04 de diciembre de 2019
04.12.2019

La Abogacía el Estado frena las ayudas al agua de Canarias mientras Sánchez siga en funciones

El Gobierno regional admite que desconoce si podrá recibir los diez millones para obras de depuración del denominado "convenio chico" de obras hidráulicas

04.12.2019 | 00:40
El convenio permitió el año pasado financiar 16 obras de mejora del saneamiento o la depuración en el Archipiélago.

La Abogacía del Estado frena el abono de las ayudas para obras de depuración, saneamiento y reutilización de aguas ante la falta de un Gobierno operativo en el país. Un reciente dictamen de los juristas del Ejecutivo central apunta a que el Gobierno estatal, que se encuentra en funciones, no puede suscribir el convenio y, por ende, tampoco transferir el dinero.

El viceconsejero de Transición Ecológica, Lucha Contra el Cambio Climático y Política Territorial, Leopoldo Díaz, admitió ayer, en la comisión informativa del área, que su departamento desconoce aún si puede o no recibir los 10 millones de euros del presupuesto estatal de 2019 que le corresponden a las Islas para el denominado "convenio chico" de obras hidráulicas. Sin embargo, y ante los argumentos contrarios expuestos por Narvay Quintero (CC-PNC), reconoció que ignora si existen precedentes en los que sí se ha entregado este tipo de partidas al no tratarse de un proyecto plurianual, sino específico para un ejercicio, por lo que anunció que lo indagará y actuará en consecuencia.

Quintero señaló que el informe de la Abogacía del Estado creaba dudas a su grupo porque los traspasos a años siguientes sí se han realizado en el caso de proyectos finalistas, que es lo que ocurre con este tipo de trabajos a realizar por parte de los cabildos y los ayuntamientos. Indicó, de hecho, que existen precedentes recientes con convenios hidrológicos con las Islas que se han modificado, como el de gestión directa de Acuaes, por su carácter finalista. En este caso, el Consejo de Ministros aprobó el pasado 15 de noviembre modificar algunas de las obras previstas en Lanzarote, Gran Canaria y Tenerife por un total de 526 millones de euros.

El argumento de Quintero descolocó un poco al viceconsejero, que acudió a la comisión en sustitución del consejero, José Antonio Valbuena. Este hecho molestó, además, a CC-PNC por no habérsele notificado con antelación y porque la ausencia del titular del área ya es reiterativa.

Díaz admitió en la comisión que desconoce si, con esos antecedentes, podrían desbloquear estos 10 millones, firmarlos y recibir la partida en 2020 aunque vaya en contra de lo afirmado por la Abogacía del Estado en el dictamen que surgió tras la consulta al Gobierno central por parte del canario.

Previamente, Díaz se había comprometido a que, si el Gobierno central se formaba y dejaba de estar en funciones, reactivarían las gestiones para obtener esta partida. Eso sí, afirmó de forma categórica que mientras no se perdiera esa condición, "este convenio no se puede firmar", contundencia que luego quedó muy debilitada. Tanto, que admitió que le habían surgido nuevas dudas y que trataría de despejarlas tras hacer las pertinentes gestiones regionales o con el propio Estado.

Quintero remarcó la importancia de estas obras, pertenecientes al denominado "convenio chico". Según explicó durante la exposición de su pregunta, se trata de actuaciones que no cuentan con el calificativo de interés general para la Comunidad Autónoma, pero que resuelven muchas pequeñas demandas de los municipios que canalizan los cabildos para mejorar las infraestructuras hidráulicas, bien de saneamiento, depuración o reutilización de agua. Recordó, así, que el segundo y último de estos convenios incluyó un total de dieciséis intervenciones y que, en todos los casos, se trató de "obras finalistas que no concurren a presupuestos futuros", por lo que pone en duda que quepa aplicar en esta ocasión los argumentos de la Abogacía del Estado.

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