La subida salarial del 2% para los empleados públicos en 2020 pactada entre el Gobierno central y los principales sindicatos estatales tendrá que esperar, lo que afecta a más de 120.000 trabajadores en las Islas. En Canarias el Ejecutivo regional ha reservado 20 millones de euros para el incremento retributivo, pero este dinero no se librará hasta que el Estado lo autorice mediante un real decreto o con la ley de presupuestos. La incertidumbre política y la indefinición de los plazos para formar Gobierno dejan sin efecto la subida al menos a partir del 1 de enero, que era lo previsto por el acuerdo firmado entre el anterior Ejecutivo del PP y las centrales CCOO, UGT y CSIF.

El Gobierno en funciones del PSOE lanzó hace unos días un jarro de agua fría a las expectativas de los funcionarios y personal laboral al confirmar que no se aprobará el incremento salarial hasta que no haya un Ejecutivo en plenas competencias, es decir, hasta que no cuaje un pacto que posibilite la investidura de Pedro Sánchez. Tal y como está el patio político nacional, la conformación del nuevo Gobierno no se prevé al menos hasta enero y será a partir de ahí cuando bien por decreto o por ley de presupuestos se aplicará el incremento.

Esta situación ha generado malestar entre las centrales sindicales firmantes del acuerdo, si bien unas se han mostrado más combativas que otras frente a la actitud del Gobierno central. Manuel Collado, presidente provincia del CSIF en Las Palmas, no entiende la actitud del ministro Luis Planas, responsable actual de Función Pública, cuando el Ejecutivo estatal ha aprobado decretos que suponen un gasto económico estando ya en funciones como es el caso de la revalorización de las pensiones o las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica. "Se trata de un argumento endeble, creemos que los empleados públicos somos utilizados como arma de presión política y de ninguna manera somos rehenes de ningún partido", critica Collado. El CSIF es el primer sindicato que ha convocado movilizaciones para exigir el incremento de los salarios desde el 1 de enero.

Desde Comisiones Obreras, el dirigente del sector público del sindicato en Canarias, José Ramón Barroso, admitió que tras la reciente reunión mantenida en Madrid con representantes del PSOE y del Gobierno se les ha garantizado que se aplicará el incremento y que si no es en enero será con efecto retroactivo. Ni CCOO ni UGT han convocado concentraciones y esperarán a cómo evolucione la conformación del nuevo Gobierno.

La Comunidad Autónoma ha reservado en el presupuesto de 2020 un fondo de 20 millones de euros para la subida retributiva de sus empleados. La directora general de Función Pública, Laura Martín, explica que esta partida está reservada pero no figura en el capítulo I hasta que el Gobierno central no autorice el incremento a través de un decreto o de los presupuestos del Estado. Para Martín hay dos opciones: o aprobar un real decreto por urgente necesidad como con las pensiones, aunque el Gobierno esté en funciones, o esperar a la investidura. "Parece que se ha optado por la segunda opción y por eso ese dinero está en la llamada sección 19 -diversas consejerías- y no en el capítulo I hasta que se pueda librar", añade la directora general.

La Administración autonómica cuenta con unos 60.000 empleados públicos, alrededor de 50.000 trabajando en sanidad y educación. La Administración del Estado tiene cerca de 23.000 trabajadores en las Islas mientras que los cabildos y los ayuntamientos contratan a unos 31.000 empleados. Además, también están afectados por un sueldo público las plantillas que dependen de organismos autónomos, entidades públicas, sociedades con participación de la Administración y las dos universidades públicas. Todos tendrán que esperar al incremento salarial mínimo del 2%, que puede subir casi un punto más en las Islas en función del PIB y del cumplimiento del déficit y de la estabilidad presupuestaria por parte de la Comunidad.