El cuatripartito que sustenta al Gobierno se escuda en el "marcado carácter político" de los directores insulares de los cabildos para que éstos sean nombrados y cesados libremente por los consejos de gobierno insulares a propuesta de sus presidentes y no a través de concursos públicos. Tras un largo e intenso debate, PSOE, Nueva Canarias, Sí Podemos Canarias y Agrupación Socialista Gomera (ASG) registraron ayer 158 enmiendas económicas y 28 al articulado del proyecto de ley de presupuestos. En el segundo paquete se encuentra la disposición final que modifica la Ley de Cabildos Insulares de 2015, impulsada desde la Federación Canaria de Islas (Fecai) y defendida, principalmente, por los socialistas y el partido de Casimiro Curbelo. Estas dos formaciones impusieron su criterio y tanto Nueva Canarias como Podemos, que en un principio eran reticentes a introducir este cambio, cedieron.

La portavoz del grupo socialista,?Nayra Alemán, descartó que se produjera un "debate tenso", si bien reconoció que se puso de manifiesto una "diferencia de posturas". En cualquier caso,?Alemán recalcó que la dinámica de la negociación se basó en llegar a puntos de encuentros, para lo que fue necesario realizar, por parte de los cuatro partidos, algunas renuncias. La portavoz socialista subrayó que el PSOE tampoco "está conforme del todo" con algunas enmiendas presentadas por otras formaciones, pero insiste en que en ningún caso se generó tensión.

Los partidos del pacto se han marcado como tarea evitar cualquier tipo de fricción que pudiera hacer tambalear el Gobierno canario y este caso no ha sido una excepción. Podemos, que siempre ha defendido la profesionalización de las administraciones y la designación mediante concurso público de los altos cargos en base a criterios de formación y mérito, acató finalmente la enmienda. Manuel Marrero, su portavoz en el Parlamento, sostiene que en el partido son?"respetuosos" con las decisiones de Gobierno. ?Y aunque reconoce que partían con una posición de "desacuerdo", la enmienda finalmente presentada "es el acuerdo al que se ha llegado", por lo que lo asumen "como tal".

La intervención desde Madrid del presidente canario, Ángel Víctor Torres (PSOE), y del vicepresidente del Ejecutivo regional, Román?Rodríguez (NC), fue decisiva para desbloquear la negociación.?Para desencallar este asunto también hubo llamadas a la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias y secretaria general de Podemos en el Archipiélago, Noemí Santana, que hace unos días dio a luz a su primer hijo.

En la justificación presentada junto a la enmienda se expone que, a raíz de la modificación propuesta, no tiene aplicación para la designación de los titulares de los órganos superiores y directivos de los cabildos el régimen jurídico recogido en el Estatuto Básico del Empleado?Público, sino el previsto para los altos cargos de la Comunidad Autónoma de Canarias.

En el?Gobierno regional los directores insulares cambian con el cese de los cargos públicos que lo han designado como tal.?Este modelo de elección es el que quieren replicar los cabildos y han sido PSOE y ASG, dentro del Ejecutivo, los que lo han defendido con más ahínco. En el caso del partido gomero,?Curbelo ha señalado a la dificultad con la que tropiezan las administraciones más pequeñas para encontrar entre los funcionarios un perfil que cumpla con todos los requisitos.

La justificación de la enmienda también recoge que las funciones que desempeñan los altos cargos de los cabildos pueden asumirse directamente por el consejero insular del área o desgajarse en un coordinador técnico o director insular. "Por ello, tienen el mismo carácter político que el órgano del que se desconcentran las competencias", apunta.

La Asociación por la Dirección Pública Profesional de Canarias?tacha esta iniciativa de "ilegal". Su portavoz,?Claudio Rivero, explica que la supresión del artículo que establece la necesidad de convocatoria pública para la elección de puestos directivos en la Ley de Cabildos no significa que desaparezca la obligación de convocarlos de acuerdo a criterios de mérito y capacidad.?Rivero expone como argumento que dicho artículo es una reproducción de una normativa estatal de carácter básico, por lo que la imposición, esgrime, permanece.

La asociación advierte también que el camino escogido para impulsar esta modificación es erróneo porque tanto el Consejo Consultivo como el Tribunal Constitucional se han pronunciado "en numerosas ocasiones" en contra de que se utilice la ley de presupuestos para cambiar normas "ajenas" a lo que está destinado la propia ley presupuestaria. Precisamente este argumento ha sido defendido por NC para acometer el debate sobre el cambio en la designación de los altos cargos por otra vía, pero renuncia ahora a él.

La designación de directores insulares sin concurso ni publicidad ha sido motivo de polémica en algunas administraciones, como en el Cabildo de Tenerife, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y en el Cabildo de Gran Canaria. En esta última administración, la justicia ha tumbado ya hasta cuatro designaciones a dedo. Destaca, además, que su presidente,?Antonio Morales (NC), sacó recientemente adelante su propuesta de aumentar los altos cargos de la institución de 19 a 25 con el voto a favor de Podemos y el rechazo del PSOE.