Cruz Roja ha comenzado a habilitar los espacios cedidos por ayuntamientos y otras instituciones para albergar a los migrantes tras el aumento de la llegada de pateras desde las costas africanas. Aún así, la entidad precisa más inmuebles pues muchos de los que reciben necesitan rehabilitación o acondicionamiento. El repunte de llegadas de migrantes preocupa a las ONG y a las instituciones aunque ni por asomo llega a la cifra de la crisis de los cayucos, cuando solo en 2006 arribaron a Canarias 31.859 personas por vía marítima y lograr alojarlos se convirtió en una odisea.
Este año el número de migrantes se ha duplicado con respecto a 2018, mientras que en el conjunto de España se ha reducido en un 50% por el cierre y control de la vía del Estrecho, lo que ha abierto la ruta de Canarias desde países como Marruecos, Senegal, Mauritania o Gambia, aunque las condiciones marítimas del Atlántico sean más peligrosas. En 2019 se han contabilizado 2.623 personas llegadas desde África, la cantidad más alta de la década y el doble que en 2019 -con 1.307 migrantes-, sin contar a las 50 personas que arribaron a Fuerteventura y La Graciosa ayer, el primer día del año.
Solo el fin de semana pasado vinieron a Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote siete pateras con 208 migrantes, entre ellos una quincena de menores, incluidos dos bebés. Cruz Roja, que es la principal ONG encargada de recibirlos en la costa y darles cobijo, ropa y comida sigue necesitando más plazas para la asistencia humanitaria urgente, aunque después de la llamada de la Delegación del Gobierno en Canarias para que las instituciones cedan espacios 18 ayuntamientos de las Islas, el Cabildo Fuerteventura y la Autoridad Portuaria hayan contestado.
El problema son las condiciones de inhabitabilidad de los inmuebles. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria acaba de ceder el nuevo edificio de Protección Civil, en El Polvorín, que está aún sin inaugurar y se remodeló para situaciones excepcionales. Según el presidente de Cruz Roja en Canarias, Antonio Rico, carece de camas y literas y cuesta tiempo ponerlo a disposición de los inmigrantes.
El desmantelamiento de los espacios habilitados tras las crisis de los cayucos, incluso los cierre de los CIE, al ir reduciéndose el numero de migrantes tras esos años álgidos, ha provocado esta situación de carencia y que se requieran con urgencia nuevos centros.
Cruz Roja cuenta con una decena de sitios, como la Casa del Marino, donde residen unas 200 personas a las que atiende esta organización. Actualmente, la entidad da cobijo a unas 650 personas en Canarias, sobre todo en Gran Canaria, pero también en Lanzarote Fuerteventura y Tenerife. Aparte de este tipo de alojamientos, centros deportivos o colegios, cuenta además con hoteles, hostales y albergues. Todo para evitar que vuelva a ocurrir que duerman en la calle como sucedió en el pasado octubre, o que separen a familias, principalmente madres e hijos, como sucedió en diciembre con tres mujeres. Debido a que el CIE de Fuerteventura se encontraba cerrado fueron trasladadas a un calabozo con el resto de los migrantes mayores de edad, mientras que a sus bebés, por decisión de la Fiscalía de Menores y por seguridad de estos, decidieron dejarlos bajo custodia de las autoridades.
Otro de los casos que se presentó en la capital grancanaria fue el pasado 30 de octubre en el que más de una treintena de migrantes fueron puestos en la calle por la falta de plazas. Los jóvenes se vieron sin un lugar dónde dormir y se acercaron al parque Santa Catalina para pedir a la Policía Local, a través de señas, que les dieran comida y agua. En Tenerife, la alerta por la falta de espacios saltó a finales de octubre. Salvamento Marítimo rescató a más de 150 ocupantes de un cayuco y los trasladó al puerto de Los Cristianos. Este grupo alteró la oferta de plazas y, en muy pocos días, profesionales y voluntarios de Cruz Roja Española tuvieron que emplearse a fondo para acondicionar las dependencias del centro que esta ONG posee en el núcleo de La Montañeta, en Garachico. También hubo otros migrantes en diciembre que tuvieron que pernoctar en el parque Viera y Clavijo, en Santa Cruz de Tenerife, ante la falta de centros para acogerlos.
Una vez que estás personas llegan de forma irregular a las Islas son detenidas y puestas a disposición judicial, a excepción de enfermos, menores y mujeres. Permanecen hasta 72 horas dentro de los calabozos para luego ser trasladados a un centro de acogida. Si España tiene convenios de readmisión con los países de origen - Senegal, Marruecos, Argelia y Mauritania- son expulsados en un plazo de 60 días. La mayoría de los que están en los CIE son personas que van a ser devueltas y los naturales de países sin convenios ocupan gran parte de las plazas de Cruz Roja y de otras organizaciones. Son personas "inexpulsables", y se quedan en un "limbo legal", explica Juan Carlos Lorenzo, coordinador territorial de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR) en Canarias.
Esta organización tiene 38 plazas de atención humanitaria que gestiona el Ministerio de Trabajo. Su idea es ampliar el número en enero. Se dedican a hacer una atención humanitaria integral de forma que a los migrantes se les enseña el idioma y tienen asesoramiento legal para su posible integración en las Islas o su tránsito a la Península y, desde allí, dar el salto a Europa, el deseo de la mayoría de los que vienen. Los centros de CEAR están completos y con un cierto nivel de sobreocupación. Allí están tres meses.
La situación de las personas que no se pueden expulsar es un verdadero drama. Para obtener documentación se exigen unos requisitos "tan leoninos que son difíciles de cumplir", expone. Deben tener un arraigo social de tres años y, una vez cumplidos, un contrato laboral de un año.
Pero en esos tres años al carecer de documentación es complicado que se les contrate, con lo que o bien retornan voluntariamente a sus países, dan el salto a la Península o pasan a engrosar las personas con exclusión social. Para ir a la Península tienen que lograr una especie de visado que da la Policía. Lo que ocurre es que ese papeleo tarda y estas personas se quedan en las calles porque la estancia en los centros de emergencia, como Cruz Roja, no supera los tres meses.
