La expansión que pretende Marruecos en el océano Atlántico no es la primera ampliación de fronteras marítimas a la que aspira un país ni será, a todas las luces, la última. Numerosos Estados han protagonizado en los últimos tiempos disputas por el dominio de sus aguas colindantes, ya sea por la riqueza mineral de su suelo submarino, por el interés pesquero de las mismas o por un simple afán de dominación de un área estratégica. La mayoría de pretensiones chocan con el derecho internacional y, a menos que se llegue a un acuerdo entre los países implicados en esas modificaciones fronterizas, son galimatías que en su mayoría naufragan por su difícil solución. Tanto en el Egeo, en el Pacífico, en el Caribe o, incluso, en el mar de China Meridional, se encuentran ejemplos de disputas enraizadas.

La decisión de Marruecos de ampliar su frontera marítima mediante la aprobación de dos proyectos de ley en una comisión parlamentaria a mitad de mes ha puesto en guardia al Gobierno canario y al Estado. Las iniciativas, que siguen su curso, no solo sirven al reino alahuí para anexionarse las aguas del Sáhara Occidental, sino que también colisionan con intereses del Archipiélago en un amplio espacio al suroeste de las Islas. Justo en la zona en la que están ubicadas las llamadas abuelas de Canarias, un conjunto de montes submarinos ricos en telurio -en especial Tropic- por los que España y Marruecos han mostrado interés en su explotación, si bien los expertos aseguran que son prácticamente "inexplotables".

El ministro de Exteriores del Gobierno marroquí, Naser Burita, insistió esta misma semana en que su país está "en su derecho soberano" de delimitar su espacio marítimo y apuntó a que otros países ya lo han hecho, sin citar a ninguno de ellos, sin pedir ningún tipo de autorización. Si bien Burita siempre ha mantenido la puerta abierta al diálogo y sostiene que Marruecos "no busca ir más allá de sus derechos" ni "imponer un hecho consumado", las intenciones del país vecino han suscitado preocupación en el Ejecutivo regional, que ha señalado en varias ocasiones que no va a permitir que se toque "ni un milímetro" de las aguas canarias.

Sin un acuerdo previo entre ambos países, las fronteras marítimas quedan definidas por la mediana, una línea imaginaria equidistante entre ambas orillas y que en varias ocasiones ha salido a la palestra en intentos fallidos de establecer una linde negociada. Esta regla es, precisamente, la que se suele aplicar en todo el mundo como decisión salomónica para evitar conflictos.

Los países tienen soberanía sobre el mar territorial, el espacio marítimo que queda atrapado en las doce primeras millas (22 kilómetros) a partir de su costa. Desde ese límite comienza otra parcela mucho más extensa que la anterior. Hasta las 200 millas siguientes (322 kilómetros) cada país puede establecer la Zona Económica Exclusiva (ZEE), como es el caso de España con Canarias, para ejercer el derecho de soberanía para fines de exploración, explotación, conservación y ordenación de los recursos naturales del lecho y el subsuelo del mar.

A partir de ahí los estados pueden solicitar ampliar su mar soberano 150 millas más si hay informes jurídicos, geográficos y oceanográficos que avalen que ese territorio submarino es una continuación del anterior. Aunque ahora Canarias tenga puesta la mirada en Marruecos, el Archipiélago está pendiente de la resolución de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la petición que España registró en 2014 acerca de la ampliación hasta las 350 millas de la plataforma continental. La solicitud choca con intereses de Portugal -e incluso del Sáhara Occidental-, al afectar al área de influencia de Madeira y situarse entre ambos archipiélagos las Islas Salvajes, sobre las que el país luso quiere profundizar su dominio.

Chile, según recuerda el catedrático de Geografía Humana de la Universidad de la Laguna (ULL), Juan Francisco Martín, fue el primer país en ampliar su espacio marítimo en el Pacífico por intereses pesqueros entre los años 80 y 90. Una pretención, expone, que fue aceptada por la ONU porque no chocaba con los intereses de ningún otro país. "No molestaba a nadie y no quitaba nada a nadie", apunta.

Como regla general, los estados ribereños del Mediterráneo han mantenido una "actitud de abstención" a la hora de reivindicar zonas económicas exclusivas, tanto para preservar la libertad de navegación, el acceso a los recursos pesqueros y evitar conflictos de delimitación en un mar "relativamente estrecho", según recoge un estudio del Parlamento europeo de principios de esta década. Sin embargo, este sentir generalizado no ha impedido que en ocasiones se hayan generado fricciones, más aún si entra en liza la cuestión insular. "La existencia de islas de un Estado cerca de las costas de otros limita la posibilidad de ampliar las jurisdicciones nacionales y puede ser fuente de conflictos", destaca el documento.

Así, por ejemplo, Italia y Libia no han llegado a un acuerdo de delimitación en el entorno del Golfo de Sirte, en el que se encuentra próximo, además, Malta, el único Estado archipelágico del Mediterráneo. Precisamente la justicia fue la que determinó con un línea equidistante la frontera marítima entre Malta y Libia ante la falta de acuerdo entre ambas partes para fijar una frontera. Más difícil es dibujar una mediana en las aguas entre Grecia y Turquía, salpicadas de islas, islotes y peñas que echan por tierra cualquier propuesta de delimitación.

El Caribe tampoco está libre de conflictos. En 2015, por ejemplo, Venezuela se embarcó en una pugna con Colombia al determinar, mediante un decreto unilateral, su espacio marítimo. En él incluyó aguas del Golfo de Coquibacoa o de Venezuela en disputa por ambos. Y justo al otro lado, en el mar de China meridional, también hay fricciones. Taiwán, Brueni, Malasia, Vietnam, Filipinas y China reclaman para sí parte de este espacio marítimo en el que se mecen las islas de Spratly y Paracels. La estampa también está conformada por bancos de arena, arrecifes y cayos, un encuadre en el que el valor de los recursos naturales y la posición geoestratégica de la zona actúan como principales reclamos.

Conflictos de alta mar

España-Portugal: Ampliación en Canarias

España solicitó en 2014 ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU) la ampliación de su plataforma continental en Canarias, una petición pendiente de resolución. En la propia solicitud, el Estado reconocía solapamientos con intereses de Portugal y el Sáhara Occidental.

Colombia-Venezuela: Golfo de Coquibacoa

Hace cuatro años Venezuela aprobó un decreto por el que estableció su espacio marítimo de forma unilateral. Dentro de sus fronteras marítimas incluyó aguas del Golfo de Coquibacoa o de Venezuela, como también se le conoce, que estaban en discusión con el Colombia.

Grecia-Turquía: Mar Egeo

Establecer una mediana en el Mar Egeo para dividir las aguas de Grecia y Turquía resulta una tarea complicada por las numerosas islas, islotes y peñas que salpican el Mar Egeo. No solo para la delimitación de la plataforma continental, sino también, incluso, de su mar territorial. En las últimas décadas este asunto ha generado varios conflictos.

Mar de China meridional: Pugna de seis países

La situación geostratégica de las islas Spratly y Paracels, situadas en el Mar de China meridional, y el valor de los recursos naturales de la zona han propiciado que China, Taiwán, Brueni, Malasia, Vietnam y Filipinas reclamen para sí parte de este espacio marítimo.

Libia-Italia: Aguas en torno al golfo de Sirte

La proximidad de intereses marítimos entre Libia e Italia han generado fricciones entre ambos países, que han buscado un equilibrio en el que también entra en juego Malta, el único Estado archipelágico del Mediterráneo, por su proximidad al entorno del golfo de Sirte.