03 de diciembre de 2019
03.12.2019

El Gobierno de Canarias quiere un servicio como el de salud para afrontar la pobreza

La viceconsejera del área alerta de la falta de personal y aboga por emular al SCS o el SCE

02.12.2019 | 23:10
La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, durante la comisión informativa de ayer de su área.

Polémica por los 18 millones de 2018

Ejecutivo regional: Desconoce su rastro La viceconsejera se congratuló de que el Gobierno central aprobara el pasado viernes los 18 millones para pobreza en las Islas, pero remarcó en numerosas ocasiones que se trata de los contemplados en el presupuesto estatal para Canarias de 2019. Ante su reiteración, tanto el PP como, sobre todo, CC recordaron que, en tal caso, faltan 30 millones de 2018 y Martínez admitió que desconocen qué ha pasado con ese dinero.

CC-PNC y CC: Críticas a su pérdida Las explicaciones de Martínez siguieron sin convencer a Cristina Valido y Poli Suárez, que consideran que se ha perdido para siempre ese dinero. La viceconsejera, sin embargo, insistió en que el Estado se negaba a entregar los 18 de 2019 porque aún había que devolver 500.000 euros no gastados de 2017 por parte de los ayuntamientos. Explicó que, sin que fuera responsabilidad del actual Ejecutivo, buscaron ese dinero y pudieron así lograr los 18, pero desconociendo qué pasó con los del de 2018. Suárez aprovechó para aclarar que no se podía culpar a todos los consistorios y que fue por el Ayuntamiento de Las Palmas.

Destino de los de 2019: 12 millones a municipios Martínez reiteró que aún faltan 12 millones de 2019 de "otras prestaciones" y anunció que tratarán de lograrlos. Asimismo, dijo que, de los 18 que vendrán, 12 serán para los consistorios, a los que se les dará hasta octubre de 2020 para gastarlos. Otros 3 irán a los cabildos y los 3 restantes a ayudas de la consejería. Además resaltó las buenas relaciones con la ministra, lo que tampoco convenció mucho a CC y PP.

La viceconsejera de Derechos Sociales del Gobierno de Canarias, Gemma Martínez, abordó ayer, en la comisión informativa del área, la situación de la pobreza en las Islas y la respuesta que le quieren dar y afirmó que, a su juicio, lo ideal sería crear una estructura organizativa para afrontarla igual a la del Servicio Canario de Salud (SCS) o de Empleo (SCE). En sustitución de la titular, Noemí Santana, que ha dado a luz a su primer hijo (Víctor) antes de lo previsto, la segunda en el escalafón lamentó la falta de personal del área y de otras para atajar, desde lo transversal, la exclusión. Una queja que contrasta con esa estructura amplia, "pero ágil", que representan los servicios de salud o empleo.

Martínez compareció a petición del PP. El diputado Poli Suárez recordó el dato del 36% de personas en exclusión o el hecho de que Canarias se aleje en 11 puntos de la media en cuanto al riesgo de pobreza. Martínez reconoció que se trata de datos "escalofriantes" y alertó de que, como el paro, "que no baja del 20%", las Islas sufren una pobreza estructural a afrontar desde un enfoque holístico que implique a todo el Gobierno, el Parlamento y las entidades del tercer sector, entre otras.

Aunque reconoció que les gustaría disponer de más presupuesto en 2020, remarcó los 50 millones de más para, sobre todo, reforzar la Prestación Canaria de Integración (PCI) antes de que, a finales del próximo año, aprueben la renta ciudadana en cumplimiento del nuevo Estatuto. El PSC, por el contrario, los elevó a 88 millones.

Según explicó, se necesita ampliar el personal, y no solo la relación de puestos de trabajo, y eso lo facilitaría una estructura similar a la sanitaria o del SCE. "Un sistema mixto que nos permita una gestión ágil y que esté insertado en el Gobierno". También explicó que se han reunido ya con todos los consejeros insulares del área en varias ocasiones y con los ayuntamientos, salvo los de tres islas.

Si bien admitió en las réplicas a los grupos, sobre todo a Cristina Valido (CC) y al PP, que el Gobierno anterior hizo "una buena estrategia" de lucha contra la pobreza que tendrán muy en cuenta, anunció que ampliarán la PCI para llegar a 11.000 familias y recuperar a muchas de las que se quedaron fuera, sobre todo a los que tienen menores a cargo o están en especial vulnerabilidad. Para ello, prevén un plan de choque de contratación temporal ante la imposibilidad de ampliar las RPT .

Sobre ese concepto de vulnerabilidad, y ante la futura renta ciudadana, dijo que quieren aclarar bien qué se debe entender por vulnerabilidad y que, para eso, consultarán y lo consensuarán con las entidades especializadas. La primera cita será los próximos lunes y martes con una reunión en el Paraninfo de la ULL con, entre otros, el tercer sector y profesores universitarios. A su vez, anunció que ya han sacado los estudios y consultas sobre cuanto costará esa renta, recordando que la estrategia previa carecía precisamente de ficha financiera.

Martínez anunció también que apuestan por una ley de economía social y colaborativa. Ante las críticas del PP, negó que su área sea conformista, remarcó la necesidad de crear empleo de calidad como mejor antídoto contra la pobreza y cree que se necesitan sectores productivos mucho más innovadores. Aseguró que aún se emplean herramientas "obsoletas" en lo informático y hasta papel y remarcó que se añaden 2 millones más para que los consistorios puedan gastar la PCI.

Sobre la ley de Servicios Sociales, aseguró que sus plazos son poco realistas "porque no estamos preparados" al tratarse de nuevos derechos subjetivos. No obstante remarcó que trabajan en el catálogo y en el concierto social. Además, pidió que se cumpla el 2% de empleo público por parte de los contratos de servicios, como hacen Tazacorte y Los Llanos.

Valido le reprochó, sobre todo, que desprecien la estrategia anterior y considera que muchas veces conviene mucho más aprovechar lo realizado porque los consistorios piden lo mismo desde hace muchos años. Asimismo, censuró que no se incluya presupuesto para la ley de Servicios Sociales en 2020, mientras que Poli Suárez defendió precisament5e la calidad de la estrategia heredada y exigió que no se politice lo social.

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