Con un poco de flexibilidad sobre la hora marcada, a las 10:00 de la mañana, el registro del Parlamento de Canarias recibió y selló ayer las enmiendas de los distintos grupos al presupuesto regional para 2020. De las de los cuatro partidos que sustentan al Gobierno (PSOE, NC, Sí Podemos y ASG), sobresale la que hará que el Impuesto General Indirecto (IGIC) a las casas de apuestas suba de un 10 a un 15% en un intento de frenar su creciente y preocupante expansión por las Islas, en un fenómeno que se da en el resto del Estado en los últimos años.

Esa preocupación quedó patente el pasado lunes en una comparecencia de la viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, solicitada por NC y que evidenció la coincidencia de los grupos en que se debe adoptar cuanto antes acciones legales, de concienciación y fiscales, en línea con una PNL previa de este grupo apoyada unanimidad. La traducción inmediata de ese consenso, al menos por parte del Ejecutivo, es la enmienda número 5 de estos partidos, que suben esos 5 puntos con la única excepción a las apuestas que se hagan "sobre los deportes y juegos motores autóctonos y tradicionales definidos en el artículo 27 de la Ley 1/2019".

Luis Alberto Campos, diputado de NC, resaltó ayer la relevancia de este paso a la espera de que se modifique la ley estatal para aumentar la sanciones (de 3.000 a 10.000 euros ahora) y tomar otras medidas más restrictivas, así como la regional, que decide sobre los espacios físicos de estos recintos. Además, los grupos coinciden en la necesidad de hacer contracampañas a la publicidad existente, sobre todo en redes sociales, para concienciar a los menores y otros potenciales adictos (también del juego por internet), así como usar medios como la RTVC para contrarrestar el gran poder de un fenómeno que representa ya el 1,5% del PIB de España y en el que invierten hasta los fondos buitre.

Según los datos oficiales, en Canarias hay ahora 37 establecimientos de casas de apuestas, 25 en la provincia de Las Palmas y el resto, en la tinerfeña. También 21 bingos y 8 casinos. De 2012 a 2017, el negocio estatal subió de 300 a 475 millones y la media de edad de los jugadores bajó de 40 a una amplia franja de los 13 a los 30.

Aunque no entraron 17,5 millones que ASG quería para Visocan, los grupos gubernamentales consensuaran todas sus enmiendas y subrayan que "fortalecen el carácter social y la cohesión territorial" de las nuevas cuentas. Se trata de un total de 158 cambios con reasignaciones económicas y 28 al articulado de la ley presupuestaria. Como la del resto de partidos, se debatirán el 19 y 20 de este mes, antes de que el proyecto económico sea aprobado, salvo sorpresa inesperada, por la Cámara.

Los partidos del pacto destacaron ayer enmiendas como la que permitirá mejorar los derechos LGTBI en apoyo de la diversidad y de actividades formativos en este ámbito, aumentar la deducción en los gastos de estudios a las familias o pasar la exención del impuesto de donaciones y sucesiones del 99,9 al 96% para obtener 18 millones más de ingresos en 2020 tras los 50 menos logrados desde que, en 2016, se aprobó ese porcentaje casi del 100%. El cambio fija el tope para declarar este impuesto en 39.000 euros de renta individual o 52.000 por familia.

La enmienda para potenciar la ayudas a las familias con menos recursos permitirá que las que cuenten con varios hijos (incluidos los adoptados) no reciban 100 euros en total por los gastos educativos, sino 70 por cada uno.

Desde Podemos, Manuel Marrero destaca los fondos para el Plan Canario de Discapacidad y el de Accesibilidad Universal, implicando también a los cabildos y ayuntamientos. Asimismo, subraya el 1,5% más que se destinará a la protección y difusión del patrimonio, así como la mejora de las partidas para patrimonio documental, los 220.000 euros añadidos para recuperar el Ateneo de La Laguna y 220.000 para reabrir el círculo de Bellas Artes de Tenerife.

ASG insiste en que se trata de unas cuentas equilibradas y "las mejores en el peor momento".