La presidenta de la Asociación de Dirección Pública Profesional de Canarias (ADPC), Mónica Ramírez, acusa a la Fecai y a los grupos que apoyen el cambio en la ley de Cabildos para flexibilizar la elección de directivos insulares de recurrir a un "artificio" para intentar sortear en el futuro las sentencias que previsiblemente se dicten en contra de esas designaciones más allá del funcionariado. En declaraciones a este periódico, Ramírez sostiene que no se puede reformar esa norma "sin contenido presupuestario y por medio de la ley anual" de las cuentas. "Lo ha dicho el Constitucional, el Consejo de Estado y el Consultivo de Canarias. Lo que pretende la Fecai es un artificio, sabiendo que, de recaer fallo en contra, lo será en unos años? Muy democrático", se queja.
Según recalca, "no es posible ir contra una norma estatal de carácter básico. Esto lo conocen los cabildos promotores de la modificación legal, pero de esta manera tendrían cobertura legal para mantener las formas de designación anuladas por los tribunales. Esto ha ocurrido con nombramientos anulados por la Justicia y que fueron mantenidos en el tiempo, a pesar de su nulidad".
Aparte de recordar que el catedrático en el que se sustenta la enmienda, Rafael Jiménez Asensio, tilda el cambio de "involución caciquil", afirma que este mismo experto dijo en la reciente inauguración del I Congreso Internacional de Dirección Pública Profesional (en Sevilla) que "una alta administración tan colonizada por la política es un factor que debilita la calidad democrática de España y arrastra una imagen externa de subdesarrollo institucional". Asimismo, niega que los directores "sean políticos. Hay directivos en nuestra asociación que lo han sido bajo gobierno de diferentes partidos y eso es una clara muestra de ejercicio profesional". A su juicio, no hay transparencia si la designación "se realiza sin mediar convocatoria pública" y tampoco es cierto que resulte "complicado aplicar los criterios legales de formación, experiencia y capacidad profesional".
