Los negocios le van bien al diputado de Vox por Las Palmas, Alberto Rodríguez, según consta en su declaración de bienes presentado en el Congreso tras su elección el pasado 10 de noviembre. Es de hecho uno de los parlamentarios más ricos de la Cámara, con 3,67 millones de rentas de diversa índole y naturaleza, patrimonio que debe fundamentalmente a su condición de propietario y único accionista de varias empresas con actividad en el Archipiélago, pero que complementa con importantes ingresos por sus honorarios profesionales como abogado y administrador de sociedades.
Rodríguez se codea así con lo más granado de la clase política en lo que a posición económica se refiere, como los ministros socialistas ahora en funciones Pedro Duque, Isabel Celaá y María Luisa Arcedo; las exministras del PP Isabel García Tejerina y Elvira Rodríguez, el también popular Adolfo Suárez Illana; el dirigente de Vox Iván Espinosa de los Monteros, y el diputado de Ciudadanos (Cs) y ex directivo de Coca Cola Marcos de Quintos, que son algunos de los que mayor patrimonio y rentas han declarado.
El diputado de Vox por Las Palmas divide en varios conceptos el montante de su patrimonio. Declara en primer lugar unos ingresos de 120.000 euros por su actividad profesional, de ellos 36.000 euros de honorarios como abogado, y los 84.000 restantes en concepto de "remuneración como administrador de sociedades", supuestamente las de su propiedad, Inventia Factory SL, Frosua Blue Star SL, Garabato SL y Desarrollos Tecnológicos Inventia SL. En cada una de las dos primeras declara tener participaciones por valor contable teórico de 3,5 millones de euros, y de 6.924 euros, respectivamente.
Inventia Factory SL, su principal proyecto empresarial, se dedica a la explotación de franquicias relativas a la gestión de establecimientos comerciales especializados en la venta de helados y la elaboración y venta de toda clase de vinos y bebidas, según consta en el registro mercantil; en relación con Garabato SL, un centro de educación infantil , y con Desarrollo Tecnológicos Inventia SL, una consultora para instituciones públicas y privadas en el campo de las nuevas tecnologías, en ninguna de ellas concreta el valor monetario de su participación.
El tercer ámbito de procedencia del patrimonio declarado por Alberto Rodríguez se refiere a su participación en los fondos de ahorro y de inversión de la aseguradora profesional Mutualidad de la Abogacía, en la que dispone de un PIAS (Producto Individual de Ahorro Sistemático) de 3.385 euros, así como de un fondo de 41.160 euros.
Finalmente, en la declaración de bienes al Congreso, el diputado de Vox por Las Palmas reconoce ser propietario en pleno dominio de trece locales comerciales en la provincia oriental, así como de dos plazas de aparcamiento. También una vivienda, dos plazas de aparcamiento y un trastero de su entera propiedad, así como dos vehículos de gama alta, un BMW 330xi, y un Mercedez-Benz V250.
Contrasta con esta situación económica y patrimonial el estado de sus depósitos bancarios, de solo 1.217 euros. Rodríguez declara haber pagado de IRPF el ejercicio pasado un total de 30.884 euros. Por otro lado, detalla deudas bancarias por valor de 603.899 euros, de ellos 383.723 por un crédito hipotecario de ING Direct, un crédito personal de 30.000 euros, y tres avales sobre préstamos hipotecarios que suman más de 190.000 euros.
El otro diputado canario de Vox, Rubén Dario Vega, está en el lado opuesto de la balanza. El diputado tinerfeño, capitán de la Marina Mercante recién jubilado, declara unos rendimientos brutos del trabajo de 25.645 euros, sin tributación alguna de los mismos en concepto de IRPF.
El resto de los nuevos diputados electos el 10-N, Auxiliadora Pérez, diputada del PP por Las Palmas, declara los ingresos percibidos como senadora, que no especifica pero que rondan los 70.000 euros brutos, y 7.200 euros por el arrendamiento de un local.
Pedro Quevedo, diputado de NC por Las Palmas, declara un sueldo mensual de 3.421 euros como concejal del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, 331 euros de trienios como médico del Servicio Canario de Salud, y dietas de 400 euros por sesión por asistir a las juntas de la Empresa Municipal de Aguas. Tiene 34 acciones del Banco Santander por un valor aproximado de 135 euros. Pagó 18.326 euros de IRPF y es propietario de un piso y una plaza de garaje en la capital grancanaria.
El otro único diputado nuevo en esta legislatura es Sebastián Ledesma, del PP, electo por Santa Cruz de Tenerife. En su caso, declara unos ingresos de algo más de 53.000 euros por distintos cargos en el Cabildo de Tenerife, y una pago por IRPF de 12.315.
Por los demás, Ana Oramas y Victoria Rosell, diputadas de CC y de Unidas Podemos respectivamente, son del resto de los15 representantes canarios en el Congreso quienes mayores sueldos percibieron el año pasado. La portavoz nacionalista percibió unos ingresos totales 98.799 euros entre sus sueldo como diputada (84.980) y los 13.819 euros que declara ha recibido de su partido por gastos de representación, mientras que la retribución declarada por Rosell, 97.809 euros, corresponde íntegramente al sueldo que percibió en 2018 por su cargo como magistrada.
