Tras casi cuatro horas, sin muchas sorpresas respecto a la última comisión a puerta cerrada, con los típicos errores y risas por lo proceloso del debate y las infinitas cifras, y con papeles cambiados respecto a los últimos años, los grupos en el Parlamento de Canarias dieron ayer el último paso antes de que, este viernes, se aprueben de forma definitiva las cuentas regionales para 2020. Los partidos que arropan al gobierno (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG) rechazaron la inmensa mayoría de las enmiendas de CC-PNC, PP y Cs y aprobaron las propias presumiendo de cuentas sociales, con lo que se ganaron una censura habitual hasta ahora contra CC y sus socios coyunturales: recurrir al rodillo para imponer su presupuesto aunque se disimule con una pretendida apuesta por el consenso.
La primera en usar el término "rodillo" fue la portavoz de Cs, Vidina Espino, a quien de poco le valió que el cuatripartito le recordara que le han aceptado su enmienda para reforzar la deducción fiscal para las familias por gastos educativos. Eso sí, con una reducción de sus pretensiones, ya que Cs quería 100 euros por cada hijo y, al final, se mantendrá esa cifra por el primero y 50 por cada uno de los sucesivos por unidad familiar. Para Espino, que no se tuvieran en cuenta las correcciones de su grupo sobre presión fiscal o servicios básicos demuestra que el gobierno solo ha querido imponer un proyecto económico que, según dijo, elaboró Román Rodríguez "hace dos años" y que no es bueno en la actual coyuntura general.
En una línea similar, pero más crítico, se pronunció Fernando Enseñat (PP). El diputado majorero recalcó que a su grupo apenas se le han respaldado una decena de sus más de 200 enmiendas y que lo mismo ocurre con las 650 del conjunto de la oposición. Asimismo, negó la apuesta social de la que alardea el 'Pacto de las flores' y recordó, por ejemplo, que el 60% de los 352 millones más para gastos sociales irán a personal para abonar las carreras profesionales y las reducciones de jornada.
Por CC, Socorro Beato censuró que, de 80 enmiendas al articulado de la ley, solo se han aceptado 5 técnicas y dos de ellas sugeridas por la mesa. A su juicio, las cuentas le dan la espalda a los empleados públicos, a los cabildos y ayuntamientos con el Fdcan y a los sindicatos por no respetar los acuerdos sobre listas de empleo. José Miguel Barragán también censuró que no se apoye el 4,65% de gasto en educación, que no estén los 55 millones de la ley de Derechos Sociales o que se suba el IGIC sin saber si habrá nueva financiación autonómica posibilidad que ve muy remota por la aritmética en el Congreso.