El Ejecutivo regional prepara una ley escoba en la que medita incluir la modificación de la Ley de Cabildos para que los presidentes insulares puedan designar a dedo a los altos cargos de sus corporaciones en caso de que los servicios jurídicos del Parlamento den carpetazo definitivo a la enmienda presentada por el pacto al proyecto de ley de presupuestos para lograr tal fin. El Consejo de Gobierno aprobó ayer dar luz verde a la tramitación de un anteproyecto de ley de medidas administrativas, económicas y sociales para introducir cambios puntuales en diversas normativas, entre las que se encuentran la ley de Carreteras, la de Renovación y Modernización Turística o la de Servicios Sociales, aprobada hace apenas siete meses. Si bien el cambio necesario para permitir la elección a dedo de los directores generales de los cabildos aún no está previsto en la ley que el Ejecutivo impulsa ahora, este será, con toda probabilidad, el camino a recorrer por el cuatripartito para alcanzar la modificación promovida por la Fecai y defendida por el PSOE.
El portavoz del Ejecutivo canario y a su vez consejero de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, Julio Pérez, apuntó que el debate en cuestión ha surgido en el Parlamento vía enmienda y que son los grupos parlamentarios los que se deben pronunciar sobre el camino a seguir. "En este momento el Gobierno no debe pronunciarse", apuntó, a la vez que recordó a su vez que el Ejecutivo presentó el proyecto de presupuestos desprovisto de adiciones que no sean estrictamente presupuestarias. "Pero eso no impide que los grupos presenten enmiendan", insistió.
Tanto el Tribunal Constitucional como el Consejo Consultivo ya se han pronunciado en diversas ocasiones en contra de que se utilicen los presupuestos para cambiar normas ajenas a la propia ley presupuestaria. Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias, por ejemplo, ha advertido en varias ocasiones que ese camino trata de sortear la vía legal y que, en cualquier caso, la eliminación del artículo en la Ley de Cabildos que fija la obligación de convocatoria pública para la designación de los cargos directivos no implica que desaparezca la obligación porque es una reproducción de una normativa estatal de carácter básico, por lo que la imposición permanece.
La inclusión de esta enmienda generó fricciones entre los partidos del pacto de las flores aunque finalmente el PSOE, que siempre ha defendido el cambio legislativo, impuso su mayoría.
NC no quiere prisas
En Nueva Canarias hay destacados dirigentes que quieren evitar las prisas y garantizar que la modificación se haga de tal forma que no se produzcan choques con la ley básica estatal, una posición similar en la que se encuentra la Agrupación Socialista Gomera de Casimiro Curbelo. Podemos, por su parte, siempre se ha mostrado a favor de fomentar la profesionalización de la Administración a través de la elección de los altos cargos en base al mérito y a la experiencia, pero acató la decisión al asumirlo como un acuerdo de Gobierno. No obstante, tras el freno impuesto por los letrados del Parlamento a la enmienda, el portavoz de Podemos en el Parlamento, Manuel Marrero, celebró la vuelta a la "normalidad" y defendió la búsqueda de otras alternativas para impulsar el cambio, como la modificación de la propia Ley de Cabildos para debatirla en el Parlamento.
Aunque Pérez insistió ayer que tienen que ser los grupos parlamentarios los que se pronuncien sobre el futuro de esta propuesta, las prisas de algunos cabildos para que ésta salga adelante -especialmente de los liderados por el PSOE con Dolores Corujo y Pedro Martín a la cabeza así como Antonio Morales (NC)- aviva el debate en el seno del cuatripartito.
La ley de medidas administrativas, económicas y sociales que prepara el Gobierno, a la espera de confirmarse si será finalmente la vía escogida por el pacto de las flores para seguir adelante con la modificación del procedimiento de designación de los altos cargos en los cabildos, recogerá en un primer momento cambios a una decena de normativas.
El Ejecutivo estima que en tres meses pueda comenzar el debate parlamentario de esta ley. A este tipo de norma, que abarca la modificación de diversas normativas, también se suele llamar ley ómnibus. El Gobierno canario ha decidió dejar fuera estas modificaciones de la ley de presupuestos, una práctica que antes era habitual -y que se acogían bajo el paraguas de leyes complementarias o de acompañamiento- que ha sido afeada por el Constitucional en varias ocasiones.
