El consejero de Hacienda, Presupuestos y Asuntos Europeos del Gobierno de Canarias, Román Rodríguez, calcula que en 2019 la Comunidad Autónoma recaudará unos 30 millones de euros por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, una cifra que espera aumentar en otros 18 millones en 2020.
Para ello, el Gobierno canario ha incluido en su proyecto de presupuestos para 2020 la supresión parcial de las bonificaciones por parentesco a la cuota del impuesto, establecida en el 99,9% con carácter general desde 2016.
A partir del 1 de enero, esa bonificación del 99,9% será aplicable únicamente a las cuotas inferiores a 45.000 euros y se irá reduciendo progresivamente por tramos, hasta la supresión completa de la bonificación para cuotas superiores a los 305.000 euros.
Rodríguez, que respondió en comisión parlamentaria a una pregunta sobre este asunto del diputado del PSOE Ignacio Álvaro Lavandera, afirmó que con esta nueva regulación "el 96% de los canarios" seguirá sin pagar el impuesto, pero este recupera su progresividad.
El consejero indicó que en 2015, cuando no había bonificación de la cuota, se recaudaron 86 millones de euros con el Impuesto de Sucesiones y Donaciones, cifra que bajó en 2016, cuando se recuperó la bonificación, a 50 millones.
La cifra bajó a 36 millones en 2017, fue de 43 millones en 2018 y ha alcanzado los 23 millones a 31 de octubre de 2019, por lo que a finales de año se podrían alcanzar los 30 millones a finales de año, que ascenderían a unos 48 millones en 2020 con la supresión progresiva de la bonificación, según los cálculos de Hacienda.
El consejero indicó que en su día se justificó la bonificación general de la cuota por parentesco en que así se evitaban las renuncias a las herencias por parte de familiares que no podían hacer frente al pago del impuesto, pero añadió que los datos muestran que las renuncias han aumentado a pesar de los descuentos fiscales.
Esas renuncias normalmente tienen que ver con las hipotecas que se heredan junto a los inmuebles y con los desacuerdos entre herederos, no con el pago del impuesto, apuntó.
Ignacio Álvaro Lavandera apoyó el cambio normativo propuesto por el Gobierno porque de la bonificación "total y completa" beneficia sobre todo "a los grandes patrimonios", cuando la fiscalidad, necesaria para garantizar las prestaciones de servicios públicos, debe ser progresiva.
