Las convocatorias de oposiciones realizadas por la Comunidad Autónoma desde 2015 se han convertido en un laberinto burocrático para la Administración, un lío para los sindicatos y un problema para los opositores que, a día de hoy, aún no han tomado posesión de sus plazas pese a superar las pruebas o que, ya trabajando, sus nombramientos como funcionarios de carrera o personal estatutario tampoco se han efectuado. Solo en el ámbito de la Administración General el Ejecutivo reconoce que hay 263 aspirantes pendientes de nombramiento y que solo 89 ya tienen su plaza en propiedad. Si a esta situación se le une lo que está sucediendo en Educación -con más de 2.000 docentes que no han sido nombrados definitivamente- y en Sanidad -con llamamientos pendientes desde 2016- son más de 3.000 los opositores que han superado las oposiciones pero no tienen su plaza publicada ni han tomado posesión de la misma.
El Gobierno regional se ha visto superado ampliamente por el volumen de opositores que han concurrido en estos últimos cuatro años a los procesos selectivos que se han convocado. Para muestra un botón: para las ofertas de empleo público de 2015 y 2016 se presentaron 22.276 aspirantes para 658 plazas. Cuatro años después de la publicación de la primera oferta de empleo en siete años hay aún 40 procesos selectivos en marcha por cinco que han finalizado con sus nombramientos, mientras que un proceso quedó desierto.
La magnitud de la problemática que han generado las sucesivas convocatorias que se han producido en estos años puede llegar incluso a la petición de responsabilidades patrimoniales a la Comunidad Autónoma por parte de los afectados, así como indemnizaciones por daños y perjuicios. El incumplimiento reiterado de plazos ha sido la tónica dominante en el último año, lo que ha perjudicado a aquellos aspirantes de diferentes categorías que siguen a la espera de acceder a su puesto de trabajo tanto por turno libre como por promoción interna. Un ejemplo son los opositores que han aprobado el acceso al Cuerpo de Gestión de la Administración, Escala Gestión General (grupo A, subgrupo A2), que han calculado en unos 124.000 euros el coste que le puede suponer a la Comunidad Autónoma que no les hayan nombrado todavía para acceder a su plaza.
El Ejecutivo también admite que de las ofertas convocadas en 2015, 2016 y 2017 aún quedan por convocar ocho procesos selectivos, mientras que las pruebas de ingenieros industriales, de montes, agrónomos, minas, telecomunicaciones y caminos están paralizadas pendientes de recursos presentados ante los tribunales.
Ante la que se le viene encima, la Administración autonómica aprobó recientemente el decreto 6/2019, ya convalidado por el Parlamento, con el que se intenta tomar medidas urgentes para ordenar este caótico escenario. Los opositores pendientes de tomar posesión de su plaza lo harán de forma provisional hasta que se solucionen los nombramientos definitivos y este periodo computará como tiempo trabajado a efectos de antigüedad y derechos laborales. Asimismo, el Ejecutivo se cura en salud y se da un nuevo plazo límite -julio de 2021- para finalizar los procesos selectivos de las ofertas públicas de empleo que están todavía en marcha.
El enredo burocrático en el que se encuentra el ámbito de la Administración General también llega a Educación y Sanidad. Los profesores de Secundaria que accedieron a una plaza en las oposiciones de 2018 todavía no tienen sus nombramientos como funcionarios de carrera publicados en el boletín oficial como es preceptivo. Por su parte, los que superaron las pruebas en la oposiciones del cuerpo de maestros en junio de este año tampoco tienen publicado a día de hoy su nombramiento oficial como funcionarios en prácticas y la resolución que regula las citadas prácticas. En total son más de 2.000 docentes los afectados por estos problemas administrativos.
Esta situación también está bloqueando directamente las listas de empleo de aquellos opositores que no han tenido plaza pero sí pueden engrosar las listas para que sean llamados a trabajar como interinos y sustitutos.
En Sanidad la Consejería aprobó hace unos días con el visto bueno de los sindicatos la oferta de empleo público de 2019 cuando ni siquiera están cubiertas al cien por cien las convocatorias de los tres últimos años, con un total de más de 7.000 plazas. Lo más sorprendente es que tampoco está cerrada definitivamente la OPE sanitaria de 2007, de hecho la pasada semana fueron nombrados los especialistas en odontoestomatología procedentes de esa oferta de empleo público, algo inaudito en una convocatoria de este tipo y que ha afectado a miles de personas.
