El Gobierno de Canarias ha autorizado una inversión de 21,3 millones de euros para financiar los servicios sociales comunitarios a través del Plan Concertado de Servicios Sociales, el programa de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y el apoyo a la gestión de la Ley de Prestación Canaria de Inserción, mediante la tramitación anticipada para el año 2020.
Esto supone un incremento de 1,69 millones respecto a 2019, un 10,86% más, lo que permite el aumento del personal técnico en los Ayuntamientos que gestionan la PCI, dando respuesta a la modificación de la ley que permitirá atender a 5.000 nuevas unidades de convivencia.
Así, la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y la Federación Canaria de Municipios suscribirán próximamente el Protocolo General de Actuación para dar continuidad a la realización de los programas que vienen desarrollando por los ayuntamientos canarios en el ámbito de los servicios sociales de atención primaria.
Para ello, se dictará una Orden para que se apruebe, mediante tramitación anticipada, el gasto correspondiente a las aportaciones dinerarias relativas al año 2020 a favor de los ayuntamientos canarios.
Anticipación de plazos
Con esta tramitación anticipada se han adelantado los plazos respecto al año 2019 permitiendo a los ayuntamientos contar antes con la financiación para los programas contemplados en el Plan.
Precisamente, y con el fin de agilizar los tiempos, desde Derechos Sociales se está ya trabajando para gestionar el Plan Concertado a través de un convenio plurianual que permita agilizar la financiación de los servicios sociales comunitarios.
El Plan Concertado para el desarrollo de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales constituye el pilar básico del sistema de protección social y conforma la red de servicios sociales de gestión local.
Estos recursos están dirigidos a toda la población y entre sus objetivos están el de informar y orientar sobre derechos y recursos; realizar prevención e inserción social y familiar; prestar ayuda a domicilio a personas y familias que padecen situaciones que lo requieren; dar prestaciones de alojamiento y convivencia a las personas sin hogar.
Finalmente, también incluye prestaciones específicas a colectivos, se financian los centros de servicios sociales, centros de acogida, centros de día o centros ocupacionales de titularidad municipal.
