La Asociación de Empresarios Constructores y Promotores de Las Palmas (AECP) respalda la estrategia en materia de vivienda presentada al Parlamento la pasada semana por el consejero de Obras Públicas, Sebastián Franquis. Los constructores ponen sobre la mesa su propio plan de choque, en el que proponen la construcción de más de 8.000 casas en suelo público y privado. Para ello, la AECP solicita al Ejecutivo autonómico que ponga en marcha un tratamiento fiscal diferenciado con el fin de reducir los costes de producción, así como un descenso del precio del suelo que permita fomentar la edificación de viviendas protegida, unas medidas que se abordaron ayer en la reunión celebrada entre los constructores y el consejero del Ejecutivo autonómico.

La construcción de nuevos edificios aplacaría la desaceleración económica que se barrunta como una negra sombra sobre los años 2021 y 2022, y que conmina a una pronta actuación, tal y como explicó la presidenta de la AECP, Salud Gil. "Necesitamos equilibrar y mantener la actividad económica y el empleo", aseguró, por lo que la inversión en vivienda se presenta como una medida que no sólo impulsaría el desarrollo económico en un futuro presumiblemente complicado, sino que además daría respuesta a la urgencia habitacional que existe en Canarias debido a que en los últimos 15 años prácticamente no se ha desarrollado ninguna actividad en este ámbito. "Estamos dispuestos a poner capital privado para la construcción de vivienda pública en arrendamiento y para atender a aquellas familias y personas que pueden acceder a una vivienda protegida pero no a una vivienda libre, como los jóvenes, las familias monoparentales y los mayores que precisan de condiciones especiales de accesibilidad", explicó la presidenta de los constructores de Las Palmas.

Alianza público-privada

Además, Gil hizo hincapié en el otro reto importante en materia de vivienda, el de la rehabilitación del parque público ya que hay más de 30.000 hogares que necesitan una intervención para ser sostenibles, lograr la eficiencia energética o alcanzar un consumo responsable del agua. "El Gobierno de Canarias tiene competencias plenas, puede hacer una normativa específica, aprovechar la sinergia del plan estatal y, además, destinar fondos propios, como me consta que van a hacer", concluyó la presidenta de la AECP.

Una serie de actuaciones que el Ejecutivo autonómico pretende realizar con la colaboración no sólo de todos los grupos parlamentarios y de las corporaciones insulares y locales, sino también del sector privado, que para Franquis juega un papel esencial en el Pacto Social y Político por el Derecho al Acceso a una Vivienda Digna en Canarias que lidera su Consejería. "Creo firmemente en la colaboración público-privada y por ello hemos puesto en marcha una ronda de reuniones con los actores económicos y sociales de las Islas", explicó. La hoja de ruta del Gobierno consiste en presentar a finales de enero un documento consensuado también con los ayuntamientos y los cabildos -que son las corporaciones que conocen la disponibilidad de suelo- para que sea aprobado por el Parlamento regional en febrero.

En esta búsqueda del consenso, las propuestas de los constructores fueron bien recibidas por el consejero regional, que anunció que se estudiará tanto la viabilidad de aprobar rebajas fiscales para la construcción de viviendas como las distintas superficies de terreno con las que cuentan para edificarlas. De hecho, Franquis adelantó que hasta que no se despejen ambas incógnitas no se podrá concretar el número de hogares que se podrán crear.

"Al suelo que tiene la empresa pública Visocan hay que sumar el de los consistorios y los cabildos porque la finalidad es construir viviendas en todos los rincones del Archipiélago", aseguró el consejero.