Canarias ha evitado en el último momento la sanción por el retraso acumulado en la elaboración y aprobación de los planes hidrológicos de segundo ciclo de las siete islas. La Comisión Europea (CE) comunicó hace unos días el cierre del caso, pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) había condenado en septiembre a España -y, por ende, al Archipiélago- a través de una sentencia que finalmente no será ejecutada.
La resolución del Ejecutivo comunitario culmina un procedimiento que arrancó a finales de 2016, diez meses después de que concluyera el plazo para la elaboración de los planes hidrológicos de cuenca de los territorios insulares. Entonces la CE remitió un dictamen a las autoridades españolas en el que demandaba la adopción de las medidas necesarias para cumplir la normativa de la Unión. Poco después, a mediados de 2017, el Gobierno canario se vio obligado a asumir de forma temporal las competencias en esta materia, que corresponden a los cabildos, ante la incapacidad de las administraciones insulares de culminar los trámites en un plazo razonable. Este paso permitió agilizar el proceso, de manera que entre septiembre de 2018 y enero de 2019 los siete documentos estaban finalizados.
"Se ha hecho mal la tarea"
"Es una fantástica noticia", aseguró ayer el director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Ejecutivo autonómico, Víctor Navarro, quien, aunque admite que las instituciones europeas reconocen que en las Islas "se ha hecho mal la tarea", finalmente se ha actuado con "bastante diligencia" para salvar los obstáculos. La presentación de los planes hidrológicos de cuenca de segundo ciclo, vigentes para el periodo comprendido entre 2015 y 2021, ha dado paso al diseño de los de tercer ciclo, previstos para 2021-2027, en el que Canarias ha tomado la delantera. "Vamos avanzados y podremos ser de las primeras regiones de España en tenerlos", afirma Navarro.
Mayores problemas hay con los planes de riesgo de inundación, cuya redacción también compete a los cabildos y para los que julio de 2020 es la "línea roja", advierte el director general de Planificación Territorial, Transición Ecológica y Aguas del Gobierno regional. Como ocurrió en su momento con los planes hidrológicos de segundo ciclo, el estado de la tramitación es muy desigual entre unas islas y otras. También al igual que entonces, La Gomera es la más adelantada, mientras que Gran Canaria sufre la mayor demora.
La Comisión Europea inició en marzo de 2018 un procedimiento por el incumplimiento de la normativa comunitaria y ha apercibido a España y, por lo tanto, a Canarias, que vuelve a correr el riesgo de sanción. Poco después -y aún en la anterior legislatura-, el Ejecutivo autonómico comenzó a trabajar con los cabildos y a prestarles asesoramiento técnico, aunque las competencias continúan en manos insulares.
La sentencia
La decisión de la Comisión Europea de archivar el procedimiento contra España se produce apenas dos meses después de que la Justicia comunitaria desestimara los argumentos planteados por el Gobierno español, que aducía que los primeros planes hidrológicos de cuenca fueron aprobados en Canarias en 2015, y no en diciembre de 2009 -el plazo fijado-, por lo que su actualización -el objeto de los planes de segundo ciclo- debía tener un plazo "razonable". "Esa interpretación -sentenció el TJUE- tendría como efecto introducir una diferencia de trato entre los Estados miembros en función de si han respetado o no el plazo establecido para la publicación inicial de los planes hidrológicos de cuenca y, por lo tanto, sería fuente de inseguridad jurídica".
En sus alegaciones ante el Tribunal de la Unión Europea, la Administración canaria alegó el "esfuerzo y predisposición" del Gobierno para cumplir el compromiso de aprobar todos los planes de segundo ciclo, así como la "transparencia" en la información facilitada a la Comisión. También detalló las medidas concretas en que se materializaron sus buenas intenciones: la aportación de 1,5 millones de euros para apoyar la tramitación de estos instrumentos, la remisión trimestral de los informes de seguimiento y el desarrollo de procesos de participación, información y consulta pública, entre otros aspectos.
