02 de enero de 2020
02.01.2020

El reto de 2020: ley de renta ciudadana

Aunque los datos siguen dejando a Canarias a la cola, el año recién concluido pasó a la historia como el ejercicio en que se renovó la ley de 1987, con los servicios como derechos subjetivos

01.01.2020 | 22:13
Ángel Víctor Torres, presidente de Canarias, durante el pleno en el que se aprobó el presupuesto de Canarias.

Como cada año electoral y en el que acaba una legislatura, Canarias vivió un 2019 con gran actividad legislativa antes de los comicios de mayo. De todas las normas aprobadas en unos meses de marzo y abril de absoluto frenesí, destaca la de Servicios Sociales. No solo porque se llevaba varias legislaturas intentando actualizar la de 1987, sino porque los servicios, las entidades del llamado tercer sector, los profesionales y hasta otras leyes claves, como la de Dependencia, habían cambiado el panorama nacional desde hacía mucho. Lo bueno es que hubo consenso final y una ley denominada de "última generación".

Aunque ya han surgido discrepancias, sobre todo por la exclusión de los 55 millones preceptivos en cada año, 2019 pasará a la historia normativa de Canarias como el ejercicio en el que el Parlamento regional renovó y amplió al máximo la ley de Servicios Sociales de 1987. Los seis grupos de entonces (CC-PNC, PSOE, PP, Podemos, NC y ASG) profundizaron tanto en los cambios con consenso final que los residentes isleños ya pueden reivindicar estos servicios que reconoce la norma como derechos subjetivos, lo que supone un salto cualitativo respecto a otras leyes similares de otras comunidades.

Este punto resulta clave y compensa en buena parte el gran retraso que sufrió esta renovación de la ley que aprobó el primer Gobierno de Jerónimo Saavedra cuando se acababa la legislatura de 1983 a 1987. Durante casi 4 mandatos, la cámara ha escuchado a diversos presidentes y consejeros del área anunciando una nueva norma de Servicios Sociales, pero siguió sin aprobarse. De hecho, Fernando Clavijo y Patricia Hernández la incluyeron en su pacto de junio de 2015 como una de sus máximas prioridades y el presidente hasta se atrevió a augurar en su discurso de investidura que se contaría con ella a finales de ese 2015 o principios de 2016.

Sin embargo, la norma continuó haciéndose de rogar y la ponencia creada para su debate y redacción vivió numerosas reuniones y el paso de una considerable cifra de especialistas en distintos ámbitos hasta que, el 26 de marzo, casi sin mucho más margen plenario, el parlamento aprobó el nuevo texto por unanimidad.

Eso sí, los actuales grupos de la oposición (CC, PP y Cs) ya han criticado que los presupuestos para 2020 incumplan precisamente la norma estrella de 2019 y casi de todo el mandato anterior (quizás con la salvedad de la del suelo, aunque con mucho más impacto) al excluir los 55 millones que, según el texto, debe destinar el Gobierno de turno a costear esta norma en cada ejercicio desde ahora.

El Ejecutivo lo justifica, en parte, en que aún se ha de aprobar el reglamento que desarrolle la ley, al tiempo que resalta el aumento de las partidas sociales en diversos ámbitos, el refuerzo de la PCI o la futura ley de renta ciudadana. Sin embargo, la controversia está servida y la complejidad y amplitud de la renovación normativa promete muchos encontronazos entre el Gobierno y la oposición por este motivo.

La nueva norma fue fruto del trabajo y consenso de todos los grupos, pero los propios partidos reconocieron las aportaciones especiales de las diputadas Elena Luis (CC) y María Teresa Cruz Oval (PSOE), actual consejera de Sanidad. Según lo aprobado, la ley requiere de una financiación de unos mil millones de euros a costear en doce años. Además, insta a elaborar un plan contra la exclusión social para erradicar la pobreza en el plazo de un año, con especial atención a la infantil, y fijaba otros 18 meses para la renta básica o de ciudadanía, que el nuevo Ejecutivo pretende cumplir a finales de este 2020.

El trabajo en la Cámara le dio prioridad a contar con ficha financiera y no solo tuvo muy en cuenta la exclusión social, sino la dependencia, la diversidad funcional, las víctimas de violencia machista y la infancia. También se primó la cofinanciación con los cabildos y ayuntamientos para que estas instituciones no se vean obligadas a costear o atender servicios que no les corresponden por competencias, si bien uno de los fuertes en comparación con otras regiones es el catálogo de prestaciones, de los más completos del país según todos los partidos que la apoyaron.

"Derechos subjetivos"

Unos servicios que son ahora "derechos subjetivos" de los residentes en las Islas, como la educación o la sanidad, y que se alejan de la visión "asistencialista", según se puso de relieve, sobre todo por los partidos de izquierdas. Esto hace que cada ciudadano pueda reclamar a la administración por incumplir sus derechos. La norma, además y según destacó en su momento Elena Luis, prevé la creación del Consejo Canario de Servicios Sociales y regula también la atención de las situaciones de urgencia en el ámbito social.

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