las Islas.

La llegada de unas 50.000 personas solo en 2006 y 2007 y las dificultades inherentes a una peligrosa ruta que provocó decenas de naufragios y cientos de muertos propició una auténtica ofensiva diplomática española con los países del litoral africano que fructificó en la materialización de los dos ejes en los que se sustenta la política de control migratorio: vigilancia policial en los puntos de partida, que incluyó donación de patrulleras, formación y presencia de agentes españoles de la Guardia Civil y la Policía Nacional en Senegal, Mauritania, Gambia y Guinea Bissau; y acuerdos de repatriación en un contexto de mejora de las relaciones bilaterales.

Falta de expectativas

Todo ello logró cortar de raíz la salida de cayucos. Pero las migraciones, que son líquidas, comenzaron a fluir hacia Libia a medida que ese país se hundía en el caos y la guerra. Entre 2010 y 2017 las cifras de llegadas a Canarias se mantuvieron siempre por debajo de las mil personas. Los sucesivos gobiernos de España se vanagloriaban del "éxito" de su "política de gestión de las migraciones" e incluso lo vendían ante Europa como la panacea. Sin embargo, la falta de expectativas de decenas de miles de jóvenes africanos que aspiran a una vida mejor para ellos y sus familias es un elemento inmutable en esta ecuación.

En los últimos dos años y a medida que las cosas se han ido poniendo más feas en la ruta libia, convertida en un auténtico infierno para los migrantes con secuestros, violaciones, torturas y trata de personas, las otras vías que pasan por el salto a las vallas y la patera en el sur peninsular o los cayucos hacia Canarias se han vuelto a activar. Eso sí, con menos intensidad porque la cooperación policial y los acuerdos de colaboración con Mauritania y Senegal siguen vigentes.

Pero faltaba cubrir un flanco: Gambia. Aunque este país tiene una reducida franja costera es desde su litoral desde donde han zarpado los últimos grandes cayucos llegados a Canarias en noviembre y diciembre. Hace una década se alcanzó un acuerdo con las autoridades de este país que incluyó la donación de patrulleras y se ha trabajado de manera conjunta, pero lo cierto es que las relaciones con la entonces dictadura gambiana no eran fáciles. Sin embargo, las cosas han cambiado y desde 2017 hay un nuevo régimen democrático presidido por Adama Barrow.

Ya en enero del año pasado, el ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, se trasladó hasta Banjul y alertó de la necesidad de firmar un convenio entre ambos países para abordar el control migratorio. Poco después, en marzo, fue el ministro de Exteriores, Josep Borrell, quien acudía a Gambia para mostrar la predisposición española a reforzar dicha cooperación. Sin embargo, la interinidad del Ejecutivo español unida a la fragilidad del momento político que vive este país africano han sido dos de los factores que han impedido avanzar. Los árboles de la tendencia de los últimos dos años no debe impedirnos ver el bosque de las cifras globales.

La cooperación con Senegal y Mauritania prosigue y, previsiblemente, el modelo se extenderá a Gambia e incluso Guinea. Dos mil quinientas personas están muy lejos de 32.500 y nada hace pensar en un pico como aquel sin que ello suponga que las circunstancias en origen o la inestabilidad política en España, donde la amenaza de una extrema derecha más represiva se ha materializado, puedan cambiar rápidamente las cosas. Hay que asumir que la llegada clandestina de migrantes es un fenómeno estructural. Más de 25 años de llegada de pateras a Canarias son la mejor lección.

Mientras no haya un crecimiento inclusivo que dé oportunidades a los jóvenes en los países africanos y la respuesta europea se siga sustentando en la represión sin alternativas, las pateras, los cayucos hacia Canarias y los naufragios van a continuar. El vicepresidente de la Comisión Europea, el griego Margaritis Schinas, uno de los encargados de diseñar la arquitectura europea frente al inmenso reto migratorio, hasta ahora un auténtico fracaso, lo resume así: "Mientras no tengamos un sistema de migración legal, empujamos la ilegal". Habla de cambiar las reglas comerciales, de visados, de becas. Falta saber si Europa tendrá el coraje político de hacerlo.