El Gobierno de Canarias ejecutó entre el 1 de enero y el 30 de septiembre un 18,7% de la inversión prevista para este año. Es decir, que cuando solo falta un trimestre por contabilizar, el Ejecutivo ha invertido menos de 19 de cada cien euros presupuestados para carreteras, inmuebles o infraestructuras hidráulicas, por ejemplo. Una cantidad que incluye tanto las inversiones reales, que son las que las consejerías ejecutan directamente, como las transferencias de capital, que son los dineros que el Gobierno transfiere a las cuentas de los cabildos y ayuntamientos para que estos lleven a cabo una obra determinada.

Aunque la ejecución de la inversión pública suele ser menor que la de otro tipo de gasto (los proyectos de obras pueden demorarse y a veces incluso hay que modificarlos con los trabajos ya en marcha porque surgen dificultades), es igualmente cierto que en 2019 está siendo especialmente pequeña. Ese 18,7% es uno de los porcentajes de ejecución más bajos de la historia a estas alturas de año. A 30 de septiembre de 2018 ya era pequeño (34%) pero aun así casi duplicaba al actual. Y ¿cuál es la causa de este frenazo de la inversión pública regional? Para el actual Gobierno, la falta de proyectos de obras con que se encontraron al llegar; mientras que para el anterior Ejecutivo, la razón es la "pésima" gestión de sus sucesores.

En cualquier caso, los números publicados por la Intervención General de la Comunidad Autónoma son reveladores. El presupuesto definitivo para inversión pública asciende a unos 1.171,4 millones de euros. Ese es el gasto en que la Consejería de Hacienda, que es el departamento que se encarga de la política presupuestaria, calcula el montante de las inversiones a lo largo de este año. En definitiva, la previsión de lo que costarán la construcción y mejora de las carreteras, la instalación de desalinizadoras, los trabajos de remodelación de este o aquel paseo o avenida, las obras de la plaza en este o aquel pueblo, etcétera, etcétera. Pues bien, de esos 1.171,4 millones, la Administración autonómica solo había invertido a fecha del pasado 30 de septiembre 218,9 millones de euros. O lo que es lo mismo: al Ejecutivo solo le queda un trimestre para sacar adelante una serie de proyectos por importe de 952,5 millones. En la práctica, casi un imposible por falta de tiempo.

Con todo, es la comparación con lo ocurrido en anteriores ejercicios la que da la verdadera dimensión del parón de la inversión pública regional.

Al cierre del tercer trimestre de 2018, el Gobierno de Canarias había invertido 341,7 millones de euros de los poco más de 1.004 millones presupuestados para el ejercicio. Así pues, ya había gastado efectivamente 34 de cada cien euros, frente a los 18 de cada cien de este año. Es más, se habían invertido casi 123 millones de euros más a pesar de que se contaba con un presupuesto inferior al de 2019 en prácticamente 167 millones. Y la diferencia es aún mayor en relación con las cifras de 2017. El Ejecutivo autonómico, entonces gobernado por Coalición Canaria, había ejecutado a 30 de septiembre de ese año cerca de un 40% de la inversión prevista para el ejercicio.

Desde el Ejecutivo regional, que ahora lidera el PSOE, explicaron que el principal obstáculo para la inversión pública ha sido la carencia de proyectos, especialmente en el caso de la Consejería de Obras Públicas, que antes dirigía el nacionalista Pablo Rodríguez y ahora, el socialista Sebastián Franquis. Según ahondaron desde el Gobierno, los nuevos consejeros se toparon a su llegada con muchos proyectos que estaban en pañales, lo que ha ralentizado la ejecución de las inversiones por más que en los distintos departamentos estén esforzándose para acelerar los trámites. En última instancia, por lo tanto, las elecciones y el consecuente cambio de color político en el Ejecutivo regional no precisamente han ayudado a la inversión pública, que, no obstante, mejorará sensiblemente en el último trimestre, según prevé el Gobierno.

Desde el anterior Gabinete niegan, en cambio, que hubiera proyectos sin hacer o a medio hacer. Rosa Dávila, consejera de Hacienda en la anterior legislatura, asevera que el Ejecutivo de CC dejó sobre la mesa de las distintas consejerías, incluida la de Obras Públicas, los proyectos debidamente elaborados e incluso "firmados". Es, a juicio de Dávila, un problema de "incapacidad". "El problema es que tenemos un Gobierno absolutamente paralizado e incapaz de gestionar, y son ellos los que no han firmado nada: nada en aguas, nada en costas...", agregó la inmediata antecesora de Román Rodríguez al frente de la Hacienda de la Comunidad Autónoma.