La comisión de ayer se cerró con la aprobación de una proposición no de ley (PNL) de Sí Podemos por la que se insta al Gobierno canario a que, a su vez, se dirija al Ejecutivo central para solicitar al Ministerio del Interior que abra una investigación interna sobre lo que ha ocurrido con la sargento de la Guardia Civil que denunció una comida de pollos de pardelas en el islote de Alegranza, en el Archipiélago Chinijo (Lanzarote).

A propuesta de CC-PNC, la iniciativa se dividió en dos partes. La primera sí logró unanimidad y consiste en la solicitud al Gobierno central de que analice los medios materiales y humanos con que cuenta el servicio del Seprona de la Guardia Civil para vigilar el Archipiélago, que tiene el 50% de su territorio protegido, y que los potencie en la medida de lo posible, con especial atención a la isla de Lanzarote. En este sentido, Sandra Domínguez (NC) cifró las plazas vacantes en unas 400 y todos coincidieron en las carencias que sufre el cuerpo para hacer una labor tan clave como compleja. De hecho, CC y PSOE apostaron por que estas competencias las puedan asumir total o parcialmente la Policía Canaria.

Donde no hubo consenso total fue precisamente en lo relativo a la sargento Gloria Moreno, ya que CC-PNC y el PP optó por la abstención al entender que solicitar una investigación de ese tipo a Interior supondría una injerencia e incumplir la separación de poderes porque aún quedan pendientes algunos procesos judiciales o expedientes que afectan a esta integrante del Seprona.

Frente a este argumento, Manuel Marrero (Podemos) recalcó que, hasta ahora, la sargento ha ganado, han sido sobreseídos o han caducado todos los procedimientos que le han abierto (hasta 8 expedientes) justamente desde que denunció una comida de pardelas, por la que fueron procesados y juzgados 19 hombres, de los que 10 resultaron condenados. A su juicio, se debe esclarecer si el proceder de los mandos en este caso ha sido regular o si el mensaje que quedará es que tengan cuidado los agentes que tratan de cumplir con su deber y con la ley vigente respecto al maltrato animal y la preservación del medio.

Marrero recordó que se han recogido hasta 140.000 firmas que piden que se haga justicia con esta guardia civil y cree que no cabe ni el silencio ni la inacción. NC, PSOE, ASG y Cs apoyaron sus tesis. ASG, además, avisó sobre la pesca furtiva y recordó que hay dos casos más de féminas de la Guardia Civil que fueron expedientadas.