El Estado financiará el despliegue de la Policía Canaria a partir del año 2022, una vez que el cuerpo alcance los 300 efectivos. Al menos esa es la previsión del Gobierno regional, que ha pisado el acelerador para convocar las plazas necesarias en los dos próximos años con el fin de alcanzar el objetivo de duplicar la plantilla policial y así lograr que el Ejecutivo central asuma el coste de los nuevos policías hasta llegar a los 1.700 efectivos.

A principios de 2020 entrarán en la academia 57 nuevos agentes procedentes de la última oferta de empleo público convocada en 2018 y se prevé que se incorporen a la plantilla en mayo. Pero 2020 y 2021 serán decisivos porque se convocarán al menos dos ofertas de 70 y 60 plazas, respectivamente. Además del concurso oposición para los nuevos agentes policiales, también habrá un amplio concurso de traslado para captar inspectores, subinspectores y oficiales de otros cuerpos de seguridad para que se incorporen a la Policía Canaria.

El director general de Seguridad y Emergencias, Gustavo Armas, recuerda que el Estado sufraga el coste de personal de los dos principales cuerpos autonómicos -Ertzaintza en el País Vasco y Mossos d'Esquadra de Cataluña-, mientras que en las Islas los primeros 300 los debe pagar la Comunidad Autónoma y es a partir del agente 301 cuando el Estado se ha comprometido a financiar el resto del despliegue. Armas quiere imprimir celeridad al proceso en los dos próximos años para que, a lo sumo en 2022, la Comunidad Autónoma esté en disposición de negociar con el Ministerio del Interior la ampliación del cuerpo con la meta de alcanzar los 1.700 efectivos, tal y como ya se preveía cuando se inició la actividad del Cuerpo General de la Policía Canaria en 2010.

El cuerpo autonómico lleva con alrededor de un centenar de agentes desde hace nueve años, con etapas en las que apenas han habido 70 por las sucesivas crisis y conflictos internos que ha vivido. El primer despliegue se produjo en plena recesión económica y eso impidió cumplir con las expectativas, lo que ha convertido la Policía Canaria en un cuerpo infrautilizado, sin apenas relevancia en el marco de la seguridad de las Islas.

Sin embargo, la reciente reforma del Estatuto de Autonomía dota a Canarias de amplias competencias y muchas de ellas requieren de la intervención de la policía autonómica como la vigilancia marítima, seguridad privada, sistema penitenciario, dominio público hidráulico, medio ambiente, ordenación y gestión del litoral, transportes, etcétera. A estas funciones hay que añadir las dispuestas como propias en la ley que regula el cuerpo de 2008. Ni con 300 efectivos se podrá hacer frente a este nuevo escenario ya que no sólo se trata de asumir las competencias, sino de estar presentes con efectivos en todas las islas, algo que nunca se ha podido realizar hasta ahora. Uno de los objetivos del Ejecutivo es que en esta primera ampliación puedan destinarse agentes de forma más regular a islas no capitalinas como Fuerteventura.

Gustavo Armas admite que el cuerpo ha pasado por momentos "verdaderamente difíciles" pero que ahora la situación está más tranquila. El director general asegura que con la llegada del equipo que dirige el consejero Julio Pérez se ha entrado en una nueva etapa en la que se quiere sacar el máximo provecho al cuerpo, sobre todo tras los incendios forestales ocurridos en Gran Canaria en agosto, que supusieron "un antes y un después" para la policía autonómica ya que fue la encargada de coordinar a las fuerzas de seguridad y emergencias durante la crisis que vivió.